Diversas asociaciones vinculadas a la Caja Profesional presentarán un proyecto común, planteando soluciones para su déficit y, a la vez, rechazando el proyecto del Poder Ejecutivo. Esas propuestas pasan por la adecuación de los precios de los timbres y que parte de los aportes que van de los profesionales en relación de dependencia a las AFAP se vuelquen a la Caja y estos sean incorporados a ella.
Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante del directorio de la Caja de Profesionales Universitarios y de la Asociación El Orden Profesional, destacó la elaboración del documento conjunto por parte de gremios, colegios y asociaciones profesionales que busca ofrecer alternativas viables a las iniciativas gubernamentales.
Rodríguez Sanguinetti expresó que las propuestas del Poder Ejecutivo “no son necesarias” y contradicen los estudios realizados por la propia caja. Detalló que el gobierno plantea incrementar los aportes de los profesionales activos al 22,5%, lo que implica “un 24% de aumento real de los aportes de los activos”. Esta medida, según señaló, entraría en vigor de forma inmediata. Además, se propone un nuevo aporte para los pasivos, del orden del 9% al 9,5%, que “representa casi el triple del aporte que ya están haciendo”. Explicó que este aporte sería lineal, sin aplicarse por franjas, lo que incrementa significativamente su impacto.
Otra medida, conocida como convergencia, afectaría a profesionales de 50 y 60 años que no cumplen con los años de aporte requeridos. Rodríguez Sanguinetti indicó que esta iniciativa acelera la transición al sistema común de la Ley 20.130, postergando la edad de jubilación. Manifestó que “le agrega años, límite 60, hoy, a en 2 o 3 años terminan con 65 años de aporte”, obligando a quienes están próximos a jubilarse a “trabajar 5 años más”. Calificó esta propuesta como una “cosa absolutamente disparatada”, en discusión dentro del propio gobierno, que aún no ha definido su aplicación.
El integrante del directorio señaló que las propuestas del Ejecutivo carecen de sustento técnico, ya que “no ha venido con números”. Informó que ni el directorio de la Caja, ni el Poder Legislativo han recibido cálculos actuariales que las respalden. Rodríguez Sanguinetti expresó sorpresa por la actitud del gobierno, dado que el Frente Amplio “se opuso a la ley exprés anterior” y ahora promueve medidas similares, pero endurecidas, según afirmó.
En respuesta, resaltó la importancia de una propuesta conjunta elaborada por “más de 10 organizaciones de todo el país, colegios, gremios, asociaciones”, que aborda dos puntos fundamentales para financiar la Caja sin aumentar los aportes de activos ni imponer nuevos impuestos a jubilados. El primer punto se centra en el artículo 71 de la Ley 17.738, que regula los timbres y tasas profesionales, los cuales representan “un 30% de los ingresos de la Caja de Profesionales”. Explicó que estos ingresos provienen de los aportes patronales de quienes contratan servicios profesionales, como recetas médicas, trámites de arquitectos, ingenieros, contadores o abogados.
Nuestro entrevistado detalló que los timbres se actualizan por el Índice de Precios al Consumo (IPC), mientras que las jubilaciones lo hacen por el Índice Medio de Salarios Nominales, que ha crecido más en los últimos años. Esto ha generado “un descalce de un 70%” en los ingresos por timbres, que anteriormente representaban el 50% de lo que ingresaba a la Caja. Se propone actualizar los timbres semestral o anualmente con un porcentaje adicional para recuperar lo perdido, afirmando que “si se aumentaran los timbres por índice en medio de la nómina, no se estaría perdiendo”. Además, señaló que las exoneraciones de timbres otorgadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo, como en leyes de Rendición de Cuentas o Presupuesto, han reducido significativamente los ingresos de la Caja. Mencionó como ejemplo la exoneración a organismos públicos o asociaciones, que impacta negativamente en la economía de la institución y recomendó que el Ejecutivo y el Legislativo revisen estas políticas para garantizar la sostenibilidad de la institución. Además, defendió la actualización de los timbres como una medida que no afectaría a los usuarios, ya que “los usuarios de los servicios médicos han tenido ingresos incrementados por el índice medio de salarios, no por la inflación”. Afirmó que las objeciones sobre un posible impacto inflacionario son “excusas economicistas” del equipo económico del gobierno.
