Tres adolescentes, dos de ellos vinculados a un clan narco, se fugaron del centro ETTI aprovechando un desorden interno. El hecho reabre el debate sobre la incapacidad del sistema para conciliar la contención de infractores peligrosos con un proyecto genuino de reinserción, un desafío que ya cargaban administraciones anteriores.
La noche del sábado 24 de enero en el Centro de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI) del INISA, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré, no olía a encierro. Olía a caos. En medio de un desorden repentino, con funcionarios distraídos interviniendo en una agresión de alto riesgo, tres pares de manos trabajaron con urgencia contra el hierro de una reja. No eran las manos de adolescentes cualquiera: dos de 18 años y uno de 17, según la Policía, aprovecharon el minuto preciso de confusión para escapar hacia la oscuridad montevideana. Mientras la Fiscalía de Adolescentes libraba las requisitorias y revisaba cámaras de seguridad, una pregunta antigua y punzante volvía a resonar en las paredes del instituto: ¿cómo se desangra, una y otra vez, el sistema diseñado para contener y reformar?
Este incidente, sin embargo, es más que un hecho policial aislado. Es un síntoma agudo que golpea a una institución en transición y a un gobierno que apenas camina. Ocurre bajo la administración del presidente Yamandú Orsi, quien a ocho meses de su mandato mantiene una evaluación pública estable pero profundamente partidizada: un 40% aprueba su gestión, cifra idéntica a la que la desaprueba, en un clima donde los votantes del Frente Amplio lo apoyan y los de la oposición lo critican con creciente fuerza. Y sucede, específicamente, bajo el directorio de Jaime Saavedra al frente del INISA.
El Fantasma de las rejas abiertas: una historia que se repite
Al ser consultado sobre el estado de la institución, el presidente Saavedra había dibujado, apenas un día antes de la fuga, un panorama de relativo control. “Hasta no hace mucho tiempo, el tema de las fugas, la violencia, los motines, eran cosas cotidianas”, reconoció en una entrevista. Pero trazó una línea divisoria: “A partir de 2015, que fue el último episodio grande, prácticamente desapareció. El último motín data del año 2023 o 2022”.
Sus palabras, emitidas en tono de balance positivo, hoy resuenan con ironía trágica. La fuga del ETTI no es un “último episodio” de un pasado remoto. Es un regreso violento del fantasma que se creía exorcizado. Saavedra admitió que existe un núcleo duro, un 10% de los jóvenes recluidos, por los cuales “se puede hacer poca cosa” debido a patologías psiquiátricas graves o a una vinculación profunda con bandas criminales, “algunas internacionales”. La descripción coincide sospechosamente con el perfil de los fugados, dos de los cuales están vinculados al clan narco “Los Suárez” y son investigados por un homicidio particularmente brutal: el de un bebé de un año en octubre de 2024.
La narrativa de una institución pacificada se quiebra contra la realidad de las rejas dañadas. Y revela una tensión no resuelta: el INISA alberga, en un mismo espacio, a ese 90% que su director describe como “almas en pena, hijos de la injusticia social”, junto a un 10% de alta peligrosidad y conexión con el crimen organizado. El desorden del sábado en la noche fue el punto donde ambas realidades colisionaron, y el protocolo de seguridad cedió.
La carga de un legado y el peso de una herencia
El gobierno de Orsi heredó un INISA que, en palabras de su propio presidente, fue encontrado “muy bien”, en un “proceso de profesionalización y fortalecimiento muy interesante”. Pero esa herencia también incluía las sombras. Saavedra mencionó, casi de paso, una denuncia de la Institución Nacional de Derechos Humanos por un episodio ocurrido en el Centro Piedras durante la administración anterior, que resultó en la separación de dos subdirectoras por acusaciones de tortura. Es un recordatorio de que los problemas de fondo –violencia institucional, condiciones de encierro– son estructurales y trascienden los colores políticos.
Hoy, la gestión actual intenta imprimir su sello con un discurso de “cero violencia institucional” y una lluvia de convenios para la reinserción. Por ejemplo, el firmado con las Fuerzas Armadas, busca ofrecer capacitación en oficios a los jóvenes, aprovechando la logística y presencia territorial de la institución castrense.
Sin embargo, mientras se debate la filosofía de la reinserción, la seguridad básica muestra grietas. La fuga expone una vulnerabilidad operativa que ningún convenio puede tapar. Plantea una pregunta incómoda: ¿se está invirtiendo y pensando lo suficiente en el presente inmediato del encierro, en la contención física y emocional de cada día, o todos los esfuerzos están puestos en un “después” que, para algunos, nunca llega?
Las cifras del encierro y el muro de la reincidencia
Dentro de los centros del INISA conviven aproximadamente 300 adolescentes, distribuidos en tres establecimientos. De ellos, un 37% tiene entre 18 y 22 años, un dato que refleja otro problema: jóvenes que cometieron infracciones siendo menores pero que cumplen su medida privativa de libertad ya como adultos. Saavedra señala casos extremos, como el de un joven que, por una infracción grave cometida a los 17, podría permanecer en el sistema hasta los 27. Esta convivencia etaria compleja añade otra capa de dificultad al manejo cotidiano y a la dinámica de poder dentro de los centros.
El mayor muro, sin embargo, es educativo. Un dato estremecedor, proveniente de un censo de privados de libertad citado por Saavedra, indica que más del 80% de los adolescentes no han terminado el ciclo básico. Lo peor, advierte, es que “el mismo guarismo se registraba en 2018. Por lo tanto, no solo tenemos esa cifra escandalosa, sino que la tenemos congelada”. Es una estadística que grita: sin una educación mínima, las puertas que se abren al salir son muy pocas. Los convenios con UTU, ANEP, Inefop y ahora con las Fuerzas Armadas apuntan a “perforar” ese porcentaje. Pero el camino es lento, y la desesperación –o la atracción de las bandas– es rápida.
Una prueba de fuego para un Gobierno en ciernes
Para el presidente Orsi, este incidente llega en un momento políticamente delicado. Su imagen personal sigue siendo un activo, pero la aprobación de su gestión es menor y la polarización en su evaluación va en aumento. Los votantes de la oposición critican más que hace un mes, y entre los ciudadanos menos politizados la desaprobación también es alta. Una crisis en el INISA, con adolescentes peligrosos fugados y vinculados a crímenes horrendos, es precisamente el tipo de hecho que puede solidificar la narrativa opositora sobre la “inseguridad” y erosionar el apoyo en ese sector menos alineado.
TE PUEDE INTERESAR
