Así lo anunciaron desde la Oficina Nacional del Servicio Civil durante la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Los senadores recibieron también al equipo económico que realizó valoraciones sobre la Rendición de Cuentas. Además, legisladores de la coalición dieron su respaldo a las autoridades de ANEP y al impulso a la transformación educativa.
El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONCS), Conrado Ramos, informó que en noviembre se habilitará a que cualquier ciudadano interesado pueda consultar a través de la web del servicio civil si una persona tiene o ha tenido vínculos laborales con el Estado, a través del registro de vínculos con el Estado. Este anuncio por parte de Ramos lo realizó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, que se encuentra examinando la Rendición de Cuentas.
Según explicó a los legisladores, más del 70% de los cargos en la Administración Central no tienen una buena descripción de tareas porque son genéricos. “Uno dice profesional, asesor o administrativo, pero no se sabe exactamente qué hace y no es lo mismo un liquidador de sueldos que un asistente administrativo, y así sucesivamente”, sostuvo Ramos.
La ONSC identificó aproximadamente unas 100 ocupaciones y 20 de administración superior, mediante un trabajo de un año y medio en que se entrevistó a casi dos mil funcionarios en los ministerios. Dentro de las fallas encontradas, se detectaron más de 17 mil movimientos no registrados de altas y bajas en ingresos y egresos de la administración central. También fallas en la categorización, por ejemplo, “hay intendentes que aparecen como jornaleros”, dijo el director de la ONSC.
Resaltó como uno de los cambios importantes en esta administración es que los funcionarios puedan presentarse a cursos de capacitación sin que sean sus jerarcas quienes los envíen, porque “los que hacían los cursos eran siempre los mismos”. Esto permitió que, en el interior, se subiera del 1% al 18% la cantidad de funcionarios que hacen cursos, los cuales mayormente son a distancia.
El tema de las licencias por enfermedad
Otro tema que estuvo en la atención de los legisladores es el cambio de criterio para el pago de las licencias por enfermedad, que se van a equiparar al que rige para los empleados privados. Ramos explicó que, a nivel internacional, en muchos países el seguro es pagado por empresas privadas, “entonces el que audita y el que se encarga de que no haya abusos son los seguros privados porque son los que pagan”, dijo Ramos. En Uruguay paga el BPS por lo cual “el Poder Ejecutivo entendió que teníamos que cargar las tintas sobre las auditorías que tienen que hacer los prestadores para evitar los abusos”.
La solución encontrada son las historias clínicas digitales. Se plantea entonces que el acceso sea gratis y el BPS va a poder acceder a las mismas y “los prestadores tienen que informarla” dijo Ramos. Acotó que “lo que estamos tratando de hacer es que los prestadores mismos se encarguen mejor de las auditorías que hacen sus propios médicos que están trabajando, en este caso, con funcionarios del sector público”.
Sobre el tema se señaló que las licencias por enfermedad han crecido desde 2019 a la fecha, con y sin el Ministerio del Interior. Se notó “un aumento explosivo de certificaciones” tanto en ASSE como en ANEP, donde las suplencias se llevan casi un sexto de su presupuesto.
Por otra parte, en materia salarial se propone una nueva escala a implementarse el año próximo. Actualmente, el 85% del gasto de remuneraciones está en el rubro de compensaciones especiales y se detectaron casos en que en un ministerio un administrativo grado ocho ganaba $ 120.000, mientras que en otro ministerio y por el mismo grado, se ganaba $ 55.000. Con la nueva escala propuesta, el de $ 55.000 pasa a $ 60.000, y el de $ 120.000 se lo lleva a $ 60.000 como sueldo base, y los otros $ 60.000 son compensaciones personales.
Ramos también fue crítico con respecto a los cargos de confianza. Sobre el particular, indicó que “más allá de que se ponga en algún programa que hay que disminuirlos, no ha habido un tratamiento serio y sistemático sobre este tema en el Uruguay a nivel del sistema de partidos”.
