Tras la promulgación de Tabaré Vázquez, el 21 de marzo de 2005 se creó el Mides con el fin de “proponer, generar y accionar políticas nacionales en materia de desarrollo social”. La primera ministra designada fue Marina Arismendi. Entre 2005 y 2007, el ministerio desarrolló el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Panes), en el que se realizaban transferencias monetarias -Ingreso Ciudadano- a las personas en situación de pobreza extrema e indigencia. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo un conjunto de programas y talleres, con foco en la inserción laboral, la salud, las soluciones de vivienda y la alimentación. Finalizado el Panes, en diciembre de 2007, el gobierno aprobó el Plan de Equidad, una política a largo plazo para enfrentar desigualdades existentes en la sociedad.
Bajo la órbita del Mides operan dependencias de carácter social como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional del Adulto Mayor, Programa Nacional de la Discapacidad, Secretaría Nacional de Cuidados y el Instituto Nacional de Alimentación.
Modificaciones al artículo 9 (Competencias del Mides)
El anteproyecto de Ley de Urgente Consideración presentado hace una semana, en la sede de Todos, por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, no tiene previsto grandes cambios en las principales funciones y competencias del Mides. No obstante, desaparece un apartado importante del texto creador del ministerio, como el Inciso F que se refiere a “implementar, ejecutar y coordinar Programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la cobertura de necesidades básicas a quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza”.
En cambio, el nuevo proyecto propone la conformación de un “registro único de los destinatarios de los programas sociales que integre la información de las prestaciones recibidas, de las contraprestaciones y su cumplimiento y de las coberturas potenciales a que tienen derecho los ciudadanos, aplicando criterios técnicos que aseguren la objetividad, transparencia y protección de la información registrada”. Además, prevé que el Mides pueda suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas, que incluyan una “definición clara de los objetivos a lograr, forma de evaluación y monitoreo de resultados, para asegurar la presencia y la proximidad de los programas”. A su vez el documento promueve una “adecuación de cargos”, acorde a una “nueva estructura organizativa” del ministerio para ocupar los puestos de trabajo.
Otras políticas sociales previstas en la Ley de Urgente Consideración
Otra de las tareas que le compete al Mides, es la relativa a la adopción de niños. El documento normativo introduce cambios que permiten “mejorar” y acelerar los procesos previstos en el régimen de adopción de niños y adolescentes del país. En ese sentido, propone que, para los casos en los que un juez disponga la inserción familiar de un niño, la selección de la familia sea realizada por el Inau.
En tanto, respecto a InMujeres se prevén medidas preventivas y la obtención de los recursos requeridos para minimizar riesgo de víctimas potenciales de violencia de género.
Sobre salud, el texto impulsa el financiamiento de medicamentos de alto costo. Se implementará con la incorporación de un régimen de donaciones especiales, con contribuciones de empresas que tributen IRAE con destino al Ministerio de Salud Pública, para el financiamiento de medicamentos de alto precio, no incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos del FNR. Además, prevé crear la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas, como persona jurídica de derecho público no estatal.
Para soluciones habitacionales, el texto establece regímenes de arrendamiento sin garantía para hogares de vivienda, pero “no se considerará desvío del destino casa habitación la instalación en la finca arrendada de una pequeña industria doméstica o artesanal, en ambos casos con no más de dos trabajadores dependientes, así como el ejercicio de una profesión universitaria o similar”.
El documento sostiene que se buscará “facilitar el otorgamiento de los títulos de propiedad de la vivienda y el terreno a los residentes de los asentamientos irregulares, en las condiciones que la reglamentación establezca” y ejecutar políticas sociales para que no se sigan formando asentamientos irregulares”.
Para ese cometido está prevista la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana en el Ministerio de Vivienda; la que desarrollará proyectos urbanos de regularización y relocalización de los asentamientos irregulares, y que además se encargaría de gestionar las obras del Plan Juntos. También se ampliará el marco de actuación de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre a Montevideo y a centros del interior.
Temas prioritarios para los futuros jerarcas del Mides
El próximo ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, tras la segunda reunión de transición de gobierno, indicó que en su gestión se priorizará la primera infancia. Explicó que “en los primeros mil días de vida de una persona se define mucho de su futuro”. “A veces encontramos a un niño con dificultades de aprendizaje o comprensión y son problemas que se gestaron en los primeros días cuando no se desarrolló plenamente el cerebro por falta de estimulación temprana” remarcó.
Además, Bartol, dijo que buscarán desarrollar mesas barriales, donde se colabore con los vecinos para que puedan juntarse a resolver problemas y proponerle al Estado cuáles son sus primeras necesidades. “El trabajo colectivo es importante para que no siempre estén dependiendo del Estado para resolver los problemas sino que ellos mismos desarrollen sus estrategias”, señaló el futuro ministro.
Respecto a las personas en situación de calle, mencionó que al igual que se hace con las mujeres privadas de libertad, buscarán acercarse a la cárcel de hombres. Según un estudio realizado por el Mides, el 82% de la población en situación de calle, declara haber estado preso, en instituciones de salud mental o en el Inau.
