El Gobierno realizó cambios en el decreto que permitía a los privados vender energía a los grandes consumidores de UTE, ya que se enfrentaba a cuestionamientos por parte de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Uno de los principales cambios es que se fijó en 1500 Kw de potencia contratada para ser considerado un gran consumidor, lo que reduce a unos 50 aquellas empresas que podrán comprar energía a empresas privadas de un total que era mayor a 450. No obstante, en el punto dos del decreto, se señala que se podrá modificar el tope. Este punto en particular es cuestionado por el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, quien señala que “en esta oportunidad no entran todos, van a entrar 50, pero eso puede cambiar”.
En declaraciones a La Mañana, Pées Boz dijo que se corrigieron unos “burdos errores” que estaban contenidos en el primer decreto. Este presentaba una fórmula que estaba mal hecha. El director por Cabildo Abierto indicó que se presentó una fórmula algebraico matemática, pero que no condice a ningún valor, porque se puso un símbolo en lugar de otro. “Para corregir este error se sacaron dos decretos el 24 de agosto”, explicó; en el primero se admite que la fórmula está mal planteada y “echándole la culpa a la Dirección Nacional de Energía que, dicho sea de paso, es la que preside la Administración del Mercado Eléctrico”, sostiene Pées Boz. Pero también sostiene que ese decreto pasó por el Ministerio de Industria y se le hizo firmar al presidente de la República. El segundo decreto pone límites a quiénes son los que pueden contratar con privados.
“Parece entonces que nuestras denuncias no cayeron en saco roto, sino que se dieron cuenta que con todo esto estaban perjudicando a la empresa pública UTE que iba a perder ingresos por hasta US$ 280 millones anuales”, acotó.
No obstante, opinó que el riesgo “sigue latente”. “No podemos disimular, en el mismo decreto en que se restringe el riesgo, estableciendo que sólo podrán pasarse a los privados los que tengan justamente más de 1500 kilowatts de potencia mínima contratada, en un segundo artículo dice que el Poder Ejecutivo podrá modificar si lo entiende necesario conforme a la evolución del sistema eléctrico nacional”, señaló. “Creo que el mensaje es para decirnos a los que nos opusimos a esto, no se alegren porque en cualquier momento podemos volver atrás”.
Un “terrorista delirante”
El director en UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, dijo al comentar los cambios en el decreto que “en atención a que este ‘terrorista delirante’ estimó y denunció públicamente que UTE podía perder hasta US$ 280 millones anuales (20% de los ingresos) y por ello tener que aumentar más de un 10% real las tarifas, parecería que entraron en razón y sacarían un segundo decreto corrigiendo el error de la fórmula que desde entonces deja el ‘vacío normativo’”.
El director de Cabildo Abierto está convencido de que todos estos cambios se tratan de una hoja de ruta que se inició en 1992 cuando se intentó privatizar la UTE. Sostiene que esta idea “como el Ave Fénix renace periódicamente de sus cenizas, según lo estaría reiterando el señor ministro Paganini cuando concluye que las imprescindibles inmediatas modificaciones lo son… sin cambiar para nada el fondo de la situación. Mientras tanto, un directorio de UTE sin votos suficientes para recurrir en defensa de la institución, sus funcionarios y sus 1.600.000 usuarios. Una URSEA que no se ha manifestado y que tiene entre sus Cometidos Sustantivos ‘proteger los derechos de los usuarios y consumidores’ en el mercado eléctrico. Y un silencio atronador desde el Parlamento Nacional”.
Los cambios en el decreto
Pées Boz fue uno de los primeros que advirtió las graves consecuencias del Decreto 242/2023 publicado el 14 de agosto, en el que se modifica el Reglamento de Energía Eléctrica del año 2002. El mismo explicó que el cambio fundamental es que no se exige a los generadores privados que firmen contrato con las grandes empresas, para que generen potencia firme.
