El gobierno de Yamandú Orsi impulsa un Diálogo Social para reformar la protección social y la seguridad social en Uruguay, convocando a sindicatos, empresarios y partidos políticos. Sin embargo, la oposición, con excepción de Cabildo Abierto, rechaza su formato por considerar marginal su participación, mientras crece la expectativa sobre la capacidad del nuevo gobierno para alcanzar consensos en un tema que marcará su futuro político.
A poco más de cuatro meses de asumir, el gobierno del presidente Yamandú Orsi ha puesto en marcha una de sus principales promesas de campaña: el Diálogo Social. La propuesta apunta a repensar la protección social uruguaya gracias a una convocatoria que integra actores del Estado, los partidos políticos y organizaciones sociales. El objetivo es alcanzar consensos profundos para una reforma de seguridad social que vaya más allá de aspectos jubilatorios y aborde la matriz de protección completa, desde la infancia hasta la muerte.
Uruguay vive un desafío demográfico: envejecimiento poblacional, presión presupuestal y brechas regionales en acceso a cuidados y pobreza infantil. Orsi, heredero de la tradición progresista del Frente Amplio, busca un nuevo contrapeso, en el que una reforma participativa abra la posibilidad de legitimar cambios como la revisión de AFAP, edad de retiro (60 años propuestos durante campaña), financiamiento del BPS y reorganización del sistema de cuidados.
En abril, el Pit‑Cnt, cámaras empresariales y autoridades de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) participaron por primera vez de un encuentro con el Ejecutivo que les presentó la “hoja de ruta” del Diálogo Social. Ingeniería metodológica y ejes temáticos fueron compartidos en el marco de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, creada mediante decreto en el primer Consejo de Ministros. Todos identifican en la protección a la infancia, los cuidados, la actividad profesional y el sistema jubilatorio, los grandes desafíos a debatir.
Con marcha prevista desde abril hasta noviembre de 2025, articulada en un Comité Ejecutivo de 18 miembros que se lanzará formalmente en julio, el Diálogo Social será transversal: el Estado, sindicatos, empleadores, jubilados, academia, partidos remitentes, buscan un acuerdo marco para presentar un proyecto legislativo hacia fines de 2025.
Una reforma imprescindible, según Orsi
Durante su campaña, Orsi enfatizó que la última reforma previsional no alcanzó a incluir aspectos esenciales de sostenibilidad. Tras su llegada al gobierno reiteró su voluntad de discutir reformas “sin dramatismos” y consolidar un acuerdo político de largo aliento que atienda el contexto de una sociedad envejecida con presión sobre pensiones y futuras cotizaciones. Orsi define, desde los actos iniciales de gobierno, que el Diálogo Social debe replantear “la matriz de protección social desde la concepción hasta la muerte”. Más que a las jubilaciones, el foco se extiende a cuidados, pobreza infantil, salud y trabajo.
Tras ser convocado por la OPP en junio, el Pit‑Cnt reforzó su reivindicación de incorporar ejes planteados en el plebiscito que quedaron fuera tras su derrota. En su reciente reunión, los sindicalistas confirmaron su intención de “incorporar los ejes del plebiscito” y exigen formatos amplios que respondan a la voz ciudadana. La central sindical también consiguió que su delegado en la última comisión de expertos asumiera un rol de coordinación dentro del diálogo, reforzando su presencia técnica. A su vez, Onajpu, la cámara de jubilados, ha manifestado su voluntad de participar activamente, mientras que cámaras empresariales ya fueron parte de la hoja de ruta.
La oposición deserta… excepto Cabildo Abierto
Los partidos tradicionales –Partido Colorado y Partido Nacional– eligieron no participar de la convocatoria, criticando la escasa representación partidaria: ocho lugares de 22 en total. Ambos exigen mayor peso en la discusión política: según Felipe Schipani (PC), los partidos quedarían “marginales”; Álvaro Delgado (PN) coincidió en que no legitiman un mecanismo insuficiente. El Partido Independiente también declinó, citando plazos excesivos.
En cambio, Cabildo Abierto aceptó participar. Su líder Guido Manini Ríos justificó que la presencia del partido político no garantiza apoyos futuros, pero sí legitimidad al proceso.
“Cabildo Abierto va a participar en el diálogo social convocado por el gobierno. Así lo comprometimos el 23 de mayo cuando fuimos invitados”, aseguró Manini Ríos en la red social X. Según Manini, esta instancia “es una oportunidad de plantear la visión de CA en algunos de los problemas que más afectan a la gente”.
Tensiones: técnicas vs. representatividad
La discusión revela el desafío central: balancear representatividad y eficiencia. El formato del Comité Ejecutivo –18 integrantes– pretende propiciar diálogo fluido, pero deja fuera a la mayoría partidaria. La presencia de actores técnicos y sociales es fuerte, pero se suma la interrogante de si puede reemplazar los roles políticos institucionales.
Desde el gobierno, pueden argüir agilidad y participación directa. Desde la oposición, que la representatividad es clave en una democracia deliberativa. Esta tensión será crítica para legitimar o cuestionar los resultados.
Por otro lado, se percibe que esta iniciativa tiene ciertos riesgos y beneficios. Entre los riesgos estaría el rechazo partidario que puede dotar de deslegitimación al eventual acuerdo, y si gobierno fracasa en alcanzar un consenso jurídico-político, podríamos ver un choque entre el parlamento y “la hoja de ruta”. Pero por el lado de los beneficios podemos pensar que si el gobierno logra integrar voluntades el Diálogo Social puede convertirse en un modelo participativo amplio que genere leyes sostenibles en el tiempo; marcaría un antes y después en las relaciones entre Estado y actores sociales y contribuiría a robustecer el sistema de protección que Uruguay ya reconocía como uno de los más comprehensivos de América Latina.
¿Un futuro con acuerdo o conflicto?
El plazo es ambicioso: acuerdos entre octubre de 2025 y abril de 2026. El riesgo es dividir a la opinión pública entre quienes apuestan al consenso y quienes lo rechazan por falta de estructura parlamentaria. A su vez, varios estudios comparativos resaltan que la sostenibilidad de reformas sociales profundas depende del respaldo político-legislativo.
El Diálogo Social de Orsi es una apuesta estratégica que trasciende la reforma previsional: busca redefinir el Estado de bienestar uruguayo con participación amplia. Si logra articular actores sociales, técnicos y políticos (incluidos los partidos), podría convertirse en un referente institucional. Si prevalece la desconfianza, otra será la historia.
Será la primera gran prueba de la capacidad de Orsi para construir consensos sociales de fondo. Más aún, de convertir la heterogeneidad política uruguaya en una fuerza constructiva.
