El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta espera que se esté votando próximamente una nueva ley que garantice el ingreso a las intendencias por concurso o sorteo. En diálogo con La Mañana y sobre el caso del exintendente Guillermo Besozzi, señaló que “el Partido Nacional ha tratado de centrar el debate público en torno a la fiscal”.
¿Qué comentarios le merecen los cuestionamientos desde el Partido Nacional a la fiscal Stella Alciaturi, quien solicitará la formalización del exintendente Guillermo Besozzi?
Pensamos que el tema central es la situación del exintendente Besozzi y no la fiscal. Besozzi fue imputado de siete delitos, a través de 15 hechos que están detallados en el trabajo que realiza la fiscal y que es convalidado como elemento suficiente por parte de la jueza para determinar la formalización y la prisión domiciliaria del exintendente. Ese es el elemento central. Los elementos vinculados a la denuncia que se realiza respecto a la fiscal y sus expresiones a través de las redes sociales ameritarán o no alguna acción de la Fiscalía, en caso de comprobarse que efectivamente fue así. Escuché declaraciones de la fiscal en las cuales manifiesta que no había realizado esos posteos. El Partido Nacional ha tratado de centrar el debate público en torno a la fiscal, cuando en realidad lo importante es determinar la responsabilidad de una de las figuras más relevante de esa colectividad en el departamento de Soriano, que fue tres veces intendente departamental. Esta no es una cuestión personal con Besozzi, con el cual he tenido en ocasión de ser ministro de Trabajo una muy buena relación. Pero los hechos denunciados son muy graves, tanto o más graves que los sucesos del departamento de Artigas con el caso Caram.
Frente a esta situación, ¿cómo considera que debe actuar el sistema político?
Tenemos que trabajar para transparentar las gestiones departamentales. Hay un antecedente muy importante que es la votación que se produjo en el Senado, en el último año de la gestión del gobierno del doctor Lacalle Pou. Fue la votación por parte del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio del proyecto de ingreso por concurso o sorteo a las intendencias. En este caso faltó un voto para alcanzar la mayoría de dos tercios que exige la ley, ya que se modifican normas que afectan la autonomía de los gobiernos departamentales. Nos parece que traer de nuevo esta ley sería un paso muy importante para lograr efectivamente transparentar el acceso a los cargos que las intendencias ofrecen, y que son una fuente de empleo fundamental en los departamentos del interior del país.
Han existido cuestionamientos a cómo están actuando los fiscales y se habla de una politización de la Fiscalía. ¿Qué opina al respecto?
Hay denuncias con respecto a la politización de la Fiscalía, como las que ha hecho el senador Sergio Botana, que me parecen extremadamente graves. Uno puede tener una diferencia con el fallo de un fiscal. Por ejemplo, la Fiscalía archivó la denuncia que el Frente Amplio hizo sobre la situación del Puerto de Montevideo, archivó el caso del exministro de Turismo Germán Cardoso. Entonces, usando términos del senador Botana “la fiscalía no puede ser un Comité de Base”, capaz que en los casos que involucran al FA, se refiere a un Comité del Partido Nacional o del Partido Colorado. O sea, este tipo de expresiones es una manera de desprestigiar a la Fiscalía. Además, hay otro hecho que llama la atención. La fiscal Stella Alciaturi fue la misma que procesó al exintendente Agustín Bascou, del Partido Nacional, acusado de comprar combustibles por parte de la Intendencia a una estación de servicio de su propiedad. Y ahí no hubo ningún cuestionamiento a su accionar desde su partido. ¿Por qué surgen ahora estos cuestionamientos? Evidentemente, la figura de Besozzi es muy importante para el Partido Nacional en lo que será la elección de mayo.
¿Cómo observa que los senadores del Partido Nacional hayan pedido a la fiscal de corte (subrogante), Mónica Ferrero, analizar el accionar de la fiscal Alciaturi?
No veo inconveniente en que lo plantearan. Pero me parece que el debate público no debe estar centrado en cómo actuó la fiscal. El debate público tiene que estar centrado en cómo actuó el exintendente y otros que ya están formalizados. Acá hay más de 30 personas procesadas entre funcionarios de la Intendencia y privados, una telaraña de relaciones con prebendas de un lado y del otro. Todo esto desprestigia al sistema político, al Partido Nacional y evidentemente instala una discusión sobre cómo manejan los gobiernos departamentales muchos temas y particularmente los ingresos de funcionarios. Y mi opinión vale para todos los partidos. Yo he escuchado denuncias respecto a algún intendente del Frente Amplio y si hay pruebas, que se pongan sobre la mesa y punto. No vamos a defender prácticas de este tipo, de nadie.
