Luego de los resultados electorales y el compromiso firmado por la Coalición de Gobierno, era congruente que uno de los primeros asuntos en materia de Seguridad Pública para la urgente consideración fuera una clara referencia al rol y respaldo legal del accionar de las Unidades Básicas policiales que son las comisarías Seccionales, en el sentido del cambio extensamente enunciado. Aparentemente no ha sido así. Cabildo Abierto hizo especial énfasis en este aspecto durante la campaña como elemento primordial para la transformación en seguridad.
Mucho se argumentó por parte de varios actores de los partidos políticos que hoy son parte del Gobierno sensibilizando a la opinión pública sobre el necesario empoderamiento de las comisarías y lo básico de la contar con una Policía de Proximidad.
La piedra angular de las discrepancias con el concepto operacional del anterior Gobierno pasaba por lo que se señaló como el “desmantelamiento” de las comisarías, transformándolas en simples oficinas receptoras de denuncias, sin capacidades operativas ni facultades para la prevención, represión y la investigación.
El fracasado concepto operacional practicado se fundó en el denominado “policiamiento orientado a problemas (POP)” aplicado en forma centralizada y prescindente de las comisarías, a través de las denominadas Zonas Policiales (Jefaturas Operacionales) que gestionaban las áreas de seguridad, respuesta e investigaciones. En otro escalón se operaba el manejo de información criminal a través las Direcciones de Información Táctica, así como las tareas de Respuesta, Disuasión, Prevención y Represión asignadas a las Unidades de Respuesta de la Policía departamental. La innovación fue la incorporación de las Unidades del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) manejadas directamente por el Ministerio a través de la Unidad de Análisis Criminal de la Dirección de la Policía Nacional. Este esquema centralizado no ha resultado eficiente, generando incrementos en la criminalidad que aprovecha las zonas y tiempos libres que no cubre el programa y en el que las comisarías Seccionales juegan un rol marginal en sus áreas de responsabilidad.
Los resultados hablan del fracaso de este modelo, con una palmaria desaprobación, imponiéndose durante la campaña la idea de un cambio conceptual que la mayoría votó y quedó materializado en el Compromiso por el País en noviembre de 2019.
Hoy nos preocupa la ausente referencia de este tópico en la Ley de Urgente Consideración, cuya Sección dedicada a la Seguridad Pública, abundante en normas jurídicas referidas mayoritariamente al Código de Proceso Penal y a la Ley Orgánica Policial resulta escasa en disposiciones que respalden y habiliten las operaciones de las Unidades Básicas contra la criminalidad urbana y rural.
Para ilustrar mejor y refrescar los conceptos del referido Compromiso, allí se establecía:
“Recuperar las comisarías barriales, subcomisarias, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias”.
“Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio”.
Entendemos que el Capítulo III sobre Legislación Profesional Policial, convendría que incluyera una norma específica que habilite el accionar de las comisarías Seccionales recuperándoles sus capacidades, potestades y misiones operativas entre las que se recomienda: la prevención, disuasión, represión e Investigación de delitos, faltas y otras conductas debiendo contar con una unidad especializada en Policía de Proximidad y las demás que fueran necesarias a ser creadas por vía reglamentaria.
Para lo anterior, es necesario incluir entre los artículos de la Legislación Profesional Policial, una modificación al Art. 25 de la Ley 19.315 (Ley Orgánica Policial de 2018) con la creación de una Dirección de Seguridad en cada Jefatura Departamental para planificar, coordinar y supervisar el número de Divisiones Territoriales y Comisarías Seccionales con las siguientes responsabilidades: Seguridad, Investigaciones, Patrullaje y otros apoyos, Proximidad y Gestión de Calidad.
Es relevante que esto figure a texto expreso en la norma para contar con las facultades y potestades legales para cambiar y empoderar a las Unidades Básicas Policiales.
De esta forma estaría contemplado el cambio de paradigma y un concepto operacional basado en el control territorial, la proximidad y la vinculación geográfica de las Unidades Básicas Policiales en concordancia con la intención y voluntad del Compromiso por el País. Adicionalmente, esto habilitaría a encarar la lucha contra los Delitos de Narcotráfico a nivel Seccional, dado que con el actual esquema se derivan a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), dejando a las comisarías como elementos marginales explicando varias ineficiencias en esta lucha.
Resulta significativo empoderar a las comisarías seccionales para actuar en todas estas instancias para dar una respuesta más comprehensiva y contundente a la criminalidad y al narcotráfico zonal.
Enfatizamos que la situación actual de las Unidades Básicas de Operaciones de Seguridad (UU.BB.) amerita definir una línea de acción estratégica, para revertir el consabido debilitamiento del dominio territorial que se ha generado derivando en la notoria prevalencia del accionar delictivo en todo el país, particularmente en Montevideo y Canelones.
Cabildo Abierto aboga por la inclusión de una norma que contemple el fortalecimiento de las comisarías seccionales, empoderándolas con mayores capacidades, potestades y misiones con respaldo legal que rectifique realmente el actual paradigma centralizador basado en el Policiamiento Orientado a Problemas mal aplicado y de probada ineficacia en el país.
De aprobarse el actual texto de la Ley de Urgente Consideración sin incluir normas o modificaciones en esa dirección, se mantendrá el esquema operacional diseñado por el anterior Gobierno. No habrá cambios, no se cumplirá lo comprometido y se correrá el riesgo de no mejorar o empeorar la situación de seguridad heredada.
(*) Coordinador del equipo de asesores de seguridad de Cabildo Abierto.
El ministro Larrañaga compareció ante la comisión especial que estudia la LUC
El día lunes, el ministro Jorge Larrañaga y el subsecretario del ministerio del Interior, Guillermo Maciel, defendieron frente a los parlamentarios el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración que prevé aumento de algunas penas y modificaciones al proceso penal, entre otros cambios. En la oportunidad quedaron en evidencia las diferentes posturas entre la coalición de gobierno y la oposición del Frente Amplio.
Según pudo conocer La Mañana, legisladores de Cabildo Abierto están dialogando con sus socios de la coalición para incorporar a la ley las iniciativas que desarrolla su asesor Romanelli en este artículo. Además, días atrás las bancadas de este partido sostuvieron una reunión con la nueva presidenta de Inisa, Rosanna de Olivera y con el Dr. Enrique Viana para interiorizarse en las normas vinculadas a los infractores menores de edad y a la situación de la institución.
