La nueva planta de producción de celulosa verterá 106.500 metros cúbicos (m3) de efluentes por día en un río que ya presenta problemas de contaminación. La Mañana conversó con el ambientalista Raúl Viñas que advirtió que el emisor que volcará dichos efluentes “no cumple” con las condiciones establecidas.
Las imágenes tomadas hace dos semanas en el Lago de Baygorria muestran algo que parece una “sopa de espinaca”, según comentó preocupado el ambientalista integrante del Movimiento para un Uruguay Sustentable (MOVUS) y del grupo Uruguay 2035 País Renovable. A poca distancia de allí empezará a funcionar, sobre fines de este trimestre, una de las plantas de producción de celulosa más grandes del mundo. La segunda planta de UPM en Uruguay producirá el doble de la que funciona en Fray Bentos, pero en un río que “tiene prácticamente la décima parte del caudal –para poder diluir los productos químicos tratados– que la instalada sobre los márgenes del Río Uruguay”, señaló Viñas. El caudal del Río Negro “no es suficiente para una planta de ese tamaño”, insistió.
Construida río abajo de Paso de los Toros, cerca de Pueblo Centenario, UPM2 usufructuará el caudal hídrico que “viene de Brasil, llega al lago de Rincón del Bonete, pasa por la Represa Gabriel Terra, se forma el Lago de Baygorria (unos kilómetros antes de la represa de Baygorria)”, explicó Viñas sobre ese curso de agua. El ambientalista advirtió que el de Baygorria –que en su margen sur se instaló la nueva planta de UPM– “es un lago de paso y no tiene reservas” y recordó que es donde la fábrica verterá 106.500 m3 de efluentes por día que se diluirán “supuestamente en 7 millones de m3 de agua” diarios, que fue la cantidad estimada por la empresa que será necesaria para diluir sus efluentes industriales.
Entre las últimas modificaciones que tuvo el acuerdo “la empresa puso como condición, que Uruguay le debe garantizar un flujo mínimo, que ellos le llaman flujo ecológico”. Se trata de un caudal mínimo de agua, que en principio fue convenido en 65 m3 por segundo, pero cuando se realiza la ampliación del contrato en julio de 2019, se pactan 81 m3 por segundo; por lo cual, “sumado a los 7 m3 por segundo del flujo subterráneo, van a tener disponibles 88 m3 por segundo”, que multiplicándolos por las 24 horas del día, da los 7 millones calculados para poder diluir.
Viñas reconoce que los ríos tienen que correr, pero apuntó que esto “no tiene nada que ver con un flujo ecológico” como argumentaron los técnicos de la empresa, respecto de la importancia de este flujo de agua para poder sanear el río. “De qué sirve un flujo ecológico si toda el agua que pase por ahí solamente va a ser contaminada”, cuestionó.
En lo relativo a la descarga de 106.500 m3 por día de efluentes tratados, la empresa sostiene que “no se superarán las concentraciones máximas permitidas por la normativa uruguaya”. Además, asegura que la planta utilizará “las mejores técnicas disponibles” según los parámetros de la Unión Europea y realizó una valoración de los impactos ambientales de la nueva pastera estimando distintas afectaciones y clasificando estas en “significancia baja”, “significancia media” y “significancia alta”.
Según el Estudio de Impacto Ambiental, los impactos sobre la calidad del agua que podría generar la planta son “los más significativos de todos los identificados”, admite el estudio. “Esto no implica que el impacto no sea admisible, sino que se trata del que presenta mayor relevancia para su estudio y evaluación”, dice el documento.
Entre los impactos con “significancia baja” se ubica la “afectación de los usos del Embalse Baygorria”, el “agotamiento de recursos naturales no renovables”, el incremento de la presión sobre los acuíferos y el deterioro de ecosistemas naturales”. Mientras que, entre los impactos con “significancia media”, se menciona el incremento la “disminución de la disponibilidad del recurso hídrico”, entre otras afectaciones.
En tanto, en los impactos de “significancia alta” se señala la afectación a los niveles de calidad del aire y la afectación a la salud de la población de localidades cercanas a la planta; la contaminación eutrófica en el embalse Baygorria; el aumento de riesgo de floraciones algales, la afectación a la salud por la presencia de cianotoxinas”.
Advierten que emisor instalado no cumple las condiciones establecidas
Viñas recordó que el Ministerio de Ambiente “fue autorizando la construcción de la planta por partes y nunca se cumplió con las condiciones del emisor de los efluentes”. El caño en cuestión –que sale de la planta de tratamiento de los compuestos usados por la fábrica de celulosa– tiene un metro de diámetro y se mete 10 metros por debajo de la superficie del río, extendiéndose por 140 metros; y al final cuenta con 16 toberas para dejar salir los efluentes, a fin de que estos se mezclen con el agua del río.
La estructura desarrollada “no cumple con lo que tenía que cumplir de acuerdo con la Resolución 649 del MVOTMA de mayo de 2019, que es la que estableció las condiciones que debe cumplir la planta para poder funcionar”, apuntó el ambientalista. Viñas recordó que las simulaciones realizadas para confirmar la ecuación prevista para la dilución “nunca dieron bien”. Muestran, por ejemplo, que los días con viento norte o noreste, “parte de los efluentes de la planta de UPM, con concentraciones superiores a las permitidas, van a terminar en una laguna que está al costado”, advirtió el activista.
Desde MOVUS señalaron en varias oportunidades que la subdivisión de las autorizaciones ambientales permitió que UPM tenga los permisos necesarios para iniciar la construcción de la planta, mientras, en paralelo se seguían haciendo los ensayos de las descargas de los efluentes que no resultaban satisfactorios y era necesario que se repitieran para que el sistema sea debidamente autorizado.
