La llegada del 5G a Uruguay está siendo acelerada por parte del gobierno, quién anunció un llamado a licitación por tres bloques que permitirá el despliegue de esta tecnología. Pero existen algunas dudas sobre cómo será el proceso. La Mañana dialogó con Gustavo Gómez, Investigador y consultor uruguayo, exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual y actualmente director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Este brindó su opinión sobre el proceso que se lleva adelante.
¿Cuál es el significado de la llegada de la tecnología 5G a Uruguay?
Se trata de una evolución tecnológica de los servicios ofrecidos por los móviles que permite –además de llamada– el uso de mensajería, navegación en Internet y visión de videos. O sea, se tendrá todo eso con mejor calidad, porque tiene mayor capacidad de transmitir datos y además con una velocidad y una baja latencia que permitirá el desarrollo de muchas otras actividades. Esto, tanto en la vinculación de las personas con servicios, como en la conexión entre las máquinas.
¿Cómo define los problemas que usted observa en el despliegue de esta tecnología?
La tecnología ya está disponible desde hace un tiempo. Hay dos problemas. Uno es que haya condiciones para el despegue comercial de la tecnología, que eso todavía no está maduro. Es decir, es una tecnología que tiene un futuro muy promisorio, pero que hoy no cubre las necesidades de inversión que conlleva. Una cosa es la madurez del mercado para esos servicios de 5G y si las inversiones que requieren se justifican. Lo segundo es el acceso al espectro, o sea, frecuencias radioeléctricas que permitan desplegar esos servicios. Esas son las dos limitantes. En la región, la tecnología está disponible, las antenas están disponibles, hay aparatos disponibles, pero en un volumen y con un desarrollo de mercado todavía muy limitado. Ahora las empresas lo que buscan es tener espectro para dar ese servicio, pero no necesariamente para hoy, sino pensando tal vez en los próximos cuatro o cinco años. En la tecnología actual de la 4G, todavía hay mucho para desarrollar en Uruguay y en la región.
Uruguay está realizando un llamado para otorgar bloques sobre los cuales va a operar el 5G. ¿Qué consideración le merece eso y cómo ve el proceso?
El gobierno está abriendo una licitación para otorgar tres bloques de espectro (en lo que se llama la banda de 3.5 GHZ) para desplegar este tipo de servicio. Otro tema es la licencia y es un tema de discusión. Por ejemplo, la empresa Dedicado tiene adjudicado espectro en esta banda y reclama la licencia para poder presentarse al llamado. Las empresas que sé supuestamente van a presentar a esta subasta, deberían tener licencia para usarlas. Ahora, el decreto no dice nada sobre esto. O sea, que quienes participen de la subasta tengan que tener previamente una licencia. Este es un error importante que tal vez la Ursec lo pueda solucionar. Si no está ese requisito, cualquiera se puede presentar. Teniendo los US$ 28 millones que es la base de la subasta, cualquiera se podría presentar. Ese no parece ser el escenario más probable, porque se subastan tres bandas de espectro de 100MHZ y nadie puede tener más de una. Entonces justo coincide con la fotografía del mercado de telefonía, de tres operadores. Pero el decreto no impide que entren otros.
¿Qué consideraciones puede realizar por cómo está planteado el llamado?
Hay dudas. Se define que se va a cobrar US$ 28 millones (NDR: el piso de la subasta) a cada empresa. Esto no es una subasta, es una venta. Porque si son tres bloques para tres operadores, al final todos van a pagar los US$ 28 millones. ¿Por qué ese precio? Eso no se sabe. No hay informes técnicos de por qué se llega a ese valor. Algunos dicen que está bien, otros dicen que es muy barato. Para que se tenga una referencia, cuando se licitó otra banda para el despliegue de Internet, que es la banda de 700 megahertz, se vendió en US$ 70 millones. Ahora la misma cantidad de espectro se vende por US$ 28 millones. En qué se basa el precio, no se sabe.
