La Mañana conversó con senadores que integran la comisión especial que analiza el proyecto de ley, acerca de los recientes avances y algunas modificaciones sustanciales.
Desde que el proyecto de ley de urgente consideración ingresó por el Senado a fines de abril, ha sido analizado por una comisión especial conformada por 15 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta, donde se han establecido modificaciones relativas a diferentes temas. Se espera que el próximo viernes finalice el estudio, para dar paso a su debate en el plenario de la Cámara de Senadores y posterior votación.
Si bien la base de la propuesta es el documento llamado “Compromiso por el país”, firmado por los cinco socios del gobierno de coalición, también se incluyeron otros ítems donde existen algunas diferencias que buscan ser superadas apuntando a una mejora de su redacción.
El sábado pasado, diputados y senadores de todos los sectores del bloque multicolor estuvieron reunidos durante todo el día ajustando los detalles finales. El propósito fue encontrar alternativas que tuvieran el consenso de la bancada oficialista. Si persiste alguna discrepancia y no están los votos de todos los socios, se votarán en forma negativa los artículos en cuestión.
Resta que se lleven adelante las últimas comparecencias a la comisión del Senado esta semana, para tomar definiciones previo a la discusión parlamentaria. En ese ámbito se han recibido las argumentaciones de todos aquellos que han pedido ser escuchados, no solamente instituciones oficiales sino además organizaciones sociales y diversos colectivos de la más variada representación de la sociedad.
Dentro de la coalición de gobierno existe un muy buen clima de trabajo, según opiniones recogidas por La Mañana, y hay acuerdo sobre aproximadamente un 90% del contenido del texto normativo, el cual va en la línea del cumplimiento de las promesas electorales realizadas por las nuevas autoridades.
Esta discusión se da en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, un elemento imprevisto que desafía aún más al gobierno. A esto se le suma, tal como destacaron los legisladores, la dificultad que representa el déficit fiscal heredado del 5%. Un déficit que se verá agravado con las medidas tomadas para compensar el impacto del nuevo coronavirus sobre el empleo y la actividad económica.
Seguridad y educación: dos pilares hacia una normativa “moderna”
En materia de seguridad, lo que se busca es una modernización de la legislación para ajustarla a la realidad. Allí se regula sobre normas penales, el proceso penal, estupefacientes, política criminal y penitenciaria, prevención y represión, entre otros temas.
El articulado apunta a aumentar el respaldo a la policía y a la sociedad, incrementando el alcance de la legítima defensa, afirmó el senador del Partido Nacional (PN), Sergio Abreu. Los ajustes que se hicieron en seguridad fueron, particularmente, sobre las penas, sin que esto signifique que se haya desmantelado la norma, acotó.
Por un lado, como finalmente se decidió que el proceso abreviado se aplicará para delitos con penas mínimas de cuatro años, quedaron incluidas en esa modalidad las rapiñas.
Otro ajuste importante es la eliminación de la libertad vigilada, creándose, de ese modo, la libertad a prueba, a fin de que el penado participe de un programa que apunte a su reinserción social.
A su vez, se generó el proceso simplificado, en lugar de la suspensión condicional del proceso (la cual implica llegar a un acuerdo entre las partes), que será derogada.
De todas maneras, en otras legislaciones que se discutirán a futuro, se van a ir agregando nuevos aspectos, como los referidos al régimen carcelario.
Hay acuerdo en la coalición sobre aproximadamente el 90% del contenido de la LUC, en la línea del cumplimiento de las promesas electorales
En lo que respecta a la educación, el proyecto de ley elimina los consejos desconcentrados de Inicial y Primaria, de Secundaria y de UTU, creando, en sustitución, direcciones generales. La razón de esta modificación es la necesidad de que dichos organismos sean más ágiles y eficientes, tal como dijo el propio ministro de Educación, Pablo da Silveira, en el programa En Perspectiva.
La idea es que el funcionamiento de ANEP se asemeje al de otros entes autónomos. Se mantendrá el Codicen como órgano de conducción colegiada, pero los colegiados de segundo orden serán suprimidos para transformarlos en direcciones unipersonales.
Al mismo tiempo, volverá a funcionar la antigua comisión coordinadora de la educación, que había sido sustituida por una comisión coordinadora de la educación pública en la ley de educación de 2008 aprobada por el Frente Amplio (FA). Con esto se aspira a que todos los sectores educativos (no solo el público) formen parte de ese ámbito.
Otro de los cambios en esta área es el fortalecimiento del Ineed (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). Se espera mejorar su diseño institucional además de otros aspectos.