También explicó que se creará un comité ejecutivo para la reforma organizativa, compuesto por la ministra de Economía y Finanzas, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Cuando se apruebe la reestructura, se presentará a la Asamblea General para su aprobación. En algunos ministerios dejará de regir el criterio de que por cada tres funcionarios que se den de baja, ingresa uno.
Dentro de los datos que tiene la Rendición de Cuentas sobre la Oficina Nacional del Servicio Civil se señala que en el 2021 ingresaron nueve personas trans a cinco organismos del Estado y cinco de ellos se encuentran en el tramo de 19 a 29 años, mientras que cuatro tienen 30 años o más. En cuanto a los afrodescendientes, el ingreso fue de 200 personas afrodescendientes, siendo, entre otros, 80 como soldados, 20 en Antel y en Oficios, y 16 como peones zafrales en OSE. Sobre ingresos de personas con discapacidad de algún tipo, en 2021 ingresaron al Estado 18 personas, en 2020 habían sido 23, mientras que el promedio en el período 2017-2019 fue de 85.
El equipo económico recibió comentarios de los senadores
Durante su comparecencia en la Comisión, la ministra Azucena Arbeleche dijo que para 2023 habrá US$ 226 millones adicionales al presupuesto. Dentro de las cifras brindas a los legisladores, se indicó que en 2019 se daban apoyos, a través de distintos instrumentos del Ministerio de Desarrollo Social, por un monto equivalente a US$ 268 millones y esa cifra, en 2021, pasó a ser de US$ 502 millones, básicamente como respuesta a la situación de pandemia, que implicó un crecimiento del 25 % en términos reales.
El Fondo Covid se ubicó el año pasado en US$ 1.153 millones, de los cuales US$ 448 millones fueron para las medidas sanitarias, incluida la vacunación. Arbeleche dijo ante los legisladores que “todavía tenemos una caída en materia de masa salarial, concretamente de 3,2%”.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo en la Comisión que, si se analiza el histórico del crecimiento de los últimos años, los números que rondan el 2%, el 3% o el 4% “de esas cifras no salimos nunca”.
“Creo que este es un momento, una instancia apropiada para plantear si realmente no vamos a incursionar en el camino de cambiar ciertas reglas de juego tradicionales, sobre todo en el tratamiento de lo que refiere al trabajo nacional, a la micro, pequeña y mediana empresa, al cuentapropista, al generador del 90% del empleo en el sector privado”, dijo Manini.
El senador cabildante acotó que las políticas históricamente apuntan a atender a aquellos sectores más frágiles de la sociedad “y a contemplar a los grandes capitales y a las grandes empresas, pues se les tiende la alfombra roja y se les concede muchísimas cosas que no se le brindan al pequeño productor y comerciante nacional”. Para Manini, “es hora de implementar, de una vez por todas, ese tipo de políticas que le den oxígeno a ese sector que en definitiva representa el trabajo nacional”.
Apoyo a Silva por reforma educativa
Legisladores de la Coalición apoyaron al presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, tras la agresión sufrida en el Cerro durante una conferencia sobre el proyecto de reforma educativa.
Una de las próximas visitas será en Salto el viernes y la Coordinadora de Sindicatos de la educación en la Asociación Magisterial de Salto podría plantear algún tipo de movilización.
El vocero del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), Maximiliano Santos, dijo en el programa radial En Perspectiva que en la conferencia del Cerro “estaban los patovicas que habían contratado” y les daban “patadas por lo bajo” a los manifestantes. Esto fue negado por Silva. “Lo que allí pasó fue que algunos se solidarizaron con lo que estaba pasando. Algunos vecinos de la zona que pusieron su cuerpo y su buen temple para tratar de atender la situación”, dijo Silva tras la reunión con la bancada de la Coalición.
Sobre la conferencia en Salto, el presidente de Anep señaló: “Sí me han dicho que tenemos que velar por algo más de seguridad, nosotros en principio no lo estamos previendo. El Uruguay en el que vivimos, cualquiera de nosotros libremente puede ir a cualquier lugar y ningún matón, ninguna persona puede impedir que eso acontezca”.
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