Tras un largo proceso y ante un aumento en los últimos meses de la actividad ciberdelictiva en el sistema financiero, finalmente se optó por votar el proyecto sobre ciberdelitos en la comisión de Diputados, pero sin el apoyo del Frente Amplio.
En el día de hoy se estará votando en la comisión de Constitución, Legislación, Códigos y Administración, integrada con la comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el proyecto de ciberdelitos que fuera presentado en julio de 2021 por el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto.
El pasado 12 de abril, en la última sesión de la comisión especial, el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional adelantó que la intención era votar el proyecto el 3 de mayo. “Día a día los titulares de todos los medios nos informan sobre una actividad ciberdelictiva en aumento, que está afectando y perjudicando a miles de uruguayos, ya que al no haber certezas y seguridades en cuanto a cómo se puede actuar rápidamente frente a estos actos delictivos, de alguna manera la actividad delictiva encuentra cancha libre”, sostuvo el legislador.
Postura del Frente Amplio
En las últimas semanas, la coalición de izquierda presentó una serie de aditivos con respecto a las instituciones financieras. Se trata de un proyecto de 21 artículos, y si bien en la mayoría se compone de temas que están contemplados en el proyecto original, se introdujeron algunos puntos con los cuales existen discrepancias desde la coalición de gobierno.
Estos indican que las instituciones financieras deben resarcir a los damnificados cuando son víctimas de un ciberdelito. Por ejemplo, cuando personas bajo engaño acceden a un link que los lleva a una página web similar a la de su banco y ahí colocan sus datos de ingreso. Con esa información, los delincuentes pueden ingresar a la cuenta real y realizar trasferencias desde esa cuenta hacia otras. En este caso los bancos no se hacen responsables de lo sustraído, lo que ha llevado a que haya centenares de reclamos en proceso. El Frente Amplio pretende que las instituciones financieras efectúen un resarcimiento económico frente a estas estafas.
Actuación rápida por parte del Banco Central
Uno de los cambios más importantes dentro del proyecto es la actuación del Banco Central. En la actualidad, cuando se detecta que se transfirió dinero de una cuenta de un banco hacia otra del mismo banco o de otra institución, ante la denuncia, se debe solicitar a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para saber a quién pertenece esa cuenta destino. Ahora se prevé un sistema más ágil por el cual la denuncia llega directamente al Banco Central para que notifique la inmovilización de la cuenta destino hasta que se sustancie la denuncia penal.
En este tipo de delitos los tiempos son fundamentales. En el caso de una transferencia ilegal de una cuenta a otra, en el tiempo que se expide la Justicia para el levantamiento del secreto bancario, los fondos pueden ya no estar.
Por otra parte, se crea un registro de ciberdelincuentes.
Innovaciones
Dentro del proyecto hay varias innovaciones con la creación de delitos nuevos.
Uno de ellos tiene que ver con la “usurpación de identidad”. Esto hace referencia a cuando una personas o personas, generan cuentas suplantando la identidad, por ejemplo, de un banco mediante la creación de un portal falso. En este caso ya mencionado, el individuo engañado termina colocando datos tales como su nombre y contraseña, y con estos datos los delincuentes pueden ingresar a la cuenta real del individuo y realizar transferencias de fondos.
Otro delito que se tipifica es el de facilitar o vender dispositivos o programas que posibiliten el cometer delitos cibernéticos. También se incluye el delito de acoso telemático. Hace referencia a quien vigile, persiga o procure cercanía física o intente establecer contacto con una persona de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida.
En otros puntos se crea el delito de interceptación ilícita, como asimismo el de datos informáticos en transmisiones privadas y el de vulneración de datos. Esto hace referencia a quien “acceda, se apodere, utilice o modifique datos confidenciales”. En este sentido uno de los aspectos principales es tipificar el robo de bases de datos. Dentro del mundo de la delincuencia cibernética, el hurto de estas bases de datos puede implicar una gran ganancia cuando se venden en el mercado negro. Las bases de datos a menudo contienen información sensible como números de tarjetas de crédito. En algunos países también se han registrado robos de historias clínicas de pacientes, quienes quedan expuestos a chantajes para que no se den a conocer detalles íntimos sobre su estado de salud.
En materia penal una modificación relevante es lo referente al delito de estafa. El proyecto prevé que se cambie la pena actual de seis meses de prisión y cuatro años de penitenciaría a una mínima de un año y una máxima de cinco años.
Convenio de Budapest
Al votarse el proyecto, Uruguay se podrá sumar al Convenio de Budapest. Este es un tratado internacional creado en el año 2001 e impulsado por el Consejo de Europa, que tiene como objetivo incrementar la cooperación internacional en materia de los delitos informáticos.
Esto permitirá a las autoridades intercambiar datos con aquellos países adheridos al convenio. Durante las reuniones de la Comisión, uno de los hechos más destacados era que el país no podía iniciar ninguna investigación sobre ataques que llegaran desde el exterior, por ejemplo, el robo de bases de datos (como sucedió en instituciones públicas) o maniobras con cuentas bancarias. Se podía detectar el país de procedencia, pero al no estar adherido a este convenio no se podían rastrear a los ciberdelincuentes.
Esto llevó a que el Consejo de Europa invitara formalmente a Uruguay a adherirse al mismo. El Convenio de Budapest hoy cuenta con 66 Estados Partes y 15 Estados Observadores, lo cuales intercambian información sobre los ciberdelitos ocurridos en su territorio. También mediante este tratado Uruguay podrá recibir mayor asesoramiento sobre cómo combatir este tipo de delito.
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