En medio de las polémicas generadas por la decisión de algunas empresas de abandonar el país, con exigencias y propuestas de dudosa factibilidad, se pone en discusión la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, responsables del mayor porcentaje de fuentes de trabajo en nuestro país. El Sr. José Pereyra, director del Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial, analizó la situación en entrevista concedida a La Mañana y ratificó su opinión crítica en referencia a la carga tributaria que debe soportar el empresario pymes.
¿Cómo analiza la situación actual el representante del sector empresarial en el Banco de Previsión Social?
Hay señales que se vienen dando desde hace tiempo. Hay algunas propuestas por parte de actores importantes del gobierno vinculadas directamente a reestructuras en las leyes laborales. Eso también plantean algunas empresas, sumado a la realidad económica y sobre todo algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo, que es el peso del Estado y la falta de posibilidad de competitividad en el exterior. Eso habla a las claras de reestructuras que, evidentemente, se empiezan a dar. Entonces, se cae en situaciones como las que hemos visto en el último tiempo. Pero para nosotros hay señales por parte de algunos actores que van a generar incertidumbre, sobre todo del Pit-Cnt, que en estos días tuvo una reunión insistiendo con el tema de, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a seis horas. Esto genera cierta incertidumbre y algunos que están en una situación compleja empiezan a ver señales que no ayudan a tomar decisiones a favor, sobre todo, del país.
La decisión de la empresa Yazaki, los anuncios de Isusa y Nordex, con la postura del Pit-Cnt y actores de gobierno, ¿pueden generar un “efecto dominó”?
Por eso y porque, además, legisladores que son del sector del ministro de Trabajo plantean, por ejemplo, algunas leyes y cambios en las leyes laborales que al otro día uno ve en los diarios o empieza a revisar el menú periodístico sobre lo que se empieza a debatir y generan un ruido que evidentemente va a tener repercusiones. Esto va a provocar cambios en el sistema productivo del Uruguay; sin ningún lugar a duda, si se insiste con este tipo de acciones evidentemente va a haber repercusiones. Sobre eso no tenemos duda. Si hablamos de reducción, en el año 2015 Suecia fue a la reducción a seis horas de trabajo en el área de salud pública, el famoso proyecto Gotemburgo. ¿Cuál fue el resultado? Los costos se hicieron inviables para el municipio de Gotemburgo porque le terminaban generando un déficit a toda la comunidad en Suecia. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente eso va a generar costos en el Estado, costos impositivos, se va a tener que generar nuevos impuestos porque la reducción va a ir hacia todos los sectores, o por lo menos está planteado de esa manera, además, a los sectores que se les quiera imprimir esto van a tener que financiarlos. Y eso de aumentar hoy los costos a las empresas va a demostrar que hay sectores que están profundamente afectados y cualquier movimiento, cualquier anuncio, va a generar que se tomen medidas de inmediato, porque la generación de valor en Uruguay debe ser de alguna manera consentida. Ayer salió una noticia que recorrió el mundo, que es la situación del CEO de Renault, una reunión donde también hubo una posibilidad de cierre.
Se pretende volver atrás con la reforma de la seguridad social y se afirma que en los últimos tiempos se ha perdido la tasa de reemplazo. Ante esta realidad, ¿cómo está el Banco de Previsión Social?
Lo que pasa es que yo tengo una visión muy particular y es que la idea nuestra es hacer un análisis, sobre todo ahora que se va a empezar a hablar del presupuesto, porque es la oportunidad que tenemos de discutir en serio la seguridad social en Uruguay. Se hizo una reforma, se hizo pagar a la gente la reforma, pero, y eso lo dijimos y nos aburrimos de decirlo, no se analizaron nunca los números del organismo, cómo se malgasta el dinero de los uruguayos. Hay un montón de gastos en la diaria y permanente en el BPS. Nosotros empezamos ahora a auditar, armamos un equipo, justamente, económico para auditar el BPS durante varios años para atrás, empezar a ver este tipo de problemas, porque se nos viene un año especial.
Cuando entramos a la dirección, teniendo en cuenta que las elecciones para los directores sociales son un año después de las nacionales, poco podíamos aportar. Ya había una línea de gobierno y un plan de trabajo, o aparentemente había un plan, incluso una reforma estructural de la seguridad social. Ahora estamos en otras condiciones, estamos trabajando, esperando que haya un nuevo gobierno. Ya algunas reuniones están planteadas con legisladores de todos los partidos para sentarnos a hablar de lo que nosotros hemos visto y de la estructura que tiene el organismo para pelear, justamente, cuando toque el año próximo el presupuesto. Pero para nosotros en la línea que se está, lo de los 60 años, por lo menos lo que hemos visto en el tiempo, es una discusión que se ha dado sin analizar fríamente los números de un organismo. Yo no puedo asumir una empresa y al otro día entrar como nuevo gerente, o si tengo un nuevo propietario, poner a alguien de gerente y subir los costos sin analizar en profundidad o hacer una auditoría general de lo que es la empresa. Acá entró un nuevo gobierno y dijo: “Esto está mal, me dicen que está mal, los números globales que me muestran están mal, vamos a aumentar los costos”. Lo puede hacer porque es el Estado. Cualquier empresa o empresario diría que eso no es así. Economistas, gente vinculada a la burocracia y al Estado, generalmente, opinan todos en la misma línea. Evidentemente, no trabajarían en una empresa ni para avisar quién viene.
¿Qué medidas a corto plazo se pueden proponer para volver al Banco de Previsión Social y no, como parece que ser ahora, un banco de asistencia social?