El movimiento ambientalista señaló con preocupación que la construcción de la planta se haya iniciado en octubre de 2019, y que recién el 1° febrero de 2021 el MA haya firmado la autorización de la planta de tratamiento de efluentes, a pesar de que los estudios realizados “seguían siendo insuficientes”, advirtieron desde MOVUS. Entienden que “si el río está cortado por dos represas y ambas están cerradas, esa sección del río se convierte en un lago sin corrientes interiores. Y si sobre ese lago se descargan en forma continua los efluentes contaminados de una planta, es evidente que la contaminación va a permanecer y aumentar porque no tiene por donde fluir”. Viñas explicó que el de Baygorria “es un lago que no tiene masa” y que, aun con el pasaje obligado de agua que se le da a UPM, va a aumentar la cantidad de problemas de contaminación que ya tiene el río, porque el diseño del emisor de efluentes de UPM, no cumple ni va a cumplir con lo que debería”, respecto a la distancia de 1.000 metros del lugar que verte el emisor, donde “no tendría que notarse concentraciones superiores en el agua a las que normalmente aparecen”, advirtió.
Entre algunas de las medidas de mitigación propuestas, la empresa remarcó el establecimiento de un límite más estricto para el fósforo total en la descarga de efluentes respecto a lo establecido en la normativa de aguas y el apoyo financiero de la empresa tanto a la investigación en el río Negro (en el marco del Proyecto Iniciativa para el Río Negro) como a la adecuación de los sistemas de saneamiento de Paso de los Toros, en Tacuarembó y Pueblo Centenario en Durazno. Además, la cartera de Ambiente instaló tres boyas en puntos específicos del río para hacer un seguimiento.
Viñas señaló que el Río Negro “desde el año 2009 viene siendo medido por una red que instaló la Dinama para medir la calidad del agua”; pero “siempre dieron mal”. “Algunas veces mal y otras veces peor, pero nunca dio bien. El río ya tiene problemas y nunca se tomó ninguna medida para evitar esos problemas”, cuestionó y sostuvo que “una de las razones por la que no se hace nada es porque se quiere que el río esté bien mal, para que después UPM, de alguna manera, aparezca como que lo ayuda”.
Viñas cree que se podrían haber hecho “un montón de cosas para aumentar o mejorar la calidad del agua del río, como se hizo en otros ríos como el Santa Lucía. Entiende que hubiese sido bueno regenerar el “monte ribereño” a las orillas del río, para filtrar.
Ambiente confirmó multa a UPM por contaminación en vivero de Guichón
El titular del Ministerio de Ambiente (MA), Adrián Peña, comunicó el viernes 13 pasado en conferencia de prensa que la cartera ratificó la multa al vivero Santa Ana (uno de los 25 establecimientos de este tipo que tiene la empresa UPM para reproducir eucaliptus) en 700 Unidades Reajustables (UR), –1.050.882 pesos–, luego de que se detectara que 17 de los 19 plaguicidas vertidos sobre las aguas del arroyo Santana, en la localidad de Guichón (Paysandú), no estaban debidamente autorizados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para dicha finalidad.
Según un informe del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de dicha cartera, fueron vertidas “concentraciones de plaguicidas sensiblemente superiores a las determinadas, cuyos principios activos son indicados internacionalmente como tóxicos o muy tóxicos para la vida acuática”.
Luego de varias denuncias de habitantes y organizaciones ambientales de la zona, los equipos técnicos del MA realizaron inspecciones y constataron la presencia de productos químicos no habilitados para uso en viveros e intimaron a la empresa, y, a pesar de los descargos realizados por el vivero, el ministerio ratificó la multa.
Horas antes, el MOVUS había emitido un comunicado que acreditaba que “en estos días los vecinos volvieron a constatar vertidos inadecuados por parte de UPM los que produjeron en primera instancia la coloración rojiza de la cañada cercana, afluente del Queguay, alrededor de la cual encontraron agonizantes varios ejemplares de mulita”. El texto daba cuenta de que los reclamos de los vecinos empezaron en 2013 y recién en 2021 actuó en consecuencia e inspeccionó y constató las irregularidades denunciadas.
En tanto, dos resoluciones del MGAP publicadas en octubre y noviembre de 2022 habilitaron a los viveros nucleados en la Sociedad de Productores Forestales a utilizar nueve de los productos químicos encontrados en el arroyo cercano al vivero Santa Ana, sustancias que ya estaban registradas y autorizadas para otros usos, explicaron jerarcas del MGAP. No obstante, el propio ministro Fernando Mattos aseguró que el 15 de noviembre pasado en la Comisión de Ganadería de Diputados, que también multaría al vivero en cuestión, por el “desvío del uso” de productos no habilitados para ese fin. La Mañana consultó al MGAP sobre el curso de la multa, pero aún no tuvo respuesta.
La empresa finlandesa acumula 16 sanciones por irregularidades administrativas o incumplimientos ambientales, 10 de las cuales corresponden al proceso de construcción de la segunda planta, que en pocas semanas se pondrá en marcha.
Entrevistado días atrás por este semanario, el diputado cabildante Rafael Menéndez expresó que el caso del vivero “lleva a que también debamos poner la lupa sobre lo que será UPM2”. “Si no se puede controlar un vivero, no sabemos lo que pasa con una planta que está utilizando millones de litros de agua”, advirtió el representante. Menéndez descree que “Uruguay esté preparado para controlar este tipo de empresas”.
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