Cabildo Abierto está elaborando un proyecto de ley que pretende presentar después del tratamiento de la reforma de la Seguridad Social, por el cual se quiere impulsar una actualización de la ley de riego aprobada en 2018, la cual nunca se reglamentó.
Se busca que los productores puedan acceder a mejores condiciones e implementar sistemas que garanticen agua en sus predios en momentos de sequía como el que se vive actualmente.
En las últimas semanas, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, ha recorrido varias zonas del país para interiorizarse de la situación por lo que atraviesan los productores. Por ejemplo, en San José y Canelones, zonas seriamente afectadas principalmente en la parte hortofrutícola, los productores han pedido una reducción de los costos de energía, los impuestos y las tasas, y maquinaria para lograr mejorar los recursos hídricos.
En una visita a San José y Canelones, Manini habló con tamberos, fruticultores, horticultores y viticultores. “Nos han mostrado sus cultivos dañados por esta falta de agua. Es gente que hizo inversiones”, dijo el senador a Radio Carve. “Uno de los productores nos mostró las represas que construyó hace ya un año y que nunca alcanzaron a llenarse de agua. Ahora están con serios problemas. Es una realidad que golpea fuerte, porque aparte es algo generalizado en todo el país. Indudablemente, la única solución es que llueva bien; todo lo demás son paliativos”.
Desde el gobierno se trata de aliviar “dando un poco de oxígeno a quienes la siguen peleando y siguen con la esperanza, mirando al cielo paraa ver cuándo va a llover”, agregó.
También adelantó que a criterio de Cabildo Abierto se pueden tomar medidas adicionales, por ejemplo, la deducción de IVA en la energía eléctrica y raciones a pequeños productores que no pueden afrontar los gastos.
“Se debe pensar en las próximas sequías”, aclaró, ya que son recurrentes y la actual situación tiene su origen desde hace unos tres años. Este es un problema que Uruguay tiene desde hace siglos. Manini Ríos recordó que en 1890 se registró una seca que mató la cuarta parte de todo rodeo vacuno del país y en 1942 el agua del océano ingresó a la Laguna Merín por la bajante que tenía, con el consiguiente perjuicio para los pescadores y los arroceros.
El líder de Cabildo Abierto llamó a “sacar una enseñanza” de esta situación que se vive. “La crítica en