La Mañana dialogó con Jorge Bermúdez, representante de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud (Junasa), sobre la actual situación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y los cambios que podrían efectuarse con el reciente gobierno. El también secretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) sostiene que “una gobernanza débil” en los controles que se deben efectuar a las instituciones hace que el cumplimiento de los procesos que marca la ley se debilite.
¿Cuál es la expectativa que tiene del nuevo gobierno respecto al tema de la salud?
La FUS se reunió con el gobierno entrante antes de que fuera electo, como con los otros partidos. Se entregó un documento, a cada uno de ellos, elaborado en conjunto con las organizaciones de usuarios, en lo que hemos llamado el Frente Social en Salud. En aquel momento la delegación del Frente Amplio estaba encabezada por el hoy presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta, Carolina Cosse, también se encontraba con ellos la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Coincidieron con los aspectos fundamentales de dicho documento. Entendemos que fue un gobierno del Frente Amplio el que creó por ley el SNIS en 2007 y este gobierno de la misma fuerza política ahora debe profundizar este sistema, tomando en cuenta las actuales realidades. Pensar que en 2025 el sistema y la situación es la misma que en 2007 sería una equivocación. Existen principios que deben mantenerse tal cual. Por ejemplo, el SNIS nació para combatir la desigualdad que se producía en la atención entre aquellas personas que tenían recursos para atenderse y otras que no. Basta recordar que en Salud Pública solo se atendían aquellos que tenían el llamado “carné de pobre”. A partir de la creación del SNIS y de ASSE, se han mejorado claramente los niveles de atención para esa población. La FUS, en su congreso de 2003, en Mercedes, definió la creación de un sistema nacional de salud. Este planteo lo recogió el Frente Amplio, primero en su programa y luego lo hizo suyo como gobierno. Así que tenemos enormes expectativas con el gobierno actual, sobre todo tomando en cuenta las enormes dificultades que padece hoy la población uruguaya para acceder a servicios de salud de calidad.
Si bien ASSE atiende a 1,5 millones de personas, el resto está dividido en las mutualistas, muchas de las cuales presentan serias dificultades. ¿Cuál es su visión de por qué esas instituciones han llegado a este punto?
Cuando discutíamos la creación del sistema, los trabajadores de la salud planteamos que las instituciones privadas para funcionar bien deberían tener, entre otras cosas, un límite inferior y uno superior en la cantidad de afiliados que podían captar, tomando en cuenta la capacidad instalada. En ese momento se nos planteó que eso no podía ser, porque vulneraba derechos individuales y los derechos de propiedad. Creo que fue una equivocación no haberlo hecho. Entiendo que, a nivel del juego de la política, si ahora se tomara esa decisión, desde la oposición saldrían diciendo que Uruguay es Venezuela. Así que de ninguna manera ese tema va a estar en discusión nuevamente.
En segundo lugar, hay un papel fundamental del Estado en la gobernanza del proceso. El SNIS está sostenido por el Fondo Nacional de Salud, al cual aportan los uruguayos, de acuerdo con su condición (solteros, casados, con familia a cargo, etc.), una determinada proporción de sus salarios. Ese dinero se vuelca a las instituciones de acuerdo con el número de afiliados y los servicios que presten. Eso se llama Compromiso de Gestión y se acuerda con la Junasa, estableciéndose metas sanitarias y cápitas que se pagan para cumplir con ellas. Así se financia hoy una institución de salud. Entonces, el papel de la gobernanza del Ministerio de Salud Pública controlando el proceso, el cumplimiento de las metas sanitarias y la utilización de esas cápitas para llegar a esas metas es crucial. Por lo tanto, una gobernanza débil hace que el cumplimiento de esos procesos se debilite. Y lo que ha habido fue una gobernanza débil en este gobierno que terminó, pero también en la última etapa los anteriores gobiernos del Frente Amplio.
Según su criterio, ¿cuándo el nuevo sistema funcionó mejor?
Claramente en el ministerio de María Julia Muñoz, de 2005 a 2010, al crearse el sistema. O sea, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue donde las máximas realizaciones se dieron. Después, el Frente Amplio tomó otro camino, producto del desarrollo de la política económica y las crisis internacionales de 2008 y 2015. Ahí claramente se afectó el proceso de crecimiento de la economía, se frenó y se produjo pérdida de salario y puestos de trabajo, culminando en la derrota electoral del Frente Amplio en 2019. En ese escenario hubo también un deterioro del sistema naciente de la salud, ya que el Frente Amplio entendió (es lo que nos parece a nosotros) que había que mantener el proceso y no profundizarlo. Creo que el mayor error de un proceso en construcción permanente, como es el SNIS, es creer que no hay que profundizarlo o que se puede enlentecer su profundización. Eso es un error y por ello algunas situaciones que hoy tenemos se dan como parte de esa realidad.
