La investigación por irregularidades en el Fondo Social de Vivienda de la Construcción sumó nuevas condenas a personas que actuaron como intermediarias financieras en un esquema que continúa bajo análisis judicial.
La investigación judicial sobre el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) sumó esta semana un nuevo capítulo con la condena de cuatro personas señaladas por la Fiscalía como “mulas financieras”. Se trata de tres hombres y una mujer que, según quedó acreditado en sede judicial, facilitaron sus cuentas bancarias para recibir transferencias irregulares provenientes del fondo y luego entregar o redirigir ese dinero a Bruno Bertolio, exdirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y expresidente de la comisión administradora del Fosvoc, ya condenado en el marco de la misma causa.
Las condenas fueron dictadas en la mañana del lunes, tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía, y se enmarcan en una investigación más amplia que busca esclarecer un esquema de apropiación indebida y asistencia al lavado de activos que tuvo lugar, según la acusación fiscal, durante los años 2023 y 2024. El caso salió a la luz luego de una auditoría interna que detectó la realización de 193 transferencias indebidas desde las cuentas del fondo, por un monto total de $ 35.627.580 y U$S 17.500.
En esta etapa del proceso, la Justicia condenó a cuatro personas que recibieron transferencias por un total de $ 14.825.000. Dos de los condenados estaban vinculados al Sunca, mientras que los otros dos –un hombre y una mujer– eran amigos personales de Bertolio y residen en el departamento de Tacuarembó. Ninguno de ellos, según sostuvo la Fiscalía, participó en la toma de decisiones del grupo organizado, pero sí ejecutaron maniobras clave para la concreción del desvío de fondos.
El rol de las “mulas financieras”
Durante la audiencia, la fiscal adscripta de Delitos Económicos de 3er Turno, Gabriela Gómez, explicó que los cuatro condenados actuaron como “mulas financieras”, una figura utilizada para describir a quienes prestan o facilitan sus cuentas bancarias para recibir dinero de origen ilícito, con conocimiento de su destino ilegítimo, y luego lo retiran en efectivo o lo transfieren a terceros.
Según detalló la fiscal, el dinero era transferido desde las cuentas del Fosvoc por Stella Rey, jefa del departamento encargado de pagar los sueldos y también condenada en la causa. Rey habría actuado en coordinación con Bertolio, quien daba las directivas para que las transferencias se realizaran hacia cuentas de terceros, evitando así que los movimientos quedaran directamente asociados a su nombre.
“Surge claramente que los imputados recibieron dinero del Fosvoc transferido ilegítimamente por la señora Stella Rey en el marco de las maniobras de expropiación acordadas con Bruno Bertolio, habiendo facilitado sus cuentas bancarias, sin las cuales no hubiese sido posible la ejecución y consumación del delito”, sostuvo Gómez ante el juez Fernando Islas.
En sus casos, una vez recibido el dinero, los condenados lo retiraban en efectivo o lo transferían nuevamente a Bertolio. De acuerdo con la Fiscalía, esta modalidad permitió sostener durante meses un flujo constante de fondos desviados desde el fondo social, que tiene como finalidad atender necesidades habitacionales de los trabajadores de la construcción.
Montos y transferencias
El detalle de las transferencias permite dimensionar el alcance de las maniobras. Los dos condenados vinculados al Sunca recibieron 24 y 18 transferencias respectivamente, por montos de $ 4.131.926 y $ 4.430.326. En tanto, el matrimonio amigo de Bertolio recibió más de medio centenar de transferencias: 35 en el caso del hombre, por un total de $ 5.986.498, y 18 en el caso de la mujer, que sumaron más de $ 3.144.000.
En total, los cuatro condenados de esta etapa recibieron $ 14.825.000 provenientes de transferencias que la Fiscalía consideró ilegítimas. No obstante, el monto total desviado del Fosvoc es significativamente mayor y alcanza, según la investigación, los $ 35.627.580 y U$S 17.500.
