Fue presentado el informe “Interés por intereses: análisis del endeudamiento de los hogares en Uruguay”, elaborado por el grupo de trabajo “Endeudamiento ¡Uy!”, conformado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, la Facultad de Ciencias Sociales, la Asociación de Bancarios del Uruguay y el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. En el documento se ofrece un diagnóstico sobre el endeudamiento de los hogares uruguayos. El estudio está basado en datos del Banco Central del Uruguay (BCU), encuestas y grupos focales.
El informe subraya la necesidad de una mayor presencia del Estado en tres ejes principales: fortalecer la educación financiera, mejorar la regulación de publicidades y la información proporcionada a quienes solicitan créditos, y evitar que la deuda sea la única salida para problemas urgentes, como enfermedades. Los datos cuantitativos muestran que el endeudamiento es un problema estructural, mientras que los testimonios revelan el peso emocional y social que conlleva. Por ejemplo, los grupos focales destacaron que las mujeres enfrentan el endeudamiento con una carga adicional, relacionada con sus roles en el hogar, y que el miedo a caer en un ciclo interminable de deuda es una preocupación compartida. Asimismo, la encuesta de 2017 sobre finanzas de los hogares, citada en el informe, confirma que los motivos principales para endeudarse (pago de deudas, gastos corrientes y salud) se mantienen consistentes con los datos actuales, lo que indica una problemática de larga data.
La coordinadora del proyecto, Elisa Failache, explicó que Uruguay mantiene “un bajo ratio de crédito a las personas físicas sobre el PIB, o sea, es más o menos 12,3% según fuentes del BCU en 2023”. Este nivel, comparado con otros países, se debe principalmente al “escaso desarrollo del crédito hipotecario”, lo que posiciona al país en una situación intermedia en términos de crédito al consumo y para la adquisición de automóviles. Sin embargo, Failache destacó un cambio significativo: “en los últimos 3 años, ha habido un incremento en el crédito al consumo”, con un aumento notable desde 2021, tras un crecimiento más moderado entre 2016 y 2021. Este segmento representa un 7,8% del PIB, equivalente a 6400 millones de dólares, según el informe.
El sistema financiero, integrado por bancos, administradoras de crédito y cooperativas de ahorro y crédito, es el principal proveedor de préstamos. Sin embargo, también existen otorgantes de crédito fuera del sistema regulado por el BCU, incluyendo el “crédito ilegal” como el conocido “gota a gota”, préstamos de muy corto plazo con condiciones de cobro que, según Failache, “son en general de ejercicio de la violencia”. Failache señaló que “el crédito ilegal no está tampoco del todo bien mapeado”, lo que complica la implementación de políticas efectivas para abordarlo.
En el mercado formal, el Banco República (BROU) concentra el 50% del crédito al consumo de familias, seguido por un 25% de administradoras de crédito y otro 25% de bancos privados y Fucerep. Failache explicó que “el bajo peso de los bancos privados en este segmento” se debe a que estos priorizan operaciones con empresas, mientras que el estudio se centró en las personas físicas. Un aspecto relevante es que buena parte de las empresas administradoras de crédito pertenecen a instituciones, o sea, son propiedad de bancos, lo que influye en las condiciones de los préstamos. Los créditos con autorización de descuento en el sueldo tienen tasas de interés más bajas, de entre 37% y 40%, según el BCU, y han mostrado estabilidad o una leve disminución en los últimos años. En contraste, los créditos sin esta garantía alcanzan tasas “casi del doble”, cercanas al 122%, según un estudio de Graciela San Román, integrante del equipo, lo que genera “dificultades de poder pagar los préstamos” para quienes acceden a estas tasas más altas.
Las tasas de morosidad varían según la institución. Los bancos y el BROU, que prestan principalmente a través de descuentos en el sueldo, presentan menores niveles de incumplimiento, mientras que las administradoras de crédito, que atienden a personas sin garantías formales, enfrentan tasas de morosidad más altas. Failache subrayó que estas diferencias reflejan las condiciones desiguales en las que se otorgan los préstamos, lo que impacta directamente en la capacidad de pago de los hogares. Además, el informe destaca que las altas tasas de interés de los créditos sin autorización de descuento agravan las dificultades financieras de los sectores más vulnerables.
Los “irrecuperables”
El estudio revela que 1.900.000 personas, equivalente al 65% de la población adulta, tienen registros crediticios. De estas, un 37% (unas 650.000) son consideradas “deudores con dificultad”, catalogadas como “irrecuperables” en el Banco Central. Una encuesta incluida en el informe indica que el 40% de la población declara “nunca pedir dinero prestado”, el 35% está al día con sus pagos, pero un 22% está atrasado o ha dejado de pagar. Además, el 47% de los hogares afirma que la situación de endeudamiento les preocupa “bastante o mucho”, y un 15% indica que les preocupa “un poco”. Failache destacó que la población está “bastante dividida” en su percepción del crédito: un tercio lo ve como “una oportunidad”, un 40% como “un riesgo” y un 28% como “una necesidad”. Esta distribución se mantiene similar en todos los estratos socioeconómicos, lo que sugiere que el endeudamiento es un fenómeno transversal que no discrimina por nivel de ingresos.