¿Qué rol le asigna al gerenciamiento de las instituciones mutuales?
Hay gente que hace las cosas bien y otra que las hace mal. Y cuando las cosas se hacen mal, terminan mal. Por ejemplo, no pienso que la caída de Casa de Galicia se produzca por una decisión política del gobierno de Lacalle Pou. Se produce por una pésima administración, con más de 20 años de crisis, que recibió tres fideicomisos. Y no le estoy pegando a los caídos, no me estoy metiendo con la última administración de Casa de Galicia. Estoy hablando en general. Podemos también ver la situación del Casmu, que nació con un pasivo de 100 millones de dólares, generado cuando se separó del Sindicato Médico del Uruguay. Y quien lo llevó a esa situación fue la mala conducción del Sindicato Médico. Por lo tanto, hay procesos que vienen de tiempo atrás.
¿Qué panorama observa dentro de las mutualistas?
Por un lado, tenemos instituciones que se han abarrotado de socios sin tener la capacidad instalada suficiente para hacer frente a ello y, por otro, algunas tienen crisis endémicas producto de malas gestiones que vienen de antaño. A eso se puede sumar malos gerenciamientos. Pero hay dos elementos que son los salarios y el valor de los medicamentos. En Uruguay, el 70% del mercado de los medicamentos está controlado por una sola empresa, un solo laboratorio. Ese oligopolio marca el precio de los medicamentos. Y en materia de salarios médicos, hay valores totalmente desmesurados con respecto a la realidad de Uruguay. En el caso del anestésico-quirúrgico se paga por acto médico. Eso fue producto del gobierno de Lacalle Herrera en 1993. Ese hecho de pagar por acto médico desfinanció fuertemente al sistema y las instituciones. Los salarios de algunas especialidades son imposibles de pagar. Hay una discusión que debe darse, por ejemplo, con la academia. ¿Con qué objetivo se forma el médico? ¿Es un tema de visión y vocación o es un tema de rápidamente acceder a una vida superior? La 4×4, el campo, la propiedad inmobiliaria. Usted se para en Colonia, va hasta Paysandú y tiene toda esa enorme franja de campos de soja, muchos de los cuales son propiedad de médicos estancieros. Hoy hay médicos que son “los dueños del pueblo”. Esos salarios hay que discutirlos.
¿Esos salarios se pagan por una cuestión de disponibilidad de especialistas?
No es un tema de capacidad. Es un tema de poder pagarlos de acuerdo con la realidad del sector. Hay especialidades en particular que tienen como mucho 70 médicos, como el caso de urología. Entonces, el requerimiento que ellos tienen y los salarios que cobran son tremendos. Estamos hablando de un salario de 900 mil pesos por mes y en un solo lugar, porque generalmente trabajan en cuatro o cinco. Si realmente queremos cambiar y avanzar en este modelo de salud, todo ese tema salarial también hay que discutirlo.
¿Qué se tendría que agregar al SNIS que hoy no se está cubriendo?
Son varias cosas. Por ejemplo, tiene que haber un sistema de traslado de pacientes. Hay situaciones, sobre todo en el interior del país, que son calamitosas. Hay gente que hay que trasladar a la capital departamental y nadie le traslada, salvo la Policía. Porque las instituciones del interior no salen del límite de la capital departamental. Si usted se lastima en Tomás Gomensoro y está afiliado a Gremeda Artigas, esta no lo va a ir a buscar a Tomás Gomensoro. No sale de la capital departamental a pesar de que tiene ambulancia para hacerlo. Y eso se repite en distintos lugares en el interior. También está el tema de la radicación de médicos especialistas en el interior. Hay veces que pasa, y también en Montevideo, que lograr que un médico haga una guardia un fin de semana o cuando son las fiestas es un milagro porque están tan sobrados de dinero que la mayoría no agarra y el que lo hace es el recién recibido. Creo que hay que combatir en el SNIS el afán de lucro. Esto es propio del ser humano y del sistema capitalista. No digo que lo vamos a eliminar, pero el afán de lucro no puede superponerse al interés de un bien social, que es la población.
Como integrante de la Junasa, ¿qué se puede mejorar del sistema de salud desde ella?
En primer lugar, que la Junasa sea realmente la instancia de dirección política del SNIS. No lo ha sido hasta ahora y sobre todo en el último período. El tema de la participación popular es un elemento clave para avanzar. El gobierno pasado eliminó las Juntas Departamentales y Locales. Los consejos consultivos por institución prácticamente no funcionan. La Junasa se ha convertido en un órgano burocrático que recibe información, pero no tiene decisión política para cambiarla. Hay que darle poder de resolución, no solamente votar que una mutualista compre una casa para ampliar sus consultorios. Eso está bien, pero hay que discutir desde la Junasa los cambios que el sistema requiere en los tres pilares fundacionales, que son los modelos de atención, de gestión y de financiamiento.
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