La situación actual del sistema carcelario ha puesto al Gobierno Nacional ante la necesidad de construir nuevos centros de detención como forma de descomprimir la sobrepoblación existente en todos y cada uno de ellos dependientes del Instituto Nacional de Rehabilitación. En diciembre de 2021, el director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, anunció la construcción de dos nuevas cárceles en Tacuarembó y Artigas como parte del “Plan de Dignidad Carcelaria” para el período 2020-2025.
Las consecuencias por todos sabidas son, entre otras, el déficit de atención la persona privada de libertad (PPL), la falta de recursos humanos necesarios, ya sea a nivel policial o de los operadores penitenciarios, para un estricto control de situaciones que generan enfrentamientos entre internos con víctimas fatales, y hasta incidentes involucrando a los funcionarios responsables del control, quienes resultan agredidos y en muchas oportunidades tomados como rehenes.
Desde la puesta en marcha de la LUC, el número de personas formalizadas o condenadas aumentó considerablemente al punto que el número de personas privadas de libertad supera los 14.000, en tanto que un número aproximado cumple penas con arresto domiciliario o en régimen de “libertad a prueba”. En muchos casos el fallo judicial fue cuestionado debido a que personas formalizadas por delitos graves, como homicidio o tráfico de estupefacientes, no fueron enviados a prisión y terminaron fugándose tal como lo informó La Mañana.
Rivera: “Cerro Carancho”, entre el hacinamiento y la falta de recursos
El 5 de mayo del 2011 y con la presencia del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se inauguró la nueva cárcel departamental ubicada en la zona conocida como Cerro Carancho, con capacidad para 440 internos. La misma permitió que dejara de funcionar la cárcel ubicada en pleno centro de la capital departamental. El jerarca anunció en la ocasión que el centro se transformaría de cárcel departamental a regional. Con el paso de los años el Establecimiento de Detención No.12 pasó a ser de carácter nacional, recibiendo en una oportunidad 192 reclusos procedentes de cárceles ubicadas al sur del país. Se anunció una selección de reclusos apostando a aquellos con penas leves y que su liberación posterior no generaría inconvenientes para la población riverense, lo que no se cumplió.
Los operadores penitenciarios reclaman
En comunicación con La Mañana un grupo de operadores penitenciarios, que pidieron mantener su nombre en reserva, señalaron: “Estamos viviendo en una absoluta falta de seguridad. Estamos a cargo de dos sectores a la vez y con una gran demanda laboral. Ya vivimos tres casos de toma de rehenes y en una de ellas nuestro compañero logró escapar. El efectivo policial más cercano es una guardia interna que está a unos 100 metros de nosotros. La cárcel está superpoblada, hay sectores con 120 reclusos y por ejemplo en celdas aptas para 5 personas hay 17″.
Los operadores han presentado a través de su representante legal, el Dr. Rubén Velleda, una nota al Ministerio del Interior y están a la espera de respuesta. El profesional declaró a La Mañana que están “esperando señales positivas para resolver este tema. La cárcel construida para alojar a 440 reclusos hoy tiene 912″ con las respectivas carencias, algunas ya señaladas.
Familiares de reclusos piden ser escuchados.
La situación de algunos de los internos de la cárcel departamental puede considerarse como grave, al punto que hay casos en que se presentaron denuncias ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso al que La Mañana tuvo acceso es el referido al interno Marcio Machado, que cumple dos años de condena por un “delito de tenencia de estupefacientes” y “receptación”. El recluso debe recibir tratamiento médico permanente por una dolencia que lo obliga a usar un drenaje de forma permanente y que, de acuerdo a lo manifestado por su hermana Fernanda, “no tienen como atenderlo porque falta personal y hasta medicamentos que yo personalmente he tenido que llevar”.El representante legal de Machado, Diego Ospitaleche, presentó un escrito al que La Mañana tuvo acceso, donde se pide que de forma urgente se le otorgue al interno la prisión domiciliaria hasta la finalización de la pena o en su defecto al finalizar el tratamiento correspondiente.
Rivera cuenta también con la llamada “Cárcel Granja”,ubicada en el km 35 de la ruta 27, donde se envían a los reclusos que se entiende están en condiciones de ser reinsertados.
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