Es un tema cultural, es una de las cosas que hemos atacado y creo que ha quedado bastante claro. Hay cosas que hace el BPS con las que no estamos de acuerdo, pero cuando las vamos a ver, muchas veces se plantean como un derecho. Uno es el tema de las políticas de viviendas sociales, nosotros no las vemos. Hay un montón de organizaciones que se dedican a la tarea de la vivienda y el BPS hace lo mismo y lo hace mal, el BPS realiza un montón de políticas públicas que no tienen nada que ver con la seguridad social en su fin primario, no en el general, porque en realidad la definición de seguridad social es toda aquella necesidad de la comunidad, de la sociedad, entonces termina siendo una gran posibilidad para el actor político de hacer de todo en un organismo donde hay escaso control y los platos rotos los termina pagando el ciudadano en su totalidad en Rentas Generales.
Después, cuando uno va a controlar esas políticas sociales, ninguna funciona correctamente porque el BPS no está formado para hacerlo. Una de las cosas que hemos detectado es que se gasta un montón de dinero en adaptar las leyes laborales al BPS, porque no se dedica a eso, entonces hay que hacer firuletes que le salen carísimos al Uruguay para poder cumplir con los sueños o el ego de algunos actores políticos que han pasado por el organismo. Por ejemplo, algo que hemos hablado en los últimos tiempos es el tema de la salud. Hay que adaptar al BPS, que tiene leyes laborales que implican ciertos horarios, cierta forma de trabajo que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la salud. Entonces, esa adaptación genera costos al Estado uruguayo, que termina pagando por encima de lo que paga cualquier organismo que presta salud.
Nordex anuncia que a fines de febrero se va para Argentina, con una inversión de más de 800 millones de dólares. Isusa, que tiene la particularidad de que cotiza en bolsa, ya le avisó al Banco Central, porque tiene que cumplir con eso, que va a reestructurar, lo que significa la pérdida de por lo menos 250 fuentes de trabajo. ¿Hay alguien que tenga la llave para abrir la puerta a la solución?
Sí, pero otro de los puntos de que se habla y que nosotros hemos visto cuando hablamos con los empresarios va por el lado de la reestructura. Cuando hace cinco años, seis años, las organizaciones empresariales fueron a la Organización Internacional de Trabajo [OIT] a hacer una denuncia porque se estaban violando normas internacionales del buen convivir en Uruguay, el país entró en una lista negra. Estar en una lista negra, evidentemente, no genera buena imagen para el Uruguay en el mundo, las calificaciones de riesgo y de inversión hacen que el país baje. Fue un momento doloroso en la relación de aquel gobierno con las organizaciones empresariales. Asumió el nuevo gobierno y dijo que, de los 10 puntos que la OIT había señalado, se iba a cumplir con 9. Y los cumplió inmediatamente en la Ley de Urgente Consideración para salir de la lista negra. Uno de los puntos era el tema, justamente, de los consejos de salario. Lo que planteaba la OIT era que en los consejos de salario teníamos que hablar de cosas puntuales, no de la barbaridad de cosas de que estábamos hablando; tenemos que hablar de salario, no de todos esos elementos que de alguna manera distraen lo importante hacia el trabajador y que van directo a la empresa y terminan en una negociación que excede todos los cánones del buen relacionamiento entre sindicato y empresa. Otro de los anuncios es que se va a volver atrás y se va a intensificar este punto, o sea, el elemento de la negociación en el consejo de salario. Es un punto para que una empresa diga que, si el gobierno realmente cumple, sus condiciones para generar empleo cambian. Y estos mensajes, reitero que estoy hablando de algunos puntuales, son una batería, uno prende la radio, abre el diario, mira televisión y ve a un actor vinculado al gobierno hablando sobre todo en relación directa con el sindicato, incluso algún exsindicalista planteando que con el nuevo gobierno van a hacer esto o aquello. Ni hablar de la vorágine de ideas de impuestos nuevos que se están planteando todos los días, cuando los actores, los candidatos presidenciales, tenían que decir en televisión, mirando a cámaras y en debate: “No voy a subir los impuestos porque entiendo que la cosa no da para más”. Es muy difícil esperar resultados distintos con esto, es como jugar con fuego y rezar para que no pase nada.
¿Se sobrestima la actuación de los sindicatos como factor para desembarcar o irse del país? ¿O realmente es un factor que puede determinar incluso ser más relevante que una hipotética reducción de costos a nivel de producción?
No, es la forma de actuar del sindicato más que el sindicato en sí. Hay países desarrollados con una actividad sindical importante, pero los sindicatos tienen una relación muy distinta a la que tienen acá. Si yo planteo en el discurso odio hacia la empresa, hacia el empresario y hacia la actividad empresarial, como si fuera un ser distinto genéticamente y naciera malo por algo que está demostrado por la ciencia que es una barbaridad decirlo en este siglo, parece de alguien que ni siquiera pasó la primaria, pero uno escucha esos discursos permanentemente y ya la relación cambia. Está en la naturaleza humana. Si yo me siento con alguien y sé que le caigo mal, mi posición no va a ser la misma, no me voy a sentir muy cómodo y no voy a tener ganas de estar. Si tenemos un sindicalismo que permanentemente habla de odio sin conocer a la otra parte, porque muchas veces no conoce a la otra parte y habla con odio permanente, es muy difícil que las señales sean positivas. Todo el tiempo están haciendo declaraciones, sobre todo los actores del Pit-Cnt, tratando de mentirosa a la empresa, de cobarde. Los epítetos eran de todo color y calibre, y de repente resulta que hacía un tiempo eran amigos, gente de bien, una empresa japonesa, de un país serio, con tradición, palabra, un montón de valores. Los empresarios uruguayos no tenían tanta grandilocuencia o tantos elementos de valor para los propios actores del sindicato, ahora pasó el tiempo, la estructura cambió y hubo exceso de actividad sindical.
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