El lunes 10 de febrero se aprobó con los votos del oficialismo un proyecto que busca corregir fallos en la ley de 2023, que no benefició adecuadamente a los deudores en UR del BHU y la ANV. El objetivo de las modificaciones es favorecer a quienes han pagado durante años, pero todavía están lejos de tener su casa propia. La exdiputada nacionalista Carmen Tort, vocera de la normativa, lamentó que el FA se haya retirado de sala, lo que calificó como un “capricho político”, dado que la ley original había sido ampliamente estudiada y votada por unanimidad.
¿Cuál es la importancia de este proyecto que se votó el pasado lunes, después de todo el camino recorrido en este tema y de la normativa que ya se había aprobado a fines de 2023?
Básicamente, el proyecto se hizo para que la ley que aprobamos en 2023 se pudiera aplicar. Una ley que se promulga en beneficio de la gente, para determinado grupo, debe tener resultados. Si no los tiene, no tiene sentido. En nuestra fundamentación hablábamos del sufrimiento de muchísimos “rehenes”, porque siempre los llamamos así. Pasó el tiempo y vimos que no benefició a la gran mayoría, no por cuestiones de fondo, sino de la reglamentación y de la letra de la ley. Por lo tanto, fueron necesarias las modificaciones que votamos el lunes.
¿Esto fue producto de una petición de los deudores?
Sí. Nosotros seguíamos en contacto con ellos.
¿Cuáles fueron las modificaciones realizadas?
En la ley de 2023 se estableció que los deudores debían estar al día con los tributos a diciembre del 2023, lo cual era una injusticia tremenda porque estamos hablando de gente que no había podido terminar de pagar su casa luego de muchos años pagando, entonces, difícilmente podían estar al día con los tributos nacionales o departamentales. A su vez, la información debía venir de los organismos, ya sea de los gobiernos departamentales o de la DGI, y eso dificultó muchísimo la aplicación de la ley. Entonces, volvieron a peregrinar en el Banco Hipotecario [BHU] y en la Agencia Nacional de Vivienda [ANV] y se volvió a generar la angustia, porque, además, si el deudor iba con su recibo de pago al día, no servía, debía ser de las instituciones. Por lo tanto, eso había que corregirlo.
Por otro lado, también había dificultades en cuanto al monto. No estaba en el espíritu de la ley beneficiar viviendas suntuosas o de mayor extravagancia, por lo cual marcamos el monto de los US$ 80.000, pero ¿qué pasa si dentro de los US$ 80.000 se consideran depósitos, colgamentos, y no el capital específicamente? El monto de la hipoteca termina siendo mucho menor, por lo que el bien que se va a incluir para ser beneficiario o no de la ley quedaría reducido. Es por ello por lo que debe ser US$ 80.000 el monto tomado exclusivamente de la hipoteca inicial, no contando los otros productos. Y, por otra parte, estaba bastante entreverado cuánto debía tener pago el deudor, por lo cual se estableció que debía de tener pago el 35% del crédito originalmente otorgado. De todas maneras, se toma en cuenta todo lo que el deudor pagó, ya sea en ahorro, en colgamentos, entre otros. Esas fueron las modificaciones de esta ley.
Cuando se aprobó la ley de 2023, quedó claro que el objetivo no era perdonar deudas, sino refinanciarlas por el hecho de que durante muchos años habían pagado y lo seguían haciendo. ¿Las modificaciones mantienen ese espíritu?
Exactamente, había gente que había pagado por más de 40 años. No era un “perdona tutti”, era solucionar una situación de gente que había pagado. Nosotros empezamos a tratar esto con los deudores, luego ingresamos a la cámara y trabajamos con los diputados de la Comisión de Vivienda, y vimos situaciones de tremenda injusticia en las que se pagó muchísimo y ni siquiera se estaba amortizando el capital prestado. Realmente había una situación de usura, sumada a la muy poca voluntad del BHU de generar soluciones.