El segundo punto de la propuesta conjunta busca ampliar la base de aportantes. El Colegio de Contadores propuso una solución que no implica mayores cargas para el Estado ni recortes a los jubilados: la incorporación de profesionales que actualmente declaran no ejercicio, pero que trabajan en relación de dependencia, mediante una detracción de parte del aporte que hoy destinan a las AFAP. La idea básica es que del aporte a la AFAP se saque para pagar lo que es la Categoría 1 de la Caja, aproximadamente de $ 6.500 a $ 6.900 pesos mensuales. Se estima que con esta solución entre 27 mil y 30 profesionales podrían integrarse, generando ingresos suficientes para equilibrar las finanzas sin aportes adicionales del Estado. Sobre este punto, Rodríguez Sanguinetti explicó que “los profesionales que aportan no van a tener ningún perjuicio, porque ese dinero lo aportan a la Caja y esta se los va a revertir en algún momento, como una jubilación o como la sumatoria de años de aporte para otra jubilación”.
Subrayó que esta propuesta conjunta, consensuada con organizaciones como el Colegio de Contadores, evita “que los profesionales activos tengan que pagar más” y elimina la necesidad de “un nuevo impuesto a los jubilados” o una transición que viole derechos adquiridos. Afirmó que los ingresos por timbres y la incorporación de nuevos aportantes son “genuinos, válidos”. Aclaró que el documento representa un esfuerzo colectivo para ofrecer una solución sostenible, y destacó que “con eso no solo se soluciona el problema, sino que además se le da un beneficio” a los profesionales, quienes podrían trabajar como independientes y acceder a una jubilación de la Caja.
Fondos para pagar junio
En relación con las finanzas de la Caja de Profesionales, Rodríguez Sanguinetti informó que los fondos alcanzan hasta junio de 2025, pero que la situación se agrava diariamente, ya que “se sigue yendo gente y se siguen jubilando”. Advirtió que julio no está cubierto. La situación empuja a muchos profesionales a jubilarse anticipadamente o bajar de categoría de aporte, lo que agrava el déficit.
Por otra parte, comentó que el gobierno no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar su propuesta, y que partidos de la oposición, como los partidos Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana no apoyan la iniciativa del Ejecutivo. Cabildo Abierto presentó una propuesta alineada con la de las organizaciones profesionales, y legisladores de distintos partidos están trabajando en alternativas.
“Corrida enorme de activos”
El representante de la Asociación El Orden Profesional expresó que las medidas del Ejecutivo, como el aumento de aportes o la postergación de la jubilación, podrían generar una “corrida enorme de activos” y enfrentar reclamos judiciales por ser “absolutamente inconstitucional” el proyecto presentado. Comparó la situación de la Caja con otras, como la militar, policial, notarial y bancaria, que han recibido subvenciones estatales, y señaló que la Caja de Profesionales “parece la Cenicienta del sistema de seguridad social en Uruguay”. Concluyó que la propuesta conjunta de las organizaciones profesionales ofrece una solución sostenible, basada en ingresos propios, y espera que sea considerada por legisladores y el Poder Ejecutivo en las negociaciones en curso.
Finalmente, Rodríguez Sanguinetti destacó el trabajo conjunto de las organizaciones profesionales, indicando que “se está trabajando, se está interactuando” con legisladores de todos los partidos. Expresó optimismo sobre el impacto del documento conjunto, que calificó como “un importante insumo para legisladores”, y espera que influya en las decisiones del Poder Ejecutivo. Concluyó que la Caja enfrenta un momento crítico, pero que las propuestas presentadas ofrecen una vía para resolver la crisis sin depender de medidas que afecten a los profesionales activos o pasivos.
