Nuevas pruebas entregadas a Fiscalía indican que el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción no se limitó a 2024, sino que habría comenzado en 2018, multiplicando el monto total de la estafa y ampliando el número de involucrados.
La investigación sobre el escándalo del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) continúa revelando dimensiones inesperadas. Las últimas pruebas entregadas por la auditoría interna a la Fiscalía de Delitos Económicos apuntan a que las maniobras de desvío de fondos que en 2024 permitieron el retiro ilegal de más de un millón de dólares podrían haberse iniciado en 2018, extendiendo así el período de la estafa y multiplicando potencialmente el monto total de lo sustraído.
El Fosvoc fue creado para asistir a trabajadores de la construcción en la adquisición o refacción de viviendas, financiado con aportes de empleados y empresas del sector. Su misión incluía ayudas especiales ante emergencias, como incendios de viviendas. Sin embargo, según la auditoría, durante un período que comienza en 2018 se habrían aprobado ayudas especiales solicitadas mediante cartas firmadas por el diputado comunista Daniel Diverio, cuyos cheques eran cobrados por el dirigente sindical Bruno Bertolio, procesado en junio de este año junto a Santiago Bernaola y Víctor Rivero. Estos tres dirigentes fueron condenados en un juicio abreviado por apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado, con penas que superan los dos años de prisión, tras comprobarse que integraban una “cadena delictiva organizada” que retiró fondos mediante 193 transferencias ilícitas solo en 2024, además de comprar bienes inmuebles y vehículos a nombre de testaferros.
La Fiscalía, a cargo de Gilberto Rodríguez, investiga ahora si las ayudas solicitadas por Diverio y cobradas por Bertolio llegaron efectivamente a los trabajadores beneficiarios o si formaron parte de un esquema más amplio de apropiación indebida. Existen presunciones de que los fondos fueron desviados, replicando la mecánica de 2024, cuando se inventaban beneficiarios o se desviaba efectivo retirado de las cuentas para financiar otros fines.
El fiscal Rodríguez sostuvo que las pruebas reunidas muestran “de manera bastante sólida” que parte del dinero sustraído fue destinado a financiar actividades del Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos) y del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Sin embargo, dirigentes de ambas organizaciones han negado categóricamente las acusaciones. El senador Óscar Andrade calificó a los implicados como un “puñado de lúmpenes” y aseguró que no existe ninguna prueba que vincule al PCU con el caso. Diverio, por su parte, también ha rechazado las imputaciones.
Mientras tanto, la investigación sigue ampliándose. La Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos) realiza un análisis paralelo para determinar si el Sunca y el PCU incurrieron en infracciones a las normas de prevención de lavado de dinero, al existir sospechas de que recibieron fondos de origen ilícito. Ambas organizaciones fueron requeridas para entregar su documentación contable y verificar la trazabilidad de los dineros involucrados.
Otra figura clave en la trama es Stella Rey, jefa del Departamento de Pagos del Fosvoc, quien realizó las 193 transferencias fraudulentas detectadas en 2024. Se investiga si Rey ofreció devolver parte del dinero a cambio de una reducción de su pena, aunque aún no se confirmó si posee los fondos o si recibiría apoyo de allegados.
La auditoría detectó que las maniobras incluyeron compras de inmuebles y vehículos a nombre de testaferros, invención de beneficiarios inexistentes y desvíos de préstamos otorgados a trabajadores hacia otros actores, consolidando un esquema de corrupción estructural. En paralelo, el Sunca expulsó a diez trabajadores vinculados al caso, aplicando sanciones disciplinarias y marcando distancia institucional.
Para agosto se espera una nueva ronda de citaciones, que incluiría a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, señalada por varios imputados como pieza central de la logística financiera. Ya fue indagada y su situación jurídica se evaluará a la luz de los nuevos elementos.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, expresó cautela ante la teoría fiscal de financiamiento político, y pidió mayor prudencia en las afirmaciones públicas para evitar estigmatizaciones antes de que la investigación concluya.
El Caso Fosvoc se revela, así, como una de las estafas más graves en la historia reciente de los fondos sociales uruguayos, no solo por el monto involucrado, sino por la posible afectación directa a trabajadores que necesitaban esos recursos para superar situaciones de extrema vulnerabilidad. La Fiscalía continúa su labor, mientras el país observa expectante el desenlace de un caso que mezcla corrupción, política y el uso indebido de fondos de origen estrictamente solidario.