Con respecto a Soriano, ¿cómo observa el Frente Amplio que afecta la campaña la prisión domiciliaria de Besozzi?
He conversado con compañeros de Soriano y no hay mucha claridad respecto a que esto tenga incidencia en lo electoral, ya que hay una actitud del exintendente Besozzi de reafirmar su inocencia. Pienso que hay cosas que están tan naturalizadas, que a veces no se logra determinar que se está cometiendo un delito. Es la famosa gauchada. Recuerdo al alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, que se denominaba “el alcalde las mil gauchadas” y seguramente no tenía mucha conciencia que estaba cometiendo un delito. Quizás Besozzi no tenga mucha claridad respecto a que aparentemente, y según la fiscal, ha cometido delitos.
Este tipo de hechos a veces se ven con una visión capitalina, pero actitudes como la de Besozzi con los vecinos, ¿no son algo relativamente normal en las intendencias del interior?
Creo que hay una cultura instalada, que se vislumbra como parte de la cultura normal, pero que no era solo en el interior. En Montevideo, cuando gobernó el Partido Colorado el ingreso era a dedo y en función del vínculo político que se establecía con alguno de los caudillos del departamento. También sucedía en Canelones. Creo que esa cultura instalada es la que explica que a veces se desarrollen tareas que claramente son ilegales, pero se entienden como naturales. Entonces tenemos que transformar esa cultura porque perjudica al sistema democrático y quita transparencia y no da garantías a los ciudadanos por igual en la posibilidad de acceder a un cargo en la Intendencia o ser un proveedor de esta. Desde el año 1990, en la Intendencia de Montevideo es imposible el ingreso a dedo, porque hay una estructura de ingreso a través de llamados, listas de prelación, concursos donde participa Adeom como veedor, o sea se dan garantías. Y eso lo puedo asegurar porque me ha tocado dirigir el departamento de Gestión Humana de la Intendencia en el período del ingeniero Daniel Martínez. Ahí no hay que confundir los cargos políticos, que esos sí los determina el intendente, pero se van cuando se va este.
Usted mencionaba el proyecto sobre ingresos a las intendencias que no había alcanzado los votos necesarios. Con los cambios de fuerzas a nivel del Parlamento, ¿lo piensan plantear nuevamente?
Ya existe un proyecto presentado por el senador colorado Robert Silva y otro en la Cámara de Diputados presentado por la diputada Nibia Reisch, también del Partido Colorado. El Frente Amplio también está trabajando en un proyecto y en mi opinión esto se va a terminar confluyendo en un proyecto común. La habilidad del exsenador Adrián Peña, con su proyecto sobre esta temática, fue tomar un viejo artículo que venimos planteando desde el 2005, darle una forma y lograr además el apoyo total del Partido Colorado. Por lo tanto, considero que llegaremos a un acuerdo y los partidos seguramente van a mantener la posición que tuvieron en su momento en la votación en el Senado, por lo cual vamos a tener una amplia mayoría en la Cámara de Senadores y también una mayoría suficiente en la Cámara de Diputados.
Además, he escuchado declaraciones de uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de Canelones, el diputado Andújar, que planteó que es partidario de este proyecto. Por lo tanto, una estupenda señal política del Parlamento es que esto saliera por unanimidad en las dos cámaras. También sería muy bueno para el Partido Nacional intentar erradicar esas prácticas, que son bastante habituales siendo el partido que tiene más intendencias.
En referencia al fiscal de Corte, ¿piensa que se podrá llegar a un acuerdo para su nombramiento?
No hay negociaciones en ese sentido, como en otros organismos de contralor, o sea Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Para nosotros sería muy importante alcanzar un acuerdo, para tener una o un fiscal general que no sea subrogante, ya que la actual fiscal Mónica Ferrero es subrogante de otro subrogante que fue el fiscal Juan Gómez. Por lo cual también sería una buena señal lograr las mayorías especiales necesarias para votar por una o un fiscal general que nos dé garantías a todos de ecuanimidad y equilibrio en su función.