En segundo lugar, hay errores en el decreto que se deberán corregir en el pliego del llamado. No establece claramente que quienes puedan presentarse a esta subasta deban tener licencia para ofrecer servicios para móviles. Esta es una omisión que cambia todas las reglas de juego si se mantiene. En otro punto, me parece muy bien que se establezcan obligaciones a quienes obtengan el espectro para hacer despliegues. Pero lo que se plantea es por menos confuso. O sea, tienen que montar tanta cantidad de estaciones base por año, pero no para 5G. El despliegue de antenas también vale para el 4G. Eso es raro, porque se impulsa el 5G, pero las antenas pueden ser de 4G. ¿Dónde está el estímulo si el despliegue de nuevas antenas no está vinculado al 5G? De esta manera se pierde el sentido.
Se licitan tres bloques y uno está reservado para Antel, por lo tanto, quedan dos. ¿Qué pasa al no estar definido que los licitadores deben tener licencia de teleoperadores?
No es un requisito excluyente, porque no se señala que solo se pueden presentar empresas con licencia para dar servicios móviles. Si fuera así, se limitaría solo a tres. Como señalé, el decreto no lo dice y también puede ser la intención del gobierno de que entre otro operador. Eso no lo sé. Hay que esperar ahora 30 días para que la Ursec haga el pliego.
En caso de que fuera así, ¿se estaría realmente frente a una subasta?
Sí y entonces el precio podría superar ampliamente los US$ 28 millones de la base. Pero el operador nuevo, tendrá el espectro, pero no la licencia. Si el pliego no modifica que no se debe tener licencia, el que compre la deberá obtener.
Dentro de esta tecnología hay una puja entre Estados Unidos y China por el equipamiento. ¿Cómo ve usted esta situación y en que puede terminar afectando a Uruguay?
Nosotros somos país pequeño y comparto la posición del gobierno de neutralidad tecnológica. Por lo tanto, alinearnos con una posición geopolítica, por ejemplo, como la de Estados Unidos, de impedir que se puedan comprar insumos y tecnología china, sería un error. Quedaríamos muy atados a solamente algunos proveedores, con lo cual se podrían encarecer los costos de compra de tecnología. De hecho, las instalaciones que ya tenemos en el país son de origen norteamericano y chino. Creo que el gobierno no va a limitar la tecnología para el 5G. El mercado regional en estas tecnologías tiene que lograr una estandarización para que haya escala de mercado. Para que los celulares, por ejemplo, sean compatibles. Hay un estímulo muy fuerte, una estandarización. El gran debate es de geopolítica, que es el origen de la tecnología.
Esta tecnología otorga una alta velocidad de conexión a Internet. Por otra parte, Antel ha acelerado la instalación de fibra óptica. ¿Es compatible una cosa con la otra?
Se complementan notablemente, porque 5G necesita el despliegue de fibra óptica. Ese es un problema que tendrán los operadores privados porque su despliegue no podrá ser solamente de antenas, sino también de fibra óptica. Cada antena se conecta por fibra óptica. El 5G no es solo más capacidad, sino también transferencia de datos. Con 3G nosotros podíamos ver algo de internet, pero ahora con 4G es que podemos ver películas con mejor calidad. Cuando tenga 5G se va a poder ver en calidad de HD. Lo que aguanta esa carga de capacidad es la fibra óptica. La “desventaja” que tiene el 5G y esta banda que están licitando ahora, es la cobertura. Y este es otro tema. Porque se plantea que las inversiones en el interior, en dos años, deben ser en diez departamentos con dos antenas. Eso significa que la cobertura de cada antena es de cuatro kilómetros a la redonda. Las que están ahora de 4G tienen mayor cobertura. Pero con dos antenas se puede cubrir una parte de una ciudad capital y no más. Esto se debe a que, a mayor capacidad de tráfico, menor cobertura de la señal, con lo cual la inversión en antenas deberá ser superior a la actual.
¿Cuándo piensa que los servicios 5G pueden masificarse en Uruguay?
Si se cumplen los plazos, la oferta de servicios en las principales capitales del país estarían en uno o dos años disponibles, para una parte de la población. Por ejemplo, para empresas, medicina, robotización o el agro, para que se masifique y tenga efecto en nosotros demorará un poco más tiempo. O sea, para el cambio de los celulares estimo que se demorará entre 4 y 5 años.
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