El grave atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero ha conmocionado a la sociedad y reactivado una alarma sobre la seguridad de las instituciones. Este hecho, de una audacia y violencia inusuales, encuentra un preocupante antecedente histórico en el secuestro del entonces fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Dr. Guido Berro Oribe, el 10 de marzo de 1971.
El análisis de ambos episodios, separados por más de cinco décadas, revela un patrón común: tener como “objetivo” a la máxima representación del Ministerio Público. En 1971, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros secuestró al Dr. Berro Oribe para someterlo a un interrogatorio sobre el funcionamiento del Poder Judicial, acusándolo de ceder a presiones del gobierno de Jorge Pacheco Areco. Tras trece días de cautiverio y luego de brindar explicaciones que sus captores hicieron públicas, el fiscal fue liberado, solicitó licencia de su cargo y no se reintegró.
En la actualidad, el blanco ha vuelto a ser la fiscal de Corte. Si bien el contexto y los actores son diferentes –el crimen organizado transnacional versus una organización guerrillera de los 70–, el objetivo estratégico de intimidar al sistema judicial presenta similitudes. Ambos casos exponen la vulnerabilidad de las instituciones cuando son desafiadas por grupos que operan fuera de la ley.
La respuesta institucional en ambos momentos históricos es un elemento clave de análisis. El episodio de 1971 culminó con la salida de Berro Oribe de la Fiscalía, un hecho que marcó un precedente sobre el impacto de la violencia contra las autoridades, especialmente de la Justicia. Al tiempo que se generó el ambiente propicio para que las instituciones republicanas y democráticas se vieran sumamente debilitadas, dando lugar apenas dos años más tarde a la disolución de las cámaras. Hoy, el desafío es cómo responderá el sistema en su conjunto a este nuevo y grave ataque a los cimientos del Estado.
Expertos en seguridad y actores políticos han coincidido en que la situación actual exige una respuesta coordinada y firme. La fortaleza del Estado de Derecho se mide precisamente en su capacidad para proteger a sus instituciones y representantes frente a estas amenazas, asegurando que la administración de Justicia pueda ejercerse con independencia y sin temor.
El atentado contra Mónica Ferrero no es un hecho aislado, sino un mensaje dirigido al corazón del Estado. Su gravedad reside no solo en la violencia ejercida, sino en el eco histórico que produce. La sociedad observa cómo las instituciones enfrentan este reto, en un test crucial para la democracia y la convivencia pacífica. La lección del pasado indica que la consistencia institucional es la principal barrera contra quienes buscan quebrarla.
A continuación, reproduciremos algunos fragmentos de las noticias publicadas por La Mañana y El Diario en aquella época.
La Mañana, 11 de marzo de 1971
Un comando tupamaro secuestró ayer en la mañana al fiscal de Corte y procurador general de la Nación Dr. Guido Berro Oribe (58 años casado, 4 hijos) de su propio domicilio ubicado en Rivera 5099 en Malvín. Los autores del “operativo” –tres hombres y una mujer– prometieron a la esposa del magistrado dejarlo en libertad, sano y salvo, en las “próximas horas”. El octavo secuestro de la organización terrorista se produjo exactamente a las 8 y 10. Para llevar a cabo el nuevo golpe sedicioso los extremistas robaron tres vehículos manteniendo bajo secuestro a sus conductores. Se estima que otros seis integrantes del MLN ocuparon puestos claves en las inmediaciones de la residencia del fiscal, para apoyar la acción de sus cómplices.
El Diario, 10 de marzo de 1971
“Berro Oribe firmó ayer el expediente de Sendic”
Ejerciendo la encumbrada función de fiscal de Corte que desempeña desde 1963, después de tres décadas de actuación inmaculada en el Poder Judicial, Guido Berro Oribe ha sustentado con entusiasmo la tesis de que la Justicia Militar puede intervenir para juzgar a civiles, opinión notoriamente perjudicial para suerte de algunos cabecillas tupamaros. En la víspera ignorando que pocas horas después pasaría a ser otro rehén de los sediciosos, estampó su firma y despachó los expedientes sobre inconstitucionalidad del Código Penal, alegada por los defensores de Raúl Sendic, Larrosa Silveira y otros.
“D. Pereira Manelli, otro magistrado que fue secuestrado”
Según todos los indicios que se poseen hasta ahora, el secuestro del Dr. Guido Berro Oribe es muy similar al que tuvo como víctima el año pasado al Dr. Daniel Pereira Manelli. Este magistrado sacado por la fuerza de su casa el 28 de julio de 1970, fue sometido a interrogatorios relacionados con los procesos judiciales contra los tupamaros, lo que aparentemente es el objetivo del comando que actuó esta mañana.
Pereira Manelli, que se desempeñaba en ese entonces como juez de Instrucción del Primer Turno, fue secuestrado por un grupo de terroristas el 28 de julio pasado, tres días antes de desencadenarse el fatídico y gigantesco operativo que culminaría con la captura de Dan Mitrione y Aloysio Días Gomide, salvándose por circunstancias fortuitas dos funcionarios de la representación diplomática norteamericana.
El país había conocido este tipo de violencia nada más que en dos oportunidades. El 7 de agosto de 1968 cuando fue tomado como rehén el presidente de UTE Dr. Ulysses Pereira (liberado el día 11) y el 9 de setiembre de 1969 cuando cayó en poder de los conspiradores el Dr. Caetano Pellegrini Giampietro (director y gerente de Seusa), quien volvió a ver la luz recién el 21 de noviembre de ese mismo año.
Alrededor de las 9 de la mañana, Pereira Manelli mateaba en su domicilio en la calle Joaquín Requena el 28 de julio de 1970. Dos hombres y dos mujeres jóvenes penetraron en su domicilio tras engañar y reducir a la doméstica, instando a Pereira Manelli a que se vistiera rápidamente y no intentara nada extraño.
Cuando la desesperada esposa quiso saber qué harían con el juez, los tupamaros la tranquilizaron asegurándole que “solo lo queremos para conversar, enseguida lo dejaremos en libertad”.
Algo similar ocurrió esta mañana cuando los que se llevaron al Dr. Berro Oribe anunciaron que sería liberado en las últimas horas de esta tarde.
El Dr. Pereira Manelli apareció en la esquina de Francisco Soca y Feliciano Rodríguez, a las 21 horas del martes 4 de agosto. Habían transcurrido siete días.
El magistrado de Primer Turno había estado trabajando en los meses inmediatamente anteriores a su secuestro, tocándole procesar a casi un centenar de sediciosos, entre los cuales más de una veintena de cabecillas actualmente recluidos en Punta Carretas con más de 20 años.