Hasta ahora, si un privado suministraba energía a una empresa, debía tener potencia firme, o sea le debía proveer de energía las 24 horas del día los siete días de la semana. Esta condición hacía que el negocio fuera casi imposible de llevar adelante, porque en la generación de energía fotovoltaica (solar) o por eólica (molinos de viento) se da cuando hay sol o viento. El decreto en cuestión se desprendía que cuando la empresa suministradora no tuviera energía disponible, la cobertura la tenía que hacer UTE. O sea, la empresa estatal de energía perdía el cliente, pero cuando el privado no podía cumplir, UTE entraba de nuevo para asegurar el suministro. A esto se agregaba que las líneas de suministro son las tendidas por la empresa eléctrica estatal.
Para entender la dimensión del tema, hay una sola empresa privada que brinda energía a un gran consumidor. Se trata de un parque solar en Salto, el cual cuando no tiene disponibilidad (porque por ejemplo es de noche) abastece de energía mediante un generador propio. Con el cambio propuesto por el Poder Ejecutivo no tendría que hacerlo más, porque el respaldo sería la UTE.
El ministro de Industria, Omar Paganini dijo que los cambios en la resolución eran por “algunas ambigüedades que podían generar algunos problemas” y reconoció la existencia de malestar en UTE por el decreto.
Agregó que “se llegaron a algunos ajustes en el decreto que precisan mucho mejor cuál es el mercado mayorista que va a funcionar, sin cambiar para nada el fondo de la situación, pero sí definiendo a partir de cierto nivel de potencia. Cuáles son los grandes consumidores que van a participar en el mercado” de los que serían unos 100 de los 470 existentes. Al final quedaron 50.
Paganini considera que “aun en la hipótesis de que se fueran todos, lo cual es un delirio, no es cierto que se pierde todo el negocio para la UTE, se pierde una parte”. Una parte que implica US$ 280 millones de dólares al año.
Según el ministro, en el directorio de UTE “había un cierto temor de que fuera demasiada gente la que pudiera tomar esta opción”, por lo cual se fijará “cuántos clientes, eventualmente, podrían ampararse en ese nuevo reglamento”.
Ante las críticas de los directores de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, el ministro de Industria indicó que se la reacción de ambos “puede estar motivada por la resistencia al cambio y a la entrada de nuevos actores en el mercado” a la vez de que “pintan un panorama de terror solamente para no cambiar”.
Los que fueron invitados
La resolución en los cambios del decreto 242/2023 se tomaron en una reunión en la que participó Paganini, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el director de la OPP, Isacc Alfie. Anteriormente, Paganini se había reunido con los directores del Partido Nacional (Silvia Emaldi y Mariana Ubillos) y el del Partido Colorado (Julio Luis Sanguinetti Canessa). A esta reunión no fueron invitados el representante de Cabildo Abierto en el directorio de UTE, Enrique Pées Boz y ni la del Frente Amplio, Fernanda Cardona.
Cardona había presentado un recurso revocatorio contra el decreto, argumentando que “privatiza parte del negocio de la empresa pública y perjudica a los uruguayos”. Y Julio Luis Sanguinetti también había señalado que podría realizar lo mismo. El tema era que en el directorio no se contaban con los votos en una primera instancia para llevar adelante el recurso, pero podría ocurrir si Sanguinetti se sumaba a la posición del Frente Amplio y Cabildo Abierto. De ahí la necesidad del gobierno de intentar corregir el decreto original.
Ante los directores de UTE que criticaban el decreto del 14 de agosto, Paganini había señalado que decir que “UTE va a perder todos los clientes grandes de golpe y eso va a ser muy malo, es básicamente terrorismo”.
La directora frenteamplista estima que la modificación que anunció el ministro (bajando a 50 los posibles beneficiarios) “no cambia en absoluto las consecuencias” que ellos venían advirtiendo y que les “hicieron impugnar este decreto la semana pasada”. En declaraciones a la emisora M24 señaló: “La introducción de las (energías) renovables no convencionales tienen más de 10 años en Uruguay y nunca se necesitó este tipo de normativa para que se hicieran las inversiones. Entendemos que la única forma de defender a la empresa pública, a la UTE, por lo tanto, a la gente y a Uruguay es revocando este decreto, porque aun con la modificación que el ministro menciona, las pérdidas de UTE van a ser grandes, cuantiosas y eso lo va a seguir pagando el resto de la ciudadanía”.
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