Claro, Movistar y Dedicado cuestionan el procedimiento emprendido por el gobierno.
En esta jornada, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, acompañado del directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) se presentarán ante la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores para informar sobre las decisiones en torno al uso del espectro radioeléctrico 4G, y para dar a conocer las acciones que se están emprendiendo con respecto al 5G. La convocatoria partió de los senadores frenteamplistas Liliam Kechichian, Silvia Nane y Alejandro Sánchez.
Con respecto al 4G, se espera saber las consideraciones técnicas para los precios fijados en las renovaciones de las licencias. En lo relativo al 5G, se pretende saber a qué se deben los cambios realizados en el correr de los meses en el pliego de llamado, entre otros detalles.
La comparecencia se efectúa en medio de críticas de los operadores privados al llamado a licitación por tres bloques de 100 MHz, en la banda de 3.5 GHz, uno de los cuales ya está adjudicado a Antel.
Las otras dos empresas que pueden presentarse –y lo harán– serán Movistar y Claro, aunque ambas han cuestionado el proceso. A esto se suma Dedicado que reclama participar en el llamado.
Para complicar un poco la situación, la Ursec decidió que la subasta se realizará el 9 de mayo y no el 28 de abril como estaba previsto. Esto se basa en un pedido de la empresa Claro (AM Wireless Uruguay S.A.) que “solicitó la ampliación del plazo previsto para la presentación de los antecedentes y la constitución de garantía hasta el día 24 de abril de 2023 y consecuentes plazos subsiguientes. Lo funda, entre otros, en los días inhábiles bancarios, lo que hace que tengan un exiguo plazo para poder constituir la garantía exigible, afectando su posibilidad de participar en la subasta”. Tal lo que indica la resolución de Ursec.
Pero más allá de esto, las críticas sobre el proceso son de todas las empresas que piensan participar. En el caso de Telefónica Movistar Uruguay, Leticia Lago, directora de Asuntos Públicos, dijo en declaraciones al portal Telesemana que advirtieron “con preocupación” que las condiciones actuales “no facilitan el despliegue del 5G a los operadores privados” y a la vez a los privados “no se les habilita a contratar fibra óptica del operador estatal”. La directora agregó que “tampoco se los incentiva a desplegar sus propias redes, asignándoles las licencias para que brinden todos los servicios que técnicamente posibilitaría dicha red (por ejemplo, servicios de acceso a Internet fijo alámbrico)”. “En este sentido, observamos con preocupación que estos dos aspectos no se hayan contemplado en el pliego, por lo que estamos analizando si llevaremos a cabo alguna acción”, concluyó.
Por su parte, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay dijo al mismo medio que “no está bien el diseño de la subasta porque, en definitiva, debe trascender a un gobierno puntual, al gobierno actual”.
Desde Claro estiman que la construcción de la red llevará entre tres a cinco años y que “hay una vocación de recaudación y de poner una barrera de competencia que favorezca a Antel”. Quiroga indicó que no se discutió con la industria antes de proponer el pliego de licitación, como sí ocurrió en Brasil. “En Uruguay no hubo un mecanismo de diálogo”, sentenció. Sobre el precio (US$ 28 millones), es siete veces más caro que lo que se pagó en Brasil y esto constituye “un error que va a generar un perjuicio para Uruguay, al tener un precio que destruye valor para la industria”, señaló el directivo de Claro.
Acciones legales
Arturo Vargas, CEO de Dedicado, destacó a La Mañana que la empresa siempre ha acompañado las “reglas de juego de apertura y libre competencia de Uruguay”, pero hoy “sorpresivamente” se impide su participación en la subasta de 5G mediante “barreras técnicas”.
“Dedicado ha traído a Uruguay las últimas tecnologías en 5G en alianza con los líderes tecnológicos mundiales (Nokia y Ciena) y se encuentra en pleno despliegue de una red de telecomunicaciones de absoluta vanguardia, única en el país”, dijo.
La empresa de capitales nacionales ya inició acciones legales contra la subasta bajo el asesoramiento del Dr. Augusto Durán Martínez, profesor grado 5 en Derecho Administrativo. No se descarta la posibilidad de llevar adelante acciones en la Justicia Civil.
Según documentos divulgados la semana pasada, el Gobierno había acordado una fórmula con Dedicado durante 2021 y 2022 que le permitiría participar de la subasta de 5G, como también prestar servicios IMT (telefonía celular) sobre los espectros que actualmente tiene, pero luego resolvió cambiar de posición, excluyendo a la empresa de capitales nacionales y favoreciendo a las dos multinacionales que operan en el país.
El CEO de Dedicado cuestionó las afirmaciones de la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, que argumentó que se retiraron de la subasta las bandas milimétricas (parte de las excluidas) porque “no existían casos de negocio” en las denominadas bandas.
“No se entiende cuál es el caso de negocio al que se refiere Aramendia. En la subasta de Chile acaban de comprar espectro en bandas milimétricas Entel Chile, Claro y Wom, que están actualmente desplegando las redes y prestando servicios”, afirmó Vargas. “En el caso de la reciente subasta en Brasil compraron cuatro empresas. Hay despliegues en bandas milimétricas en más de 60 países en el mundo con despliegues comerciales de más de 180 operadores de telecomunicaciones”.
El empresario cuestionó también que el MIEM retirara del decreto de la subasta más del 85% del espectro que se iba a poner a consideración de los oferentes, según consta en todos los borradores enviados durante más de un año a los operadores antes del decreto final.
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