Los miembros de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Dr. Jorge Chediak, secretario nacional; Dr. Gustavo Misa, supervisor de Fiscalización; y Dra. Patricia Laburu, supervisora del Área Jurídica, brindaron una entrevista a La Mañana para conversar sobre la situación del lavado de activos en Uruguay. Los especialistas explicaron cuáles son las acciones que el país debe llevar adelante para mejorar en esta área y aseguraron que el gobierno es consciente del problema y está trabajando en este sentido, aunque resta mucho por hacer.
Recientemente el caso Marset volvió al centro del debate público tras conocerse su paradero en Bolivia. ¿Cómo esto afecta la imagen del país? ¿Qué dice esto acerca de la gestión en materia de combate al narcotráfico y el lavado de activos?
Jorge Chediak (JC): Hemos señalado siempre las incautaciones importantes que se realizan en puertos europeos y que luego, al rastrearse el movimiento de las drogas, resulta que, si bien no están originadas en Uruguay, en algunos casos han sido cargadas en el puerto de Montevideo. Hay una afectación y se está luchando firmemente para evitar la reiteración de estos episodios. Por eso fue que desde el Fondo de Bienes Decomisados se hizo un aporte al Ministerio de Economía con destino a la Dirección Nacional de Aduanas a los efectos de multiplicar nuestro escaso caudal de escáneres, para revisar mejor las cargas y los contenedores y así tener un mejor control de las mercaderías. Estamos viendo que va mejorando la operativa de los grupos de crimen organizado, porque incluso se ha llegado a colocar droga dentro de tablas o de leños de exportación, es decir, hay métodos bastante sofisticados de ocultamiento. Hay que seguir en ese camino, tenemos que tener escáneres en el puerto de Montevideo y al menos en el de Nueva Palmira, por eso se estableció la necesidad de tener un escáner móvil. El gobierno está trabajando en este sentido y es absolutamente consciente de este problema.
Varios expertos como Ricardo Gil Iribarne, Leonardo Costa y Daniel Espinosa han coincidido en anteriores entrevistas con La Mañana en que Uruguay tiene debilidades en el combate al lavado que, si no resuelve con mayores recursos, estará en serios problemas. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? ¿Por qué no se destinan mayores cifras a esta área?
Gustavo Misa (GM): La idea de encarar en esta administración la Evaluación Nacional de Riesgo fue partir del diagnóstico de cómo estábamos frente al lavado de activos y escuchar la opinión de los sectores obligados y de los especialistas. El objetivo es marcar cuáles son las acciones recomendadas que el país tiene que cumplir. Los especialistas hablan de la asignación de recursos y la carrera funcional en los organismos de supervisión. Se logró la creación de la Fiscalía Especializada que está empezando a trabajar conjuntamente con la Senaclaft en la investigación del delito de lavado y la investigación económico-financiera. Son pequeños avances que se han venido dando, pero queda muchísimo por mejorar. El país tiene que invertir más recursos en estos temas, pero también en otros que parecerían ser prioritarios por cuestiones de la coyuntura, como la educación, ahora la sequía. De a poco se han ido dando pasos interesantes en sintonía con lo que plantean los especialistas que nosotros en gran medida compartimos.
Patricia Laburu (PL): Dentro de las acciones recomendadas en la Evaluación Nacional de Riesgo está el fortalecimiento institucional y recoge lo que Gustavo decía. Esto surgió del trabajo de todas las instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema antilavado y en el documento se hace referencia al fortalecimiento institucional de la Senaclaft, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, el fortalecimiento de la supervisión, la especialización de la Fiscalía, entre otros.
A través de Twitter, Leonardo Costa advirtió que en los próximos cinco años habrá una nueva evaluación de Gafilat y dijo que, si no se hacen cambios institucionales, desde ya “vamos mal”. ¿Comparten la preocupación? ¿Qué importancia tienen esos cambios y por dónde tendrían que ir?
JC: Compartimos, por supuesto. Hemos coincidido muchas veces con un especialista como el Dr. Leonardo Costa y nuestro diagnóstico fue parecido. Tenemos al menos cinco años por delante para implementar estas recomendaciones primarias y las acciones que surjan de la estrategia nacional, que va a llevar muchos meses. Las líneas están en la propia evaluación: mayores inversiones, fortalecimiento de los organismos de supervisión. Las investigaciones por lavado de activos son muy complicadas y las condenas son muy difíciles de concretar, en Uruguay y en el mundo. Por ello se requiere invertir, especializar, capacitar a los funcionarios de todos estos organismos, contar con mayores elementos, mejores herramientas informáticas, mejores programas, a veces caros, pero que ayudan a hacerlo mucho más rápido y con mayor eficacia. Hay deberes para hacer. En la normativa estamos en un lugar de privilegio, somos de los mejores de la clase, pero en la aplicación y en la eficacia, en la prevención de lavado hay mucho trabajo por hacer.