En comparación con la iniciativa original, el capítulo de la educación se mantiene prácticamente igual, informó Abreu. El objeto de esta normativa es tener un sistema moderno y avanzar hacia una reforma educativa, agregó.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de crear las condiciones para que los docentes tengan educación terciaria y la formación suficiente para transmitir conocimientos y valores.
En esta sección se recogieron algunos de los planteos del PC, sobre todo, en lo relativo a la formación docente, donde se pretendía que esta fuera universitaria. Aparte, los colorados entienden que las modificaciones en la gobernanza de la educación son la base para otros cambios necesarios, señaló el senador de Partido Colorado (PC), Tabaré Viera.
En tanto, en Cabildo Abierto (CA) hay conformidad, a grandes rasgos, en lo referido a educación y seguridad. Los cabildantes ven evidente la necesidad de cambiar el gobierno de la educación, de forma tal que sea capaz de introducir cambios. En ese sentido tendrá su total apoyo.
En cuanto a la seguridad también habrá un respaldo por parte del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos. “Ese capítulo no se limita simplemente a aumentar penas, que es lo que menos nos interesa, sino que crea una serie de delitos y pone a la policía en mejores condiciones para combatir el crimen”, aseguró el senador de CA, Guillermo Domenech. Añadió que la policía necesita señales de que la autoridad del gobierno confía en ella, para lo cual éste le brinda algunas herramientas.
Tanto la sección de la seguridad como la de la educación están laudadas. Sin embargo, para el FA son globalmente “no votables”. La oposición considera que la primera se sustenta en el aumento de las penas y en la reducción de las garantías ciudadanas al incrementarse la acción policial.
En cuanto al segundo rubro, entiende que deriva la autonomía de la ANEP al Ministerio de Educación y Cultura, porque quita el apelativo de público a los sistemas y genera una especie de mix público-privado, además de que deja sin efecto un eslabón “central”, que son los consejos desconcentrados. Así lo expresó el senador frenteamplista Daniel Olesker.
Es probable que el FA acompañe algunos artículos del proyecto de ley, pero está descartado que vote la normativa general.
Polémica por propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agrarias
Uno de los puntos que generó más controversias tanto dentro como fuera de la coalición de gobierno refiere a la posibilidad de tenencia y explotación de tierras para las sociedades anónimas cuyos titulares sean personas jurídicas. CA y el FA plantearon sus discrepancias con respecto al tema, que fue finalmente retirado de la propuesta legal, tras la comparecencia a la comisión especial del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte.
Hay blancos y colorados que defienden la reincorporación de los artículos correspondientes a este planteo. De acuerdo con Abreu, hay argumentos en su contra que no son totalmente de recibo, sobre todo, la extranjerización de la tierra como si fuera un elemento sin control. “Aquí las sociedades nominativas y el control de personas jurídicas y físicas está, de manera que tenemos que darle una facilidad a la propia inversión”, puntualizó.
En la misma línea, Viera se manifestó a favor de que se vuelva a habilitar. La justificación es que no cree que sea un problema que haya tierras y explotaciones rurales pertenecientes a sociedades anónimas, cuando en Uruguay todas ellas son nominativas o está registrado en el Banco Central quiénes son sus propietarios.
“No tiene mucho sentido que haya un tipo de explotación que no pueda estar en manos de una sociedad anónima. Ocurre que después se autorizan institucionalmente algunas sociedades anónimas porque son internacionales o cotizan en bolsa, como las forestadoras, que tienen una habilitación extraordinaria”, argumentó.
Por el contrario, para el FA es una eliminación positiva y es “la más sustantiva” de los más de 430 artículos que se han estudiado hasta el momento. Es decir que “tiene esencia, no es un problema formal”, aseveró Olesker.
En una línea similar, los cabildantes entienden esencial esta derogación. De hecho, Domenech afirmó que hay al menos cinco millones de hectáreas pertenecientes a sociedades anónimas con acciones al portador. “Esas son las problemáticas, porque no se puede saber quién es el propietario. Nosotros decididamente no queremos que exista discrecionalidad del Poder Ejecutivo, como ha existido hasta ahora, para autorizar a unos sí y a otros no, como titulares de sociedades anónimas con acciones al portador”, apuntó.
Dijo también que no se oponen a los casos de sociedades anónimas con acciones nominativas, pero advierten que las que son al portador pueden terminar incluso en manos de narcotraficantes.
