En un reciente comunicado emitido por UTE se confirman más errores cometidos por Gas Sayago (GSSA). En los registros contables de GSSA están registrados un gasto de $ 2.998 identificado como membresía de piano, el que no tenía una factura asociada, sino que figuraba como un reintegro de gasto que se habría realizado con una tarjeta de crédito.
En cuanto a informaciones difundidas en las últimas horas, el Directorio de UTE ratifica que es indiscutible la enorme pérdida que resultó para el Estado el fracasado emprendimiento de la regasificadora.
De los 213 millones de dólares que se perdieron, UTE y ANCAP tuvieron que aportar 113 millones y los otros 100 millones de dólares ingresaron por el cobro de la garantía por incumplimiento del contrato con el consorcio GNLS. Y de eso no quedó nada que sea de utilidad.
Y esta suma no será la pérdida final, ya que habrá que agregarle las condenas judiciales que podrá tener Gas Sayago, que rondan los 37 millones de dólares más lo que saldrá sacar los pilotes del Río de la Plata, lo que suma unos 8 millones de dólares más.
Un proyecto de esta magnitud, si bien tenía varios documentos, planillas e informes que analizaban distintos aspectos, no contó con un plan de negocios integrado que fuera aprobado formalmente por las autoridades de UTE y ANCAP y donde estuviera documentado un estudio completo que combinara la factibilidad del proyecto con su modelo económico financiero que justificara la toma de decisiones previo a la adjudicación de los principales contratos.
Price Waterhouse Coopers detalla en su informe de auditoría que: “…un proyecto de infraestructura de esta complejidad y magnitud requiere, conforme a las mejores prácticas en la materia, previo a su aprobación y puesta en marcha, de la realización de una serie de estudios, proceso de toma de decisiones interno, a nivel público y acuerdos que permitan verificar la viabilidad del mismo.
Una vez identificada la idea o necesidad primaria del mismo, en este caso el suministro de fuentes de energía abundantes y a precios competitivos, hay que definir si la misma podría ser llevada adelante considerando, entre otros, factores estratégicos y de políticas públicas, estudios de costo beneficio social, entre otras variables críticas.
Luego debería realizarse un estudio de prefactibilidad, que debe incluir principalmente estudios de demanda, análisis de disponibilidad y costo de la materia prima, identificar su localización, analizar el marco legal y contractual, determinar las inversiones requeridas y estimar los ingresos y costos durante la vida del proyecto, entre otros aspectos.
Luego en base a la información relevada, correspondería la realización de un estudio de factibilidad del proyecto, que básicamente busca profundizar y avanzar en la definición y ajuste de las variables críticas del plan de negocios, comparación de las modalidades de ejecución más convenientes (por ejemplo, estudio de valor por dinero) y participación del sector privado, esquemas de financiación y garantías, estudios técnicos, ambientales, legales, matriz de riesgos, etc.
La viabilidad del proyecto debería surgir del análisis combinado de la evidencia y variables producidas durante los estudios y el proceso de toma de decisiones.
En este sentido, si bien hemos recibido algunos análisis parciales desde la perspectiva de alguno de los promotores del proyecto, no se contó con un estudio integrado que combinara de forma completa la factibilidad del Proyecto ni su modelo económico financiero detallado que justificara la toma de decisiones en la etapa de licitación y adjudicación de los principales contratos del Proyecto”.
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