PL: La hoja de ruta de cara a la quinta ronda de evaluaciones va a quedar establecida en la estrategia nacional. Creemos que con esta actualización de la evaluación y con el trabajo de esta estrategia van a quedar establecidos los hitos que el país deberá ir realizando.
GM: Lo que dice el Dr. Costa es cierto y los pasos que se han dado han ido en ese sentido. Cuando decidimos arrancar la Evaluación Nacional de Riesgo también se empezaron a tomar otras medidas relacionadas con las acciones recomendadas en el Informe de Evaluación Mutua de Gafilat del año 2019, como la investigación y condenas por delito de lavado de activos. Ahí fue que intentamos llevar adelante la creación de la Fiscalía Especializada que finalmente se concretó. Otra de las recomendaciones era fortalecer los organismos de supervisión y la Senaclaft en diferentes Rendiciones de Cuenta intentó lograr una estructura autónoma de Presidencia y con cierta estabilidad funcional, en lo que hemos venido trabajando. Otra era la capacitación del sector público, sobre todo de jueces y fiscales, en el combate al lavado, y se han ido dictando cursos y se harán otros a futuro. En cuanto al fortalecimiento de las relaciones con el sector privado, se han hecho capacitaciones en el sector inmobiliario y zonas francas. Todo eso va a ayudar a lo que decía el Dr. Costa, a tener una evaluación dentro de cinco o seis años donde el país esté mejor preparado.
Dr. Chediak, usted decía que es muy difícil concretar las condenas en materia de lavado. ¿Esas dificultades se dan porque faltan herramientas para hacerlo o por el hecho de que los mecanismos de lavado sean realizados por profesionales?
JC: La realidad es la que usted señala. En el delito común muchas veces la planificación es defectuosa o se hace por arrebato, por impulso de brutal ferocidad, para obtener beneficios, dinero, bienes, mientras que el lavado de activos funciona exactamente a la inversa: las organizaciones delictivas ya tienen el dinero porque lo obtuvieron en base al delito precedente, ya sea narcotráfico, corrupción, contrabando, pero no pueden incorporarlo fácilmente a la actividad económica normal, no pueden hacerlo rendir y por eso contratan abogados, contadores, escribanos, asesores de inversiones, asesores bancarios, para que les den los caminos para ir haciendo inversiones progresivas que permitan ir ocultando el origen delictivo de ese dinero. Por ende, son actividades planificadas que cuentan con asesoramientos especializados. Además, se parecen muchísimo a inversiones lícitas, una inversión de lavado de activos en apariencia es exactamente igual a una inversión lícita, no es como una rapiña o un homicidio, que cualquiera se da cuenta de lo que es. Por eso es muy dificultoso. Quien ha efectuado maniobras de lavado no tiene cuentas, inmuebles ni inversiones en empresas a su nombre, todo eso lo hace a través de testaferros, de personas jurídicas que intermedian, y con una ingeniería tan compleja que hace muy complicado demostrar que no es dinero lícito sino proveniente del lavado.
GM: En su legislación, como decía el doctor, Uruguay es de los primeros de la clase. Y en cuanto a la efectividad del sistema penal del lavado de activos, no es un problema que tiene que ver con Uruguay o con los recursos que destina, es un problema a nivel mundial. Es muy difícil hacer la ingeniería inversa para deconstruir todo el camino que hicieron los criminales para borrar el rastro de la ilicitud. Se está trabajando muy bien en la supervisión, en la prevención, en la detección, pero en lo que respecta a la represión, condena y decomisos, es una de las patas flacas que tiene el sistema. De hecho, se decomisa solo un 1% de los activos de origen ilícito, lo cual es bastante preocupante porque esa es la consecuencia más importante de esto, sacarles los bienes a los criminales. Por eso planteamos la creación de la Fiscalía Especializada y el apoyo de la Senaclaft en la investigación. No es un problema de Uruguay, hay países que han invertido muchísimo dinero en esto y tampoco les ha ido bien.
¿Cuáles son los riesgos que corre el país en materia de lavado de activos?
GM: Los mayores riesgos tienen que ver con el crecimiento del narcotráfico, con delitos como el contrabando, la estafa, la trata de personas. A su vez, la corrupción a nivel regional ha venido creciendo, y siendo el lavado de activos un delito transnacional también nos preocupa en Uruguay porque se puede filtrar algún dinero producto de la corrupción.
Los expertos también han señalado debilidades de la Senaclaft a nivel estructural, es decir, en cuanto a la carencia de funcionarios de carrera, sumado a la falta de recursos económicos. ¿Cuáles van a ser los principales ejes para mejorar esto?
