La proyectada represa de Casupá está generando protestas de algunos vecinos de esa localidad por las consecuencias que tendrá para ellos. El gobierno descartó la represa de Arazatí como un medio para reforzar a Paso Severino, única fuente de agua que tiene Montevideo.
La presa de Casupá se ubicará sobre el arroyo del mismo nombre. Ahí se embalsarán 118 millones de metros cúbicos de agua, el doble de la capacidad de la represa de Paso Severino, y está previsto que las obras comiencen en 2027 y se extiendan por unos tres años. La inversión en la presa está estimada en unos 130 millones de dólares.
La ubicación es a unos diez kilómetros del pueblo de Casupá, en el que viven 1589 personas, según el último censo. Casupá es una localidad del departamento de Florida, situada a unos 70 km de la capital departamental, Florida, y a 110 km de Montevideo.
El proyecto ya había sido iniciado en 2016 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, pero con la llegada del gobierno de Lacalle Pou quedó “congelado” y se optó por Arazatí. En medio de este proceso, una sequía dejó a la zona metropolitana sin agua potable a mediados de 2023.
Los antecedentes de esta presa se remontan a 2014, cuando OSE y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina suscribieron un convenio para construir la presa del arroyo Casupá, destinada a incrementar las reservas de agua que abastecen Montevideo y zonas aledañas, para cubrir así posibles vulnerabilidades del sistema. El por entonces presidente de OSE, Milton Machado, señalaba en ese momento que la empresa estatal estudiaba fuentes alternativas de agua para Montevideo desde 1970, “en particular el arroyo Casupá, por lo cual existen antecedentes técnicos que consolidan la decisión de ejecutar estas obras”. “Este es un gran proyecto para OSE, comprende cantidad y calidad, y permitirá disponer de esta fuente alternativa, ya que hoy solo se cuenta con el embalse de Paso Severino”, indicó Machado hace más de 10 años.
Ya en 1970, un estudio financiado por la OEA recomendaba la creación de la presa de Casupá “para entrar en servicio en 1978”. También un detallado estudio sobre alternativas de obras para garantizar el abastecimiento de agua potable de la capital planteaba “contar con una fuente de abastecimiento suplementaria para Montevideo, durante un lapso de cuatro meses como máximo”. Se proponía una toma ubicada entre las desembocaduras de los arroyos Cufré y Pavón, ya que “en esa ubicación, las aguas tienen un índice de cloruros suficientemente bajo”. Ninguna de estas obras se llevó a cabo.
Los detalles del presupuesto
Existe un estudio de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina sobre los costos de Casupá y detalles de los fondos necesarios. Este fue realizado entre 2017 y 2019 por la empresa Typsa-Engecorps. El estudio incluye desde materiales hasta lo referente a las expropiaciones que se deberán efectuar. La provisión de materiales representa aproximadamente un 20% del costo total de la obra, y en los ítems más relevantes se observa que el 75% de los costos de materiales se encuentran centralizados únicamente en cemento y hierro. En el caso del cemento, está previsto que llegue de Río Grande del Sur (Brasil), debido a que “existen dudas razonables sobre las posibilidades de disponer de cementos adecuados de origen local”. En el estudio se asume, por ejemplo, que las maquinarias podrían también ser traídas y devueltas a Brasil.
En resumen, el costo total de ejecución de las obras de ingeniería asciende a casi 85 millones de dólares. Los costos ambientales, las compensaciones sociales, junto con las actividades de supervisión, control e imprevistos, requieren aproximadamente 45 millones de dólares. El costo total de la obra se estima en 130 millones de dólares (más exactamente US$ 130.077.036). Los principales gastos son las obras civiles y el equipamiento (84,6 millones de dólares). En lo referido a las denominadas compensaciones sociales (expropiaciones, etc.), el monto estimado es de 22,2 millones de dólares. No obstante, el informe sobre cálculos de costos señala que “queda pendiente la revisión y precisión de los costos ambientales y las compensaciones sociales por parte de OSE”.