¿Qué significado tiene este proyecto en materia de vivienda?
Definitivamente, otorga tranquilidad. Hay situaciones en las que ya se considera pago el bien por la ley y hay otros casos en los que se hace una quita de lo que se tiene que pagar, dependiendo de lo que se ha pagado, pero lo importante es que se sabe que va a tener un fin, que va a haber un momento en el que eso va a estar pago y la persona va a tener el título de su casa. Eso no tiene precio, porque han pasado muchas generaciones, hubo personas mayores que ya no están, que soñaron con tener su casa, que pagaron toda su vida y que cuando su familia fue a ver la situación, no estaban ni cerca, la deuda era inconmensurable, habiendo pagado todos los meses. Entonces, eso es una injusticia tremenda y ahora nosotros tratamos de contribuir para que la gente pueda tener sus títulos, con lo que significa tener el techo propio después de haber pagado 25 o 30 años.
¿Qué opinión le merece todo lo que esto generó a nivel político, que el Frente Amplio (FA) se haya retirado de la sala al igual que sucedió cuando se votó en el Senado?
Sinceramente, es muy poco entendible, un capricho político, porque fíjense que lo habíamos votado por unanimidad. Pasamos todo el período trabajando en comisiones, recibiendo a los interesados, trabajando con el BHU, con la ANV, con el Poder Ejecutivo, porque por supuesto que todo esto supone una pérdida económica para el Estado y debía estar dentro de los márgenes posibles. O sea, esto fue estudiado con mucha conciencia y durante muchos años. De hecho, los deudores están desde hace 12 años organizados trabajando en esto. Era una falta de respeto, no tener vergüenza, tener la solución y no votar y no darles la solución ahora. Yo me comprometí a hacer leyes que tuvieran resultado, que le sirvieran a la gente, que, por supuesto, no significa que no se puedan ir modificando, porque en el camino muchas veces se requieren modificaciones. Uno de los argumentos del FA era que había que estudiarlo más, pero se pasaron años estudiando. Y nosotros creíamos que había una voluntad de solucionar, pero ahora evidentemente quedó plasmado que no era así. Además, desde el FA se dice que como el 27 de octubre se votaron otras mayorías, nosotros no representamos las mayorías. Llama la atención, porque la Constitución dice que estamos en nuestro cargo hasta el 14 de febrero y el 15 asume un nuevo Parlamento. ¿Quiere decir que no deberíamos hacer absolutamente nada una vez que se votó otra mayoría, cuando es nuestra responsabilidad, porque fue una ley hecha por nosotros y debíamos hacerla aplicable? Es inentendible. Quedó claro que fue la coalición de gobierno quien les dio la solución real a los deudores.
¿Cree que con el cambio de gobierno puede haber un retroceso en este sentido?
Yo creo que sería una injusticia tremenda. Es una ley que fue aprobada con las mayorías constitucionales necesarias. Sería un retroceso y nosotros vamos a ser custodios en este nuevo período de que no se vaya para atrás en estos derechos. Realmente lo estudiamos mucho, trabajamos mucho y esta gente se merece esa solución. Si dentro de lo que está planificando el nuevo Parlamento en la nueva legislatura se encuentra rever esta solución, nos parece una gran injusticia, sobre todo, porque en 2023, como decía, fue votado por unanimidad.
Justamente, considerando que fue votado por unanimidad en 2023, ¿qué piensa de las acusaciones del FA al oficialismo de que hubo poco trabajo sobre este proyecto?
No lo comparto y no lo comprendo, porque incluso nosotros trabajamos en la Comisión de Vivienda, recibimos instituciones, recibimos a los deudores. Se trabajó en Diputados, en el Senado, con el Poder Ejecutivo, con tres proyectos que se fueron elaborando. Decir que no se trabajó es una falta de respeto a los legisladores que estuvimos siempre en el tema. En definitiva, estamos contentos de haber llegado al final de la legislatura a una solución de este tipo.
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