Un juicio ganado por una empresa panameña de capitales estadounidenses Latin American Regional Aviation Holding (Larah) volvió a centrar la discusión en el cierre de Pluna, ocurrido en julio de 2012.
Pluna, la empresa que había nacido en 1936, finalmente cerraba tras haber pasado por varios años tumultuosos y estar en quiebra varias veces. El juicio contra el Estado uruguayo lo había iniciado, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, Latin American Regional Aviation Holding (Larah), un grupo inversor con sede en Panamá que terminaría en manos de un fondo de inversión estadounidense.
Este grupo había presentado en 2019 la demanda ya que entendía que fue perjudicado en sus intereses. Larah había adquirido Leadgate, que desde 2007 y hasta el cierre era socio de Pluna. Tenía un 75 por ciento del paquete accionario y el restante veinticinco por ciento estaba en manos del Estado.
Basándose en el tratado de inversiones entre Panamá y Uruguay, Larah argumentó que el cierre de la empresa (decretado por el gobierno) lo había perjudicado, por lo cual reclamaba ochocientos millones de dólares. En la presentación del caso se indicaba que eran “reclamaciones que surgen de la decisión del gobierno de nacionalizar y posteriormente liquidar la aerolínea Pluna, en la que Leadgate, el fondo de capital privado del demandante, tenía una participación mayoritaria”. La compañía panameña acusa a Uruguay de tomar medidas arbitrarias que produjeron su quiebra y consecuente venta a través de un fideicomiso propiedad del gobierno uruguayo.
Quienes representaban a la empresa panameña en el juicio eran Freshfields Bruckhaus Deringer de Nueva York y el estudio Ferrere de Uruguay. Pero Larah tiene de fondo otra historia. Fue comprada en 2018 por Tenor Capital Management, a través de una sociedad panameña (Caballero Verde). Este fondo de inversión se especializa en comprar empresas con juicios pendientes de montos importantes, para ejecutarlos. Es como la compra de un vale de una deuda.
En total, la cifra final a pagar por Uruguay se estima entre treinta y ochenta millones de dólares.
En diálogo con la prensa, el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo que la cifra de lo que finalmente haya que pagar “surgirá de próximas reuniones con nuestros abogados en Estados Unidos”. Ferrés explicó que serían menos que los ochenta millones de dólares que se manejan. El capital es de treinta millones de dólares, pero con los intereses podría subir mucho más.
También indicó que “siempre es mejor no tener una condena, pagar cero, pero a veces se hace lo mejor posible. Creo igualmente que la defensa de Uruguay fue muy importante. Nos concentramos en los daños y el abatimiento de los daños”, y resaltó que se logró “bajar muchísimo” el reclamo que era por ochocientos millones de dólares. El fallo es inapelable, por lo cual habría que pagar, aunque el gobierno no descarta pedir la nulidad del juicio. Para eso espera que se abra el expediente.
A nivel político, las repercusiones fueron varias. El expresidente José Mujica dijo que “Pluna estaba muerta hacía una década” cuando ordenó su cierre. Sobre el dictamen del Ciadi sostuvo “los latinoamericanos hemos logrado hacer una Corte de Derechos Humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos de la Justicia del mundo rico. En nuestras administraciones, el reflote del Banco Hipotecario costó dos mil millones de dólares, pero en alguna medida fueron pérdidas públicas que repartieron un beneficio. Esto duele porque es una pérdida para afuera y ningún oriental saca un beneficio. Por eso, eventualmente, duele el doble”. A esto acotó en declaraciones al canal VTV: “Algún día puede ser que las generaciones se aviven y los latinoamericanos seamos menos cornudos. Seamos capaces de crear una corte de derecho que obligue a las empresas trasnacionales y a las inversiones de afuera a pleitear acá”.