El debate en torno a la obligatoriedad de los colonos de habitar el predio
Otro ítem dentro de la sección del sistema agropecuario en el que se produjeron varias discrepancias fue el que eliminaba la obligatoriedad de residir en el predio a los colonos.
Tanto CA como el FA habían rechazado este planteo, cuya redacción fue reformada de modo tal que se les permitirá a los beneficiarios del Instituto Nacional de Colonización (INC) no habitar el territorio adjudicado, pero solo bajo determinadas condiciones. Esto implica que, si bien deben vivir en las tierras, podrán ampararse en tres excepciones para no hacerlo: que el colono se haya radicado por 10 años en el predio; que la inversión a la que se había comprometido se cumpla; que haya razones fundadas de salud, educación o trabajo que ameriten el fin de esa obligación.
Para la oposición, según indicó Olesker, estas condiciones ya se tienen hoy, por lo que es erróneo ampliarlas tal como figuran en el nuevo texto porque de esa manera no se respeta el concepto de la colonia, fuertemente vinculado a la vida comunitaria y en el terreno. De hecho fue por ese motivo por el que el FA eliminó la categoría del colono propietario dejando solo la del usufructuario.
No obstante, Abreu cree que con la modificación se flexibiliza la propuesta para atender las excepciones necesarias, puesto que “la radicación en la tierra excesivamente vital, al final termina siendo un cercenamiento de determinados derechos adquiridos”. Inclusive, manifestó que, en el fondo, en materia de colonización existe una interpretación de los últimos gobiernos que va en contra del derecho de propiedad.
Para Viera se trata de un cambio muy positivo, dado que lo que se busca es que no haya tierras del instituto en manos de quien en definitiva no las explote. Sin embargo, entiende que hay realidades distintas y por ello se definió la flexibilización.
La posición de CA desde un principio fue opuesta al retiro de la obligatoriedad de residencia en el territorio, aseveró Domenech. El argumento es que de esa forma se podría correr el riesgo de que el INC se transforme en una especie de inmobiliaria. De igual modo, siempre que sirva a los efectos previstos en la ley de radicar gente en el campo, los cabildantes coinciden con la necesidad de reconocer que hay situaciones de enfermedad, de orden familiar o de estudio, que luego de algunos años autorizan a que esas personas puedan residir en otro lugar.
Antel: una reforma postergada que se discutirá en el futuro
En el área de las telecomunicaciones, el gobierno decidió sacar del proyecto de ley de urgencia dos artículos referidos a Antel. Así lo informó el ministro de Industria, Omar Paganini, en la comisión especial que estudia el articulado. De todas maneras, la definición responde a que ambos fueron incluidos en la ley de medios, que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados.
Más precisamente, el artículo 48 de dicha iniciativa expresa que “los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable, tendrán derecho a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de sus redes propias o de recursos que contraten con terceros”.
El texto añade que “los operadores públicos de telecomunicaciones que sean titulares de infraestructura, así como de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”.
Pese a que el gobierno quitó esta propuesta de la ley de urgente consideración, Abreu no es partidario de esa decisión. Opinó que los artículos respecto de la libertad y la competencia de los prestadores de servicios, y del arrendamiento de internet o de las líneas que tiene Antel, deberían haber permanecido. Para el senador oficialista, hubiese sido mejor emitir una señal clara sobre este asunto e iniciar el debate en este ámbito. Igualmente, espera que una modificación más profunda se dé en la ley de medios.
Para los colorados es de vital importancia garantizar la capacidad de Antel como empresa pública en el rubro de las comunicaciones y sus fortalezas para competir. Dado que son justamente defensores de la competencia por entender que favorece el servicio al cliente, consideran fundamental su discusión parlamentaria y subsiguiente aprobación.
No obstante, el FA ha sido duramente crítico con esta postura, en el entendido de que no es correcto el uso de una infraestructura creada en una inversión muy importante de Antel por parte de los privados. De ese modo, en palabras de Olesker, “los privados asumen un costo variable sin tener los costos fijos derivados de la amortización de la inversión, entonces eso no nos parece bien y no ayuda en nada a mejorar un sector que, funcionando solo en el caso de Antel, lo hace bien”.
De todas formas, los frenteamplistas ven con buenos ojos la eliminación de estos artículos del proyecto de ley, puesto que el tema podrá debatirse en los plazos normales de una ley común.
Debido al pasaje de este planteo de una iniciativa legislativa a la otra, CA no ha tomado posición al respecto ya que se ha dedicado enteramente al estudio de la ley de urgencia.
