Es vox populi que el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, es uno de los principales –sino el principal– apoyo de Tabaré Vázquez. Ambos se conocen hace muchos años, desde cuando el hoy presidente aún ejercía con éxito la medicina en la especialidad oncología, y Toma era un también reconocido abogado con estudio particular, afín al Partido Colorado y director de la oficina jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Algunos explican la fortaleza de la relación entre el presidente y el secretario en función de algún vínculo misterioso, pero la versión con mayor fuerza es la que se remite a 1995 (segundo gobierno de Sanguinetti) cuando Vázquez era el titular de Radioterapia y recomendó al Instituto Nacional de Oncología (INDO) la compra de servicios de una empresa cuyo responsable era uno de sus hijos. El entonces ministro de Salud Pública, Alfredo Solari (1995-1997), dispuso una investigación para establecer si Vázquez había contravenido la normativa y caído en la conjunción del interés público y privado, la que estuvo a cargo del Dr. Toma, quien meses después elaboró un informe favorable a Vázquez señalando que habrían existido fallas pero sin llegar a consumarse hechos irregulares.
Años después Toma dejó la oficina jurídica del MSP y durante el gobierno de Jorge Batlle asume como director general de Secretaría de dicha cartera, cargo que ocupa hasta que Conrado Bonilla (2003-2005) asume como ministro en 2003 y lo destituye.
En abril de este año, en declaraciones a la prensa (El País, 7 de abril de 2019) Bonilla dijo que Toma es “un gran flojo” y también “un pusilánime”, que “filtraba información a agentes privados de la salud sobre las decisiones” que tomaba el Ministerio, siendo esa una de las razones por la que lo destituyó.
En 2005, cuando Vázquez asume su primer gobierno impone al Dr. Toma al frente de la Oficina de Servicio Civil, donde se desempeña hasta 2008, año en que sustituye a Gonzalo Fernández como secretario de Presidencia, cargo en el que permanece hasta marzo de 2010. Ese año y antes de finalizar su gobierno, Vázquez nombra a Toma fiscal de gobierno.
Toma integra la Comisión Honoraria de Instrucciones Generales que, según Enrique Viana, implica una injerencia del Poder Ejecutivo en la Fiscalía General
Como fiscal atendió el juicio de la Dirección Nacional de Impositiva (DGI) con Francisco Casal por el pago de impuestos en la venta de jugadores de fútbol, que resultó en la cancelación de la deuda en 2013 siendo José Mujica el presidente de la República.
En 2015, al asumir su segunda presidencia, Vázquez vuelve a designar a Toma al frente de la Secretaría de Presidencia, pocos días después el mandatario firmó un decreto declarando el cargo de fiscal de Toma en reserva hasta que cumpla los 70 años. Además, Toma integra la Comisión Honoraria de Instrucciones Generales que, según Enrique Viana, implica una injerencia del Poder Ejecutivo en la Fiscalía General.
En los últimos días el secretario de Presidencia ha vuelto a estar en la atención de la opinión pública debido a su decisión de denunciar al juez Carlos Aguirre que es quien atendió el recurso del Partido Independiente (PI) para que Presidencia baje de su página web dos artículos que recogen expresiones del ministro de Trabajo Ernesto Murro, por entender que tienen un carácter proselitista impropio.
“Una actitud impresentable”, sostiene Posada
El lunes 14 de octubre se llevó a cabo la audiencia entre el PI y Presidencia. Ese día la abogada del Poder Ejecutivo consultó telefónicamente sobre la conciliación propuesta por Aguirre para que los artículos cuestionados sean retirados, y al regresar dijo que Presidencia no aceptaba ante lo cual el magistrado comentó que la persona a la que la abogada consultó “se ve que no es entendido en derecho”, y resolvió postergar la resolución final para dos días después. El miércoles 16 el juez falló a favor del PI ordenando retirar los artículos en cuestión por “ilegitimidad manifiesta” y llamó al gobierno a que “se abstenga de subir a su página web publicaciones que tengan que ver con el acto eleccionario”.
Antes de que el magistrado fallara, Toma presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una denuncia administrativa contra Aguirre por sentir agraviado su honor y reputación ante los dichos del juez.
Consultado por La Mañana el diputado Iván Posada (PI) dijo que la reacción de Toma al denunciar a Aguirre es de esas cosas que “si se piensan no se hacen”.
La reacción del secretario de Presidencia es la “de aquel que se encuentra en falta”, y “me parece absolutamente fuera de lugar”. En realidad “es un pedido de sanción al juez por un comentario que hizo sin saber a quién se refería porque el juez ignoraba con quién había hecho la consulta la abogada”. El diputado dijo que la denuncia del Dr. Toma “es impresentable” y “realmente demuestra desde el punto de vista de su actuación poca jerarquía”.
“Primero el juez buscó que hubiera un acuerdo, una conciliación entre las partes, le tendió un puente de plata a Presidencia para salir del tema sin que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto que era la legalidad” de las publicaciones en la página web de Presidencia.
Ese puente “fue rehusado, y Toma que fue la persona consultada y que rechazó la conciliación, tiene una responsabilidad que ahora queda más de manifiesto por todo este tema más allá de que ahora se resolvió recurrir la decisión del juez”, comentó.
