Continúa la polémica por el llamado a la licitación para otorgar las bandas para explotar el servicio 5G. El llamado a subasta se realizará en las próximas semanas y algunos de los operadores que ya están en el mercado señalaron su disconformidad.
Se espera que en una semana el Poder Ejecutivo realice el llamado a licitación, sin embargo, la multinacional de telecomunicaciones, Telefónica, cuestiona las bases y señala que éstas pueden violar la ley de Promoción de Inversiones.
Se debe entender que lo que se subasta son tres de los denominados “segmentos” en la banda de 3,5 GHz. Cada operadora podrá trabajar sobre uno de esos segmentos. Antel ya solicitó uno de ellos y en el pliego se establecerá que la adjudicación se efectúa de manera directa. Esta decisión está contenida en el decreto que se efectuó para el llamado.
Por lo tanto, quedan dos segmentos. La empresa Claro protestó frente a la adjudicación directa otorgada a Antel, lo que está en estudio. Pero otro elemento que se sumó en los últimos días fue la renuncia del jefe del Departamento de Administración del Espectro de la Ursec, Héctor Budé.
En este sentido, Budé presentó algunas discrepancias con el llamado, ya que una empresa (Dedicado) tiene permisos de transmisión dentro de las bandas que operan y que coinciden con las de 5G. Pero esos permisos son para transmisión de datos y no de telefonía móvil.
Dedicado presentó dos solicitudes para operar la telefonía 5G. Una fue en setiembre de 2022 y la otra en febrero de 2023. Ambas se cursaron al Poder Ejecutivo, que tiene la última palabra en el tema.
Según indicó Mercedes Aramendía, presidenta de esa unidad reguladora, al diario El País, Budé “no renunció” sino que se le asignaron nuevas tareas dentro de la Ursec. No obstante, admitió que existieron diferencias de criterio entre lo que sostenía Budé con respecto a si Dedicado podía participar de la licitación y la posición mayoritaria dentro del directorio. “Budé es técnico en Ursec y esto es un tema que claramente excede lo técnico”, dijo Aramendía. En este punto la posición de la Ursec es clara: Dedicado tiene permiso para un servicio con una asignación de banda, no para otro, como sería la telefonía celular.
Las críticas
El pliego de la subasta fue puesto a consideración pública y en el mismo se recibieron algunos cuestionamientos. Para participar se exige que la empresa ya preste servicios de telefonía en Uruguay (por lo cual las habilitadas son Antel, Claro y Movistar) u otras que pueden ser extranjeras, teniendo que mostrar capacidad financiera y operativa, una experiencia mínima de dos años prestando el Servicio de Telecomunicaciones Móviles Internacionales, a lo que agrega que deben haberlo realizado por los menos en dos países de América del Norte, Central o Sur y/o Europa.
Otro elemento es que esas empresas en los ejercicios económicos correspondientes a los años 2020 y 2021 tengan una facturación superior a los US$ 50 millones anuales. Todos estos puntos de entrada dejaban fuera de la competencia a Dedicado.
En los comentarios sobre el llamado, la multinacional Telefónica señala que al ya tener un segmento autorizado “Antel no corre este tipo de peligro, lo que implica un privilegio discriminatorio en detrimento de los operadores privados que podría considerarse violatorio de lo dispuesto por el art. 2 de la Ley N° 16.906 de Promoción de Inversiones (“El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales”), así como de diversos tratados de protección de inversiones celebrados por la República Oriental del Uruguay” y “sugerimos rever la posibilidad de que la subasta se realice solamente entre los operadores que actualmente prestan servicios móviles en Uruguay”.
Para la empresa Claro “una primera cuestión que es central es el precio de los lotes de 100 Mhz de la banda de 3.5 GHZ, el cual se encuentra en un rango de valor no justificado, ni justificable para Uruguay”. La base es US$ 28 millones. Claro sostiene “en nuestro caso representa un mínimo de inversiones que estimamos en aproximadamente US$ 50 millones adicionales en los próximos años”.
La empresa también cuestiona el segmento otorgado a Antel y acota que “el diseño de subasta para el sector privado representa un salto al vacío, dado que no se encuentra justificado con ningún informe específico que justifique para 5G que sea viable y que generará valor, incorporar uno o dos operadores móviles nuevos que desplacen a los operadores existentes que atienden a más de 2,5 millones de clientes móviles y que tienen más de 2000 radio bases y dos redes troncales de fibra óptica en Uruguay”.
Movistar planteó en sus comentarios que el lanzamiento comercial del 5G se debe realizar en la misma fecha para todos aquellos que resulten como adjudicatarios, a la vez de pedir que “el proceso de licitación asegure a los operadores existentes privados que han invertido en el país, la obtención de 100 MHz”.
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