La Dra. Alejandra Sosa es médica oncóloga, especialista en cuidados paliativos. En entrevista para La Mañana, analizó los alcances y las implicancias de la despenalización de la eutanasia en Uruguay, una propuesta que será tratada nuevamente con el cambio de legislatura.
El Frente Amplio ya propuso tratar nuevamente la despenalización de la eutanasia para este período. ¿Cree que conseguirán las mayorías necesarias esta vez?
La propuesta de ley de despenalización de la eutanasia surgió en 2020 a través del diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado, y contó con el apoyo del Frente Amplio y algunos integrantes del Partido Nacional. El único partido que se opuso fue Cabildo Abierto. Actualmente, la ley tiene amplias expectativas de salir favorable en el próximo gobierno, ya que es parte de su agenda política. Pasquet presentó un proyecto de mínimos, pero el FA redactó uno más amplio, al que el Partido Colorado dio su apoyo. Ya existe un proyecto unificado de eutanasia, pero al no poder presentarse el mismo proyecto en otro período de gobierno, podría haber variantes. Algunos políticos que apoyan la ley quieren ampliarla a personas que no estaban contempladas en el proyecto inicial.
De prosperar este proyecto, ¿qué impacto puede tener en el sistema de salud de nuestro país en lo inmediato y en el largo plazo?
Sería catastrófico como sociedad darle al Estado, y específicamente a los médicos, el poder de quitarles la vida a otros seres humanos. La eutanasia consiste en que una persona lúcida, cumpliendo ciertos requisitos, solicite que se le quite la vida. Aunque sea por voluntad del paciente, no se trata de ayudar, sino de matar. Desde el punto de vista de nuestra civilización, esto deja mucho que desear. Desde lo sanitario también. Los médicos y el equipo de salud en general trabajamos para ofrecer a la población la mejor calidad de vida, curar cuando es posible, acompañar en enfermedades crónicas o incurables, brindar apoyo en el final de la vida, resignificarla y asegurar calidad también en la muerte, algo que se logra a través de los cuidados paliativos. No hemos estudiado ni dedicado nuestras vidas a quitarle la vida a otro ser humano, incluso si este lo solicita.
¿Qué implica para el sistema de salud? ¿Cómo será el proceso para el paciente y cómo tendrán que actuar los médicos ante esta ley?
En la ley de eutanasia propuesta en esta legislatura, al igual que en la mayoría de las que existen a nivel mundial, se establece un proceso regulado. Cuando una persona solicita la eutanasia, debe transcurrir un tiempo determinado, dependiendo de la normativa, en el cual se realiza una evaluación por parte de profesionales de la salud para verificar si cumple con los requisitos establecidos. Posteriormente, se otorga al paciente un período de reflexión, que varía según las leyes, desde tres semanas hasta tres meses, durante el cual se realizan nuevas evaluaciones para confirmar si mantiene su decisión o ha cambiado de opinión. Esto significa que no es un procedimiento inmediato, hay un proceso estructurado tanto en el proyecto de ley presentado en nuestro país como en las normativas vigentes de otros países. Además, se contempla la objeción de conciencia para los médicos, al igual que en la ley de aborto, permitiendo que aquellos profesionales que no estén de acuerdo por razones éticas, morales o científicas puedan negarse a practicar estos procedimientos.
¿Considera posible que, con el tiempo, esta ley incluya a personas con problemas mentales, enfermedades crónicas, niños o adultos mayores con múltiples padecimientos, como ha ocurrido en Bélgica y Canadá?
Lamentablemente, lo que han mostrado países como Canadá y los Países Bajos, donde la ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido está vigente desde hace años, es que esto conduce a lo que se llama una pendiente resbaladiza. Inicialmente, se plantea para un núcleo limitado de casos, pero con el tiempo se amplía. Incluso antes de asumir el nuevo gobierno, ya se mencionó como un objetivo primordial ampliar la ley para incluir a más personas. Por ejemplo, se ha discutido la posibilidad de reducir la edad mínima, como ocurre en otros países donde adolescentes pueden solicitar la eutanasia.
En el proyecto inicial, se establecía que el paciente debía estar lúcido, ya que una enfermedad mental como la depresión crónica no habilitaría esta solicitud debido a que la persona no sería considerada dueña de sus actos. Sin embargo, ahora se habla de permitir que personas compensadas temporalmente, pero con un historial de descompensación severa, puedan tomar esta decisión para evitar futuros episodios. También se contempla la ampliación hacia personas con trastornos mentales, como ha sucedido en otros países, donde incluso el “cansancio de vivir” es una causa válida para la eutanasia. Esto resulta impactante, especialmente en un mundo donde la soledad se reconoce como una enfermedad contemporánea. En una era en la que muchas personas enfrentan problemas sociales, económicos, emocionales y espirituales, negar la existencia de la pendiente resbaladiza es ignorar la realidad. La evidencia internacional confirma su existencia, lo que resulta preocupante.
¿Piensa que en Uruguay es probable que muchas personas la pidan?
No creo que aprobada la ley aparezcan de inmediato cien personas pidiendo ser sometidas a eutanasia. Sin embargo, se abre la puerta para que muchos lo soliciten, como se ha demostrado a nivel mundial que sucede. En Canadá, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública publica informes que destacan el ahorro económico generado por estas prácticas, alcanzando cifras millonarias en dólares canadienses. Un sistema de salud que invierte en atender enfermedades crónicas, físicas y mentales, así como a personas mayores, jóvenes con adicciones o trastornos mentales, requiere un gran esfuerzo financiero. Si se reduce esa cobertura, no por decisión del país sino por demanda de la población, el ahorro es inevitable, tal como lo reflejan año tras año los informes públicos de Canadá, donde la eutanasia y el suicidio médicamente asistido son factores destacados en ese ahorro.