Entre las personas que piden dinero prestado con alguna frecuencia, 3 de cada 10 lo hacen para pago de deudas, y porcentajes muy similares declaran que lo hacen para inversiones de la casa/auto (27%), o gastos cotidianos del hogar (26%). También gastos en salud (17%). A medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas que declaran pedir dinero para pago de deudas. Entre los jóvenes, aumenta el porcentaje que declara endeudarse por temas de salud (19%).
Failache subrayó que “la gente se estaría endeudando para pagar deuda”, un fenómeno que refleja ciclos prolongados de endeudamiento, descritos en los grupos focales como una “calesita” que genera temor. Las mujeres, en particular, reportaron una “mayor carga emocional” asociada al endeudamiento, vinculada a la “responsabilidad doméstica”. El informe también señala que al 20% de la población le cuesta mucho hablar sobre el endeudamiento con amigos o familia, y un 34% indica que le cuesta un poco, lo que evidencia el estigma social que rodea al tema. En los grupos focales, se identificó que el endeudamiento es percibido como una “puerta de entrada” a ciclos prolongados de deuda, lo que genera “mayor terror” entre los participantes.
La encuesta también reveló que de cada 10 personas (69%) utiliza tarjeta de crédito al menos una vez al mes. A medida que aumenta el nivel socioeconómico, aumenta el porcentaje de personas que utiliza tarjeta de crédito. A medida que disminuye la edad, también aumenta el porcentaje de personas que utiliza tarjeta de crédito. Entre las personas que utilizan tarjeta de crédito, 7 de cada 10 (72%) declaran que pagan el total en fecha, mientras casi 2 de cada 10 hacen pagos parciales antes o el día de vencimiento de la tarjeta. Esto quiere decir, que, según lo declarado, entre las personas que usan tarjeta de crédito, 1 de cada 4 (26%) está expuesta al pago de tasas de interés de las tarjetas. A medida que disminuye el nivel socioeconómico, disminuye el porcentaje de personas que pagan el total de la tarjeta en fecha y entre las personas de 30 a 59 años, disminuye el porcentaje que paga el total en fecha. Por otra parte, casi 6 de cada 10 personas que utilizan tarjeta de crédito (57%) declara que no conoce la tasa de interés que le cobra la tarjeta.
Los datos sobre que Clearing son por demás ilustrativos de la situación: casi 3 de cada 10 personas (28%) declara estar en el Clearing y 11% dice no saber si está o no. En la franja etaria entre 30 y 59 años, se visualiza el mayor porcentaje de personas que declaran estar en el Clearing por algún motivo (principalmente por no pagar un préstamo pasado).
A medida que disminuye el nivel socioeconómico, aumenta el porcentaje de personas en el Clearing. Entre las personas de nivel socioeconómico bajo, casi 1 de cada 2 (49%) declara estar en el Clearing.
“Tenemos un problema estructural”
Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del BCU, resaltó que “tenemos un problema estructural de endeudamiento en una proporción significativa de los hogares uruguayos”, especialmente en los sectores de menores ingresos, donde “más de un tercio de los usuarios del crédito formal presentan dificultades de pago”. Esto impacta directamente en la calidad de vida y el acceso a servicios básicos como alimentación, salud y vivienda. De los Heros destacó dos aportes clave del informe: la “dimensión subjetiva del endeudamiento”, que incluye percepciones y emociones, y el rol de la deuda como “mecanismo de integración del consumo primero y simultáneamente de exclusión social”. Propuso seguir indagando en el crédito informal, las “prácticas opacas y asimétricas” en la información crediticia y la relación entre ingresos bajos y el sobreendeudamiento. Desde el BCU, se busca “desarrollar el mercado de crédito especialmente en pesos” para que sea accesible y permita a las personas “organizar mejor nuestra vida y nuestro presupuesto”. También enfatizó la necesidad de profundizar en la perspectiva de género, cuestionando si “esta realidad es similar para los hogares que tienen jefas de hogar”.
Llamadas abusivas
La diputada del Frente Amplio Julieta Sierra expresó preocupación por los 650.000 uruguayos en las peores categorías crediticias, señalando que “tenemos un problema”. Señaló que la concentración del mercado está en un 63% en manos de administradoras de crédito propiedad de bancos, y las altas tasas de interés de los créditos sin autorización de descuento. Sierra vinculó el aumento del endeudamiento desde 2021 a “40 meses consecutivos de salarios congelados”, lo que ha empujado a las personas a endeudarse para cubrir necesidades básicas. Mencionó un proyecto de ley que presentó para reestructurar deudas, que busca consenso entre varios partidos, pero advirtió que se debe trabajar sobre él, ya que regulaciones estrictas podrían derivar en un aumento del crédito informal. También denunció prácticas abusivas, como “la cantidad de llamadas, la cantidad de amenazas” y documentos falsos que “parecen órdenes judiciales”, generando temor entre los deudores. Relató una experiencia personal: “Me llamaron: ‘Vos sos nieta de Beatriz’, que es mi abuela. […] Era de una financiera a la que mi abuela le debía plata, no sé todavía cómo consiguieron mi teléfono”.