Por otra parte, el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado indicó sobre el Frente Amplio y lo acontecido con Pluna que “algunos lo quieren minimizar y no les gusta que hablemos de esto. Como no les gusta que hablemos de Venezuela, porque les da como urticaria. De todo lo que no tienen explicación, no les gusta que hablemos”.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, manifestó en un acto en Casavalle en la inauguración de un centro cívico: “Este gobierno ha hecho un fortísimo hincapié en poner recursos donde se necesita y no en historias locas que se llevan el dinero de la gente”, en una clara alusión a todo lo que había acontecido con Pluna.
Un poco de historia
Los hechos que llevaron a esta situación nacieron hace varios años. En 1995, Pluna se asoció con la brasileña Varig, quien cuatro años después llega a tener el 49 por ciento del paquete accionario. Pero en 2006 la empresa brasileña quebró mientras buscaba un comprador a sus acciones de Pluna y, por lo tanto, se retiró del negocio. En 2007, y con todas las acciones de Pluna en manos del Estado, el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez decidió realizar una nueva asociación para la empresa, ya que corría un inminente riesgo de cierre por las cuantiosas pérdidas que sufría año a año.
Fue entonces que apareció Leadgate, que se hizo cargo del 75 por ciento del paquete accionario. Pero para que esto se concretara, el gobierno terminó poniendo veintiocho millones de dólares, ya que Leadgate exigía que la empresa tuviera patrimonio positivo y a la vez que saliera de garante para la compra de nuevos aviones.
En 2008 vendría una de las tantas polémicas compras que hizo la empresa. Adquirió de la canadiense Bombardier siete jets regionales por 203 millones de dólares. La garantía por el pago de esos aviones fue del Estado uruguayo, quien terminó de pagarlos en agosto del año pasado.
El 2008 fue un año muy turbulento. El Frente Amplio se negó a crear una comisión investigadora en el Parlamento para analizar la alianza entre Pluna y Leadgate, mientras que Ancap, en octubre, le cortaba el crédito por combustible: Pluna le debía doce millones de dólares. Pero tiempo después reanudaría el suministro.
En 2010, Leadgate vendió el veinticinco por ciento de las acciones a la canadiense Jazz Air, por quince millones de dólares, y en 2012 Ancap le volvió a cortar el suministro de combustible. Ya le debía dieciocho millones de dólares.
Tras este hecho, Leadgate anunció que se retiraría de Pluna y el gobierno del entonces presidente José Mujica llegó a la conclusión de que se necesitaba un nuevo socio, pero además poner en la empresa treinta millones de dólares. Frente a hecho de que no apareciera ningún interesado y ante la capitalización necesaria, el 9 de julio de 2012, Pluna dio quiebra. En este sentido, hay que indicar que las acciones de Ledgate estaban en custodia de la Bolsa de Valores hasta que el Estado consiguiera un nuevo socio a quien se las pudiera vender. De ese hecho parte la demanda de Leadgate: el cierre decidido por el gobierno los terminó perjudicando.
Comenzarían entonces una serie de hechos que terminarían con uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. Tras el cierre, el gobierno se dispuso a rematar los aviones, pero en septiembre de 2012 se suspendió la subasta por falta de interesados.
Sobre comienzos de octubre hubo una segunda subasta y una empresa desconocida (Cosmo) compró la totalidad de los aviones por 137 millones de dólares. El rematador los subastó “al señor de la derecha”, el español Antonio Sánchez.
Pero Cosmo necesitaba garantías para tal operación. Días después se conocería que el ministro de Economía de aquel entonces, Fernando Lorenzo, estuvo almorzando antes de la subasta con Antonio Sánchez. Esto quedó registrado en una foto publicada por el diario El Observador. También se supo que hubo presiones desde el Ministerio de Economía al Banco República para que el aval fuera dado. Tras estos hechos, no hubo tal aval y Cosmo se retiró del negocio.
En medio de estos acontecimientos, el Poder Judicial llevaba adelante una investigación por la quiebra de la empresa, por lo cual terminarían procesados el ex gerente de Pluna Matías Campiani, lo cual llevó a la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Un año después, en 2014 este, junto al presidente del Banco República, Fernando Calloia terminarían procesados sin prisión por abuso de funciones.
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