Con las firmas necesarias validadas para la aprobación del plebiscito contra la reforma de la seguridad social, comenzaron a aparecer voces en representación del sector empresarial en contra de la propuesta del Pit-Cnt, la cual consideran “un salto al vacío”.
Coincidencia de opiniones
Desde la confirmación del plebiscito a votarse en las elecciones presidenciales del mes de octubre, referentes del sector empresarial se expresaron al respecto.
En declaraciones a Ámbito Financiero, Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, dijo que “han marcado una posición contraria. Creo que está bastante extendida, tanto a nivel de profesionales de la economía, de muchos de los partidos políticos y de todos los candidatos de los principales partidos. Desde la Confederación de Cámaras Empresariales vamos a mantener una posición clara en ese sentido, participaremos cuando se nos requiera, pero con una posición bien clara y bien firme en el sentido de la inconveniencia que tiene una reforma constitucional como la que se plantea para el país”.
Entre los aspectos más relevantes, O’Neill señaló “la sostenibilidad fiscal y la estabilidad jurídica”, enfatizando en el riesgo que significa confiscar el ahorro individual, pasando un fideicomiso al BPS y eliminando las AFAP.
El presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache, refiriéndose al tema en cuestión señaló: “Entiendo que es muy irresponsable promover este tipo de acciones, cuando no se nos dice cómo se va a financiar el déficit que esta acción le ocasionará al país”.
“Es un disparate jurídico, social y económico”
Por su parte, Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores, manifestó a La Mañana su opinión contraria a la medida impulsada por la central sindical.
Márquez señaló: “Sobre el plebiscito de la seguridad social, puedo decir que confío plenamente en el poder de discernimiento de los uruguayos y que no van a permitir que el país dé un salte al vacío”.
El empresario considera disparatada la propuesta desde varios aspectos: “Es un disparate jurídico, social y económico. Es jurídico porque implica confiscar los ahorros de los afiliados y embarcarse en demandas contra el Estado que habrá que afrontar luego con recursos de todos. Social, porque deja sin financiamiento necesario a futuras generaciones e implica además relegar a un segundo plano las necesidades de otras franjas etarias, como la niñez donde tenemos el problema más duro de pobreza. Y económico, porque generaría más presión de gasto, insostenibilidad fiscal, pérdida de calificación de riesgo, aumento de tasas de interés y por ende entrar en una fase que ni siquiera nos queremos imaginar”, expresó.
Márquez remarcó la responsabilidad del sector político, en el entendido de que desde sus equipos técnicos deben explicar a la gente sobre los aspectos negativos en el caso de aprobarse el plebiscito. “Dicho todo esto, es el sector político el que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de todos los uruguayos. Es a través de los candidatos a presidente, de los equipos técnicos de los partidos, de sus estructuras nacionales y departamentales que tienen que salir a defender esto y explicarle claramente a la gente lo nefasto que sería este plebiscito para nuestro país. Y ahí vuelvo al principio. No tengo dudas de que el pueblo, entendiendo todo esto, se pronunciara firmemente en contra de este plebiscito”.
TE PUEDE INTERESAR:
