Si bien la tradición de Uruguay es acoger a los refugiados políticos indistintamente de sus orientaciones ideológicas, en el caso del exasesor de Macri, «Pepín» Rodríguez Simón, hay una contundente nota de la jueza argentina que lleva la causa y un esfuerzo de ambos gobiernos de no tensar las relaciones, que podrían llevar a su expulsión del país.
La permanencia en Uruguay, en calidad de prófugo, de quien fuera asesor del expresidente argentino Mauricio Macri y su solicitud de refugio político podría tensionar las relaciones entre ambos países. Fabián Rodríguez Simón, más conocido como «Pepin», está siendo investigado por la justicia del vecino país por supuestas extorsiones al Grupo Indalo, dueño del canal de noticias C5N y otros medios de comunicación, además de salas de juego de azar.
En la nota enviada por la jueza María Servini a la Justicia uruguaya, se solicitaba su detención y extradición. La magistrada señalaba en el memorándum que «Rodríguez Simón se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al juzgado, como sí lo había hecho anteriormente», solicitando que Uruguay evite su salida hacia otros destinos que no sea Argentina. La jueza también recalcó que el indagado no era un perseguido político.
«Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines», indicó.
Servini consideró en el referido documento que Rodríguez Simón hostigó e intentó ahogar económicamente al Grupo Indalo «con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional».
El expediente contra «Pepín» señala que dicha maniobra tenía como objetivo «llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al Gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)». Se indica que el acusado diciéndose representante del entonces presidente, Mauricio Macri, participó de reuniones con los dueños del Grupo Indalo, «en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos». El acusado dice que solo se ocupó de organizar una estrategia para cobrarles impuestos adeudados a la empresa.
Solicitud de refugio político
Al conocer que pedían su extradición, se presentó ante la Justicia uruguaya solicitando un habeas corpus para no ser detenido ni extraditado hacia Argentina, lo cual fue denegado. En el fallo se indica que «en el caso en estudio, la resolución en sí no impresiona ilegítima» acotando que «la resolución de la magistrada argentina no transparenta una clara y grosera ilegitimidad o arbitrariedad». Esto dejaba abierta la puerta para su detención y rápida extradición.
Mientras se sustanciaba el caso, el exfuncionario macrista había pedido refugio en calidad de perseguido político lo que llevó a que todas las acciones para su detención se vieran frustradas hasta que la Comisión de Refugiados (CORE) se expida, para lo cual tiene 90 días.
Según el diario argentino Página 12, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, se comunicó con el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, a fin de informarle que la Comisión de Refugiados tenía la instrucción política de evaluar lo antes posible la situación de Rodríguez Simón. Un camino que se maneja como posibilidad es la expulsión del país de Rodríguez Simón, una opción que al principio se veía lejana pero que cobra cada vez más fuerza.
El problema en Uruguay
En su defensa, el ahora requerido brindó desde Uruguay una entrevista al periodista argentino Jorge Fontevecchia. El periodista en un momento dijo: «En la Argentina se comenta que Francisco Bustillo, el canciller uruguayo, es amigo personal de Alberto Fernández y que este pedido tuyo coloca al gobierno uruguayo en tensión con el gobierno argentino. En 2018, Alan García, el expresidente peruano, ingresó a la Embajada de Uruguay en Lima tratando de conseguir asilo y no lo consiguió, en el medio de una situación que terminó llevándolo al suicidio. ¿Temes que en noventa días no te lo concedan?». A lo cual Rodriguez Simón responde que no tiene tendencias suicidas y que el caso de Alan García fue diferente, porque tenía vinculaciones con el caso Odebrecht.
«Tengo dictámenes que dicen que merezco o que reúno las condiciones para ser refugiado político. Los mismos son de Didier Operti, un excanciller uruguayo colorado, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de la República, y de Martín Risso, un constitucionalista muy reconocido en Uruguay, rector de la Universidad Católica Uruguaya. No se agotan en el refugio las posibilidades de defensa, porque las da el derecho internacional», sostuvo Rodríguez Simón.
Sobre su vida en Uruguay dijo que tuvo que vender algunos activos para afrontar este año y que «los uruguayos son extraordinariamente generosos y hospitalarios». «Pero sigue sin ser mi país. Tengo mi alma del otro lado. Como parlamentario del Mercosur, venía una vez por mes, estaba tres o cuatro días en un hotel y hacía las cosas del Parlasur. Tengo algún activo, unos terrenos en Uruguay, declarados», agregó.
También aclaró que los parlamentarios del Parlasur no tienen fueros y ante la Comisión de Refugiados, no solo no invocó su calidad de diputado, sino que solicitó expresamente que no se le otorgara ningún tipo de protección especial ni privilegiada, sino la de cualquier perseguido político.
La tradición del asilo y refugio
Uruguay tiene una muy rica tradición en materia de asilo y refugio político. Ya desde comienzos del siglo 20, eran cientos los anarquistas que llegaban a estas tierras por ser perseguidos, especialmente en Argentina. En 1905, un grupo de dirigentes sindicales anarquistas deportados desde la vecina orilla pudieron recibir asilo en Uruguay a instancias de José Batlle y Ordoñez. Curiosamente, muchos de esos militantes anarquistas fueron los primeros inspectores de trabajo en nuestro país. En 1930, el general Severo Toranzo lideró un intento de golpe de Estado en Argentina y tras fracasar se termina exiliando en Uruguay, lo cual incluso llevó a que ambos países rompieran relaciones diplomáticas por un tiempo.
Entre fines de agosto de 1943 y septiembre de 1945, numerosos opositores al peronismo recibieron refugio en Uruguay y en 1955 cuando Perón fue derrocado, muchos de sus seguidores perseguidos también se refugiaron en el vecino país.
A fines de 1947, el pintor Candido Portinari, militante del Partido Comunista brasileño, declarado ilegal a fines de mayo de ese año, recibía asilo en Uruguay. También ocurría lo mismo con el ex presidente Joao Goulart y sus colaboradores, entre ellos su consejero Leonel Brizola, cuando se exiliaron en nuestro país en 1964 tras el golpe de estado.
Parlasur abordó el caso Rodríguez Simón
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) trató en su última sesión la expulsión de Fabián Rodríguez Simón, quien es diputado por la agrupación “Cambiemos”, liderada por el expresidente Macri. La solicitud de expulsión «por decoro» partió de representantes del “Frente de Todos”, grupo político del actual gobierno argentino.
Luego de un largo debate, se resolvió que el tema fuera tratado por la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, que deberá dictaminar al respecto. Se convocará a Rodríguez Simón para que haga los descargos, mientras que la jueza Servini ya le comunicó al Parlasur sobre la situación del indagado. Se necesita dos tercios de los votos para expulsarlo. No obstante, al no existir fueros de ningún tipo, la resolución que tome el Parlasur no incidirá en nada en la causa judicial.
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