El pasado 28 de setiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a una comitiva encabezada por el Dr. Hernán Quezada, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La visita de Quezada y su séquito tuvo como objetivo “abordar el seguimiento y cumplimiento de las Observaciones Finales” emanadas de la última “revisión periódica del Comité de Derechos Humanos al Estado uruguayo” llevada a cabo en Ginebra para “mejorar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
En este marco, Quezada afirmó: “el Estado no solamente tiene la obligación de su cumplimiento (…) sino que también se establece un modo de seguimiento calendarizado para 2025. En esta misión estamos recalcando que estas recomendaciones (…) puedan ser parte del eje del informe que el Estado presente en tres años, en el que debe recopilar cuál es el avance que se ha tenido”. “En dichas recomendaciones tratamos de (…) orientar al Estado a que cumpla sus obligaciones” y de “guiar cuáles son los aspectos (…) del pacto que deben ser cumplidas o asumidas en la forma en que al comité le parezca más adecuada para el Estado respectivo”.
Tras la inquisitorial exposición del Dr. Quezada, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, manifestó que nuestra “larga tradición democrática y de respeto de los derechos humanos que no nació con ningún pacto, sino que a nuestro entender surge por el solo hecho de ser sujetos de la especie humana”. Denunció que “se pretende desde lugares remotos señalar a los pueblos cómo deben conducirse”. Y afirmó que si bien “reconocemos la libertad de opinión, la valoramos y la escuchamos, tiene que quedar bien claro que los orientales, de acuerdo con los preceptos del artiguismo, vamos a actuar de acuerdo con la soberanía particular de los pueblos”.
También aclaró Domenech que “desde algunas corrientes internacionales se busca anular los Estados nacionales”, y que “el futuro del Uruguay lo vamos a decidir los orientales sin ningún tipo de injerencia extranjera, que siempre hemos rechazado y rechazaremos. No me parece bueno que se pretenda darnos consejos, y menos aún consejos que, en muchos casos, están profundamente disociados de lo que es bueno para nuestros pueblos”.
Ante la dignísima y contundente respuesta del senador cabildante, la senadora Della Ventura expresó: “Lo que ustedes vienen a hacer no es a mandatarnos sino a darnos orientaciones”. Y la senadora Lazo dijo que “cualquier Estado que se precie de ser un Estado de derecho, recibe con los brazos abiertos las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
Si el Dr. Quezada hubiese venido a dar orientaciones y recomendaciones, no se habría dirigido a los presentes en términos inquisitoriales, imperativos, marcando obligaciones, estableciendo deberes e imponiendo metas. La pregunta clave es: ¿está bien que la ONU ponga en tela de juicio el funcionamiento de nuestro sistema judicial, o que venga a cuestionar si este cumple con la peculiar percepción de los Derechos Humanos que tienen los organismos internacionales?
Entendemos que no. Por eso, ante un discurso como el del Dr. Quezada, es natural que un oriental con el patriotismo bien puesto reaccione de la forma en que lo hizo el senador Domenech.
Parece llegado el momento de recordar a los organismos internacionales que un Estado es aquella comunidad política que reconoce una sola autoridad, un solo poder soberano y que, por tanto, no responde ante ningún otro poder fuera de fronteras. Si el reconocimiento de ese único poder, por parte de una comunidad política es lo que define su soberanía, el reconocimiento de ese poder por parte de las restantes naciones, es lo que define su independencia. Uruguay es soberano e independiente.
Además, los organismos internacionales existen gracias a un pacto o acuerdo entre naciones. Es decir, entre iguales. Por tanto, ninguno de esos organismos podrá ejercer jamás un poder supranacional. Puede admitirse que intervengan cuando hay conflictos internacionales. Pero no que les digan a los estados como se deben gobernar, ni que establezcan agendas que los Estados deberían cumplir para satisfacer los deseos de unos burócratas que viven en Bruselas.
Para terminar, que unos funcionarios mandatados por sus jefes desconozcan nuestra soberanía e independencia, vaya y pase. Pero que los respalden con sus fócidos aplausos los cipayos locales, es bastante más grave.
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