¿Es esta una razón de peso a la hora de aprobar también la ley en Uruguay?
Espero que no se confunda el valor de la vida con el costo que el sistema de salud debe asumir para la ciudadanía, y no creo que sea la intención de ningún legislador. Ellos defienden conceptos como libertad, autonomía y autodeterminación, y estoy convencida de que en su interior realmente creen estar protegiendo esos principios. Sin embargo, pienso que la autonomía y la autodeterminación de un paciente con una enfermedad crónica o incurable no pueden ser plenas si no tiene acceso a cuidados paliativos, los cuales no están garantizados para el 100% de la población en nuestro país, y menos aún con estándares de calidad. Si no se asegura esa atención y acompañamiento hasta el final de la vida, inevitablemente la alternativa más rápida, sencilla y económica para el sistema de salud se presenta como la única salida.
En cuanto a los cuidados paliativos, ¿por qué razón no están dadas las condiciones para que todos los uruguayos tengan acceso?
En agosto de 2023 se aprobó en nuestro país la ley de cuidados paliativos para garantizar su accesibilidad a la población uruguaya. Sin embargo, catorce meses después, esta ley aún no está reglamentada, lo que impide su implementación. Para que entre en vigor, es necesario dotarla de los recursos económicos requeridos y formar los equipos correspondientes. Aunque Uruguay cuenta con esta normativa, los cuidados paliativos llegan a menos del 50% de la población, con mayor cobertura en Montevideo, mientras que el interior del país enfrenta una grave carencia. En el caso de los cuidados paliativos pediátricos, la situación es aún más crítica, ya que solo tres o cuatro departamentos ofrecen estos servicios, dejando desatendidos a niños con enfermedades crónicas e incurables que también necesitan apoyo. Regularizar esta ley es urgente, pero su implementación efectiva llevará tiempo, ya que será necesario capacitar personal y asignar recursos para alcanzar una cobertura adecuada y de calidad.
¿Considera que la población en general entiende la diferencia entre cuidados paliativos y los otros enfoques de manejo de fin de vida?
Durante toda esta legislatura, tanto de manera personal como con profesionales de diversos ámbitos y partidos, hemos intentado diferenciar claramente los cuidados paliativos de la ley de eutanasia. Los cuidados paliativos son una atención integral, que abarca lo físico, social, psicológico, emocional y espiritual de una persona con una enfermedad crónica e incurable. Además, se brinda acompañamiento a su familia o cuidador, enfocándose en el binomio paciente-cuidador o paciente-familia, en los casos en que el paciente no tiene un familiar que lo acompañe, y se lo asiste a lo largo de su enfermedad y en el final de su vida. La eutanasia no es un acto médico, aunque sea aprobada por ley, su objetivo es suministrar una dosis letal de sustancias para causar la muerte del paciente.
¿Cree que la aprobación de esta ley podría reducir la inversión en cuidados paliativos y afectar la implementación efectiva de la ley recientemente aprobada?
Creo que, obviamente, va a disminuir y es probable que a algunos médicos se les pague por aplicar la eutanasia. Sí, considero que esto será en detrimento de los cuidados paliativos.
¿Qué experiencia o razón personal la impulsa a defender esta postura?
Estoy comprometida, no solo como médico, sino también como ser humano, con el rechazo hacia la eutanasia y la posibilidad de que el Estado habilite a una persona a quitarle la vida a otra. Creo que debemos fomentar una cultura del cuidado, especialmente para los mayores y las personas enfermas, en un país con una población envejecida como el nuestro. Personalmente, considero injustificable esta ley. Estoy en contra de la pena de muerte, de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Como médico, dediqué ocho años para formarme, cuatro más para especializarme en oncología, y me formé como paliativista en Argentina y España, con una maestría internacional en cuidados paliativos. Creo firmemente que el sistema de salud debe ofrecer un cuidado integral, biológico, físico, psicológico, espiritual, social y emocional, especialmente a los más vulnerables. Matar a otro ser humano, aunque este lo solicite, me parece inadmisible. Además, he visto casos en los que personas que inicialmente pidieron la eutanasia cambiaron de opinión tras recibir cuidados paliativos.
Esto no tiene que ver con lo religioso ni con lo político, pero cuando los partidos presentan leyes que sabemos que perjudicarán a la población, considero que es un imperativo ético que los ciudadanos, en un país democrático, expresemos nuestra opinión. Lamentablemente, hay desinformación tanto en los equipos de salud como en la población general, lo que genera confusión sobre los términos. Se habla de la eutanasia como un acto de amor, generosidad y reconocimiento de la libertad del individuo, pero no se clarifica que estamos quitándole la vida a una persona. Respeto la posición de quienes defienden la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, he participado en debates con médicos, políticos y con otros profesionales que apoyan esta causa, pero no comparto su visión. El mayor acto de civilización de una sociedad es cómo nos cuidamos unos a otros. Si a partir de ahora la civilización se medirá por matar a quien lo solicite por sufrir, creo que nuestra civilización deja mucho que desear.
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