El avance de la forestación en el territorio nacional comienza a mostrar sus efectos en el suelo y en los recursos hídricos. Además, el choque de intereses entre esta actividad y otros rubos agropecuarios se incrementa en algunas zonas del país.
Los efectos de la sequía que aún sigue en curso, han tenido un impacto demoledor sobre nuestros recursos naturales. Tan es así que cañadas y pozos que hace más de 50 años no se secaban, esperan por lluvias para volver a la normalidad.
Sin embargo, en un paraje de Tacuarembó conocida como Cuchilla de los Once Cerros, una zona rodeada por montes de eucaliptus destinados a la producción de pasta de celulosa en la planta de UPM 2, a pesar de las lluvias que han caído últimamente, el déficit hídrico se mantiene.
Los defensores de este modelo de monocultivo de eucaliptus sostienen que esta práctica afecta solamente al 20% del caudal hídrico entorno a la cuenca forestada, pero una reciente investigación académica desarrollada por Graciela Piñeiro de la Facultad de Ciencias UDELAR titulada “Observando a UPM2”, señala que esta reducción alcanza al 50%.
Según este estudio lo que se está viendo en la cuenca del Río Negro, donde se evidencia más intensivamente la forestación, es que, a pesar de las oscilaciones de las lluvias, el caudal del río tiene problemas para recuperarse.
La Mañana entrevistó al Dr. Pablo Díaz del Observatorio de Políticas de Tierra de la Udelar quien sostuvo que la falta de humedad, la baja recuperación del campo natural en disputa con la forestación y del cauce del río, también ha sido denunciada por los productores rurales de esas zonas. Una de las hipótesis que se está estudiando es que se empieza a ver una comunicación intermitente entre el Río Negro y el acuífero Guaraní. El profesional defendió la rigurosidad con la cual se maneja esta información porque “hay una defensa propagandística del monocultivo forestal señalando que no afecta al acuífero Guaraní”. Agregó que se trata de dar una imagen donde las raíces de los eucaliptus extraen agua de una bolsa que no se comunica con el acuífero pero basta ver en plena sequía como quedó de seco el campo natural y los árboles.
Los impactos sociales de UPM 2
Díaz sostiene que existe descoordinación entre UTE que gestiona los embalses hasta que UPM 2 comience a funcionar y se haga cargo de la represa Rincón del Bonete y la Dirección de Recursos Acuáticos. Tiene sus dudas con respecto a que sucederá con las medidas para proteger la vida del río cuando se agregue una tercera actividad como el arrastre de efluentes de la fábrica aguas abajo del Rincón del Bonete.
La instalación de UPM 2 en el centro del país también generó un impacto social en la ciudad de Paso de los Toros con la creación de barrios enteros en la denominada cota 60. Se trata de la faja costera que fue expropiada luego de la inundación de 1959 para evitar que la población esté expuesta a eventuales nuevas crecientes. Mientras en 2003 habían sido ocupadas 27 hectáreas enmarcadas en la cota 60 en Paso de los Toros, con la construcción de fábrica, la llegada de obreros y población extranjera que calentó el mercado inmobiliario en 2021 ya habían alcanzado 53 hectáreas. En ese mismo año el Ministerio de Vivienda y UPM firmaron un convenio por el cual los contenedores que utilizan los trabajadores queden disponibles para la relocalización de la población en los barrios La Correntada, La Cachimba, El Náutico, Navegación, Los Arenales y la zona del vertedero de la ciudad que abarca a unas 1.500 personas. Díaz dijo que se trata de “impactos sociales que no han tomado estado público”.
La disputa territorial que afecta a pequeños productores
La forestación compite directamente con los pequeños productores ganaderos sin tierra que tienen aún en el Instituto Nacional de Colonización una posibilidad de desarrollo. A esto se refirió Díaz cuando sostuvo que UPM 2 implica un ahorro económico para la empresa pero costos económicos para el país. En ese radio de doscientos kilómetros que rodea la fábrica existen unas trescientas solicitudes de tierra al INC. Existe una disputa territorial por ver quien arrienda y a qué precios entre los pequeños ganaderos que desarrollan la actividad como una forma de vida y empresarios que ven en los buenos precios del ganado una oportunidad. Ya no es solamente una disputa ganadero forestal sino que se amplió intra rubro.
Con este contexto difícilmente se encuentren campos para arrendar, lo que es un indicador “que para el ganadero no hay oportunidades” y esto hay que relacionarlo “con la falta de políticas de tierra del Instituto Nacional de Colonización” que ha dejado de comprar campos generando menos oportunidades para que la ganadería familiar pueda tener una válvula de escape. En el país existen 6.600 demandantes de tierra. No solo “sin acceso a la tierra la ganadería familiar tiene un margen muy pequeño de participación” sino que cumplen una función indispensable en la radicación de familias en la campaña, envían sus hijos a las escuelas rurales y producen alimentos en las cadenas cortas. “Se supone que el país debe valorar ese papel incluso hasta de monitor ambiental en el territorio” sostuvo el entrevistado.
Una inversión con muchos ahorros
La instalación de la planta de UPM en el centro del país goza de varios beneficios. En primer lugar existe un macizo forestal a menos de 200 kilómetros a la redonda que está centrado en el eje del ferrocarril central. Para ello hubo un financiamiento de toda la sociedad uruguaya y un ahorro para la multinacional de US$ 4 mil millones. A este ahorro económico hay que agregarle el político por tratarse de una planta en el centro del país, lejos de los conflictos fronterizos de otros tiempos. Díaz mencionó también un ahorro ambiental si se tiene en cuenta que esta producción está ubicada en tierras con excelentes condiciones agropecuarias (Tacuarembó, parte de Cerro Largo, Durazno y Florida), donde se mejora la productividad del sector.
Aunque no hay una respuesta afirmativa hasta el momento, productores de Tacuarembó y Cerro Largo manejan la posibilidad de ampararse al artículo 36 de la ley 11.029 donde se permite al Instituto Nacional de Colonización arrendar estancias que luego son entregadas en predio a varios productores. El Dr. Díaz indicó que se trata de una propuesta concreta y viable en el corto plazo. “Sería un alivio para muchos productores que están malvendiendo los terneros o la reposición” por no tener tierra para llevar adelante la producción. Además se trataría de una posibilidad para generar experiencia asociativa porque uno de los problemas de Colonización es que fracasan porque muchos grupos se generan en la portera del campo.
TE PUEDE INTERESAR