Existe también una tabla sobre los salarios a pagar. Hay dos áreas: administrativa e industrial, y la otra es supervisión. Los salarios son similares en ambas. Por ejemplo, el gerente general cobraría 11 mil dólares por mes ($ 792 mil), los subgerentes 9 mil dólares ($ 648 mil), un médico laboral 6 mil dólares ($ 432 mil), la secretaria 2500 dólares ($ 180 mil), un auxiliar administrativo 2500 dólares o un gerente de ingeniería 9 mil dólares ($ 648 mil). Hay 25 categorías en “áreas administrativa e industrial”, y el salario más bajo es el de sereno, con 1300 dólares ($ 54 mil).
Dentro de los cálculos de gastos también se incluye un paquete de internet y 100 líneas de telefonía móvil para el sector de áreas administrativa e industrial, por un valor de 53 mil dólares durante todo el período de la obra. El “costo indirecto de mantenimiento de áreas administrativa e industrial” para toda la obra (31 meses, incluidos salarios y equipamiento) es de 7,4 millones de dólares.
Consecuencias sociales
Las obras de Casupá tendrán un impacto tanto en la zona como en la vida de quienes habitan esa región. Se estima que serán inundadas unas 426 hectáreas de bosque nativo y 787 hectáreas de campo natural, afectando en principio a unas 80 personas. La zona está habitada por pequeños y medianos productores ganaderos (de carne y leche) y agricultores. También hay tres escuelas rurales. Un relevamiento de los propios vecinos estima que en la zona afectada hay alrededor de setenta explotaciones, y solo el 10% de ellas tiene más de 200 hectáreas. Se estima que la afectación será a 100 padrones rurales y 17 viviendas serán demolidas, algunas de las cuales están habitadas. La población está dividida: por un lado, aquellos que perderán sus casas y campos; y por otro, los que ven una importante fuente laboral que, por lo menos, se mantendrá durante tres años.
En una reciente visita a la Comisión Especial de Ambiente de Diputados, un vecino del lugar, Álvaro Rivadavia, dijo a los legisladores: “Estamos muy ansiosos y realmente frustrados porque sentimos que no nos están escuchando, que no nos están informando, que no están considerando lo que nosotros decimos y que, directamente, nos ignoran. Y, honestamente, creo que no lo merecemos”. Para los habitantes de la zona, una de las principales preocupaciones es la destrucción del monte nativo, un área catalogada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como de muy alta prioridad para su conservación. En ella viven 270 especies. “No se puede entrar al monte con banderitas a ahuyentar a la fauna, primero, porque la mayoría huiría y querría volver al lugar que conoce, que es el monte, el arroyo, por lo cual ya no estaría. La mayoría de las especies morirían en el camino porque, por lógicas razones, no pueden salir por sus propios medios y tampoco tendrían la velocidad para salir de esa embestida que propone el proyecto”, dijo Rivadavia.
El legislador Alejandro Zavala (Frente Amplio) dijo a los vecinos que “una decisión de esta naturaleza, que implicaría inundar un importante número de hectáreas, tendría una afectación –sobre todo, teniendo en cuenta el tamaño de los predios que allí están establecidos– no solo económica, social y personal para ustedes, sino también sobre la dinámica del funcionamiento de la zona”. Pero acotó: “Quiero decirles que no es algo agradable, por lo menos para nosotros, tener que aceptar que esto suceda”, y agregó que las alternativas que estaban planteadas “no convencieron al gobierno”. El legislador añadió “les quiero dar la tranquilidad de que los estudios se van a hacer”. “El país tiene recursos finitos. En consecuencia, dentro de las opciones que tenemos que tomar debemos considerar la económica; sería una irresponsabilidad que no lo hiciéramos”, señaló.
Ante esto, otra vecina de Casupá, Leticia Peralta, se dirigió al legislador: “¿Tú nos das la tranquilidad a mí, a mi familia y a las familias que nos quedamos sin nada, de que vamos a tener trabajo y un lugar para vivir? Algunos productores y arrendatarios tienen de dónde sacar para vivir, pero nosotros no tenemos nada. Es decir, que nos tenemos que ir de ahí sin nada”. Y continuó: “No hay nadie que esté hablando de esas pequeñas familias que habitamos el lugar –en nuestro caso desde hace nueve años–, que no tenemos a dónde ir ni trabajo y que nos quedaríamos sin nada. Tú planteaste un montón de cosas para que nos quedáramos tranquilos. Ahora yo te pregunto, ¿las familias que no tenemos a dónde ir podemos dormir tranquilas porque vamos a tener trabajo y casa para vivir?”.