Penas y régimen de cumplimiento
El juez Fernando Islas homologó el acuerdo abreviado alcanzado entre la Fiscalía y las defensas y condenó a los cuatro imputados por reiterados delitos de apropiación indebida en calidad de coautores y por asistencia al lavado de activos como autores.
Las penas impuestas fueron de 16 meses de prisión para dos de los condenados –entre ellos la mujer–, 18 meses para uno de los exintegrantes del Sunca y 20 meses para el cuarto condenado. En todos los casos, las penas se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba.
Las condiciones impuestas incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse una vez por semana en una seccional policial y realizar tareas comunitarias por cuatro horas semanales durante un período de 10 meses. Los dos exsindicalistas fueron representados por la defensora pública Sofía Pereyra, mientras que el matrimonio de Tacuarembó estuvo representado por la defensora pública María Pía Pardo.
El destino final del dinero, aún bajo investigación
Uno de los aspectos más sensibles del caso sigue siendo el destino final del dinero desviado. Durante la audiencia, la fiscal Gómez señaló que la Fiscalía continúa investigando si los fondos tuvieron como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca.
“En lo que respecta al destino final, como ya lo hemos señalado en alguna audiencia anterior, y se encuentra siendo aún investigado por esta fiscalía, tendría como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca”, afirmó la fiscal, al tiempo que aclaró que no se trata de un punto cerrado y que la investigación continuará profundizándose.
En ese sentido, la Fiscalía fue enfática en señalar que, si bien los cuatro condenados actuaron con conocimiento del carácter ilegítimo de las transferencias, no existen pruebas de que hayan participado en la definición del destino final del dinero ni en la organización central de la maniobra delictiva.
La crítica del Fosvoc y los cuestionamientos al acuerdo
El acuerdo abreviado generó reparos por parte del abogado del Fosvoc, Óscar López Goldaracena, quien se mostró disconforme con el resultado del proceso y cuestionó tanto la modalidad de las penas como la falta de medidas para la restitución del dinero.
“Se robó dinero de los trabajadores y no se devolvió”, afirmó el abogado, al tiempo que subrayó que solo esta parte de la maniobra implica alrededor de 100 mil dólares. López Goldaracena criticó que se haya optado por penas de prisión en régimen de libertad a prueba y sostuvo que el mensaje que se transmite es que “se puede robar 100 mil dólares y no vas presa ni un día”.
Durante la audiencia, el representante legal del fondo también señaló que el acuerdo impide conocer aspectos relevantes del caso. “Nos quedamos sin saber algunas cosas”, afirmó, en alusión a la ausencia de un juicio oral y público. En declaraciones posteriores, explicó que existen versiones contradictorias sobre el destino del dinero: “Uno dice que lo gastó en el casino, el otro que se lo dio a fulano o mengano”.
Para López Goldaracena, la falta de un juicio oral deja abiertas preguntas centrales, entre ellas a dónde fue finalmente el dinero desviado y si existe posibilidad de recuperarlo para el fondo. A su entender, cada uno de los involucrados se llevó en promedio unos U$S 100.000, una cifra que debería ser objeto de restitución.
Una causa que continúa
Pese a las condenas dictadas, la causa Fosvoc está lejos de cerrarse. Además de los ya condenados –entre ellos Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero y Stella Rey–, existen otros implicados que también recibieron dinero en sus cuentas y que continúan siendo investigados. Entre los nombres mencionados en el expediente figuran Robert Martínez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, María Cuello, Andy Raimond, Miguel Duarte y Pilar Ferreira Cuello.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal Gilberto Rodríguez, ha señalado que con respecto a los cuatro condenados en esta instancia el proceso se da por concluido, pero que la investigación general continuará y se retomará luego de la feria judicial de enero.
Mientras tanto, el caso Fosvoc sigue exponiendo las consecuencias de un esquema de desvío de fondos que afectó directamente a un fondo social destinado a los trabajadores de la construcción, y que aún deja abiertas interrogantes sobre responsabilidades, destino del dinero y posibilidades de reparación.