JC: Para poner en contexto, se recomienda una estructura estable para la Senaclaft, que es un organismo especializado que hace capacitación permanente de sus funcionarios, pero el 90% están en pase en comisión. Entonces, se apunta a que esa persona capacitada quede dentro del organismo para la mejora de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para ello es necesario que la Secretaría tenga una mayoría importante de sus funcionarios presupuestados. Lo intentó mi antecesor, que fracasó con total éxito, y desde el inicio tratamos de hacerlo. Hemos dado pasos pequeños, pero en esta Rendición de Cuentas, con el apoyo del Ministerio de Economía, y estamos seguros de que el Parlamento lo aprobará, se obtendrán 15 cargos presupuestales —que en una estructura de 26 no es poco— a los efectos de ir avanzando hacia la institucionalización de la Senaclaft.
¿Consideran que no hay suficiente percepción del riesgo en Uruguay, como advierten los especialistas que mencioné?
JC: Primero, Uruguay tiene fortalezas que otros países de la región no tienen y por algo, en general, en la mayoría de las mediciones internacionales, ranqueamos mejor. Por supuesto que tenemos debilidades. En 1973 recuerdo que estaba absolutamente seguro, pese a experiencias regionales, de que en Uruguay no podía haber un quiebre de la institucionalidad y que no íbamos a tener un golpe de Estado, y mi percepción era bastante compartida, se creía que el país era distinto y estaba a salvo de esas cosas. Los uruguayos tenemos una sensación de que determinadas catástrofes acá no pueden darse y de que estamos vacunados, pero Uruguay no está vacunado contra el lavado de activos, básicamente, porque no hay vacunas. Y estamos en una región compleja, con algunos vecinos complicados, con fenómenos de criminalidad que están creciendo y con esta situación de ser un país de tránsito —y algunas veces también acopio— de cocaína hacia Europa. Las fronteras porosas hacen que tengamos debilidades y puedan suceder cosas que quizás pensábamos que no podían pasar. Entonces, sí, hay una baja percepción del riesgo y estamos trabajando en ello. Sin duda hay lavado de activos, nuestra sensación es que es menor que en la región, pero nadie puede aseverar que no hay. Tenemos que elevar la percepción, porque si seguimos con la idea de que acá nunca pasa nada grave, en algún momento puede llegar a pasar.
GM: El lavado de activos está en toda la región, con lo cual Uruguay no debería ser la excepción. En la medida en que no haya investigaciones y condenas por lavado, es muy difícil que suba la percepción, entonces, es complicado decirle a un sujeto obligado que tenga una percepción alta del riesgo cuando no hay investigaciones y condenas. Si logramos mejorarlas, se va a visibilizar como un delito más presente. Es cierto que hay una baja percepción del riesgo en Uruguay. Hemos intentado explicarles a los sectores obligados cuáles son los riesgos y por qué deberían estar atentos.
¿Qué hay de cierto en las advertencias sobre la LUC?
Los cambios en la LUC en esta materia han sido criticados por algunos expertos como el caso de Daniel Espinosa, quien dijo a La Mañana que aumentar el límite del pago en efectivo y la modificación en la debida diligencia del sector no financiero, que permite a los escribanos o agentes inmobiliarios hacer menos controles cuando el dinero viene a través de un banco, fueron negativos para la efectividad del sistema.
Consultado al respecto, Chediak opinó que los vaticinios, en algunos casos “catastróficos”, en relación a los efectos que podía llegar a tener la LUC en distintas áreas, “no se han concretado en ninguna”. En este tema en particular, expresó que no ha habido un corrimiento significativo hacia la utilización del dinero en efectivo y que simplemente se aumentó la libertad para optar por hacerlo. Tampoco se ha notado un relajamiento en los controles, de acuerdo al jerarca. La utilización de dinero en efectivo conlleva una debida diligencia intensificada, que es “la más eficaz” en la prevención porque obliga a demostrar el origen del dinero, por lo tanto, según dijo, esto no debería aumentar la ineficiencia del sistema.
Por su parte, Misa recordó que cuando este gobierno asumió, planteó la libertad financiera y se liberalizaron algunos medios de pago, lo que “se interpretó como un mensaje erróneo de que se habían bajado los controles en el lavado de activos porque se podía utilizar efectivo”. Fue por ello que comenzaron a explicarles a los distintos sectores que no había habido un relajamiento de los controles, sino todo lo contrario. “La idea es seguir monitoreando cómo se mueven los sectores y se verá si en un próximo gobierno habrá que rever esto o no. Como decía el Dr., esos vaticinios yo no los comparto. Uruguay, incluso con estas modificaciones, cumple con el estándar internacional”, aseguró el especialista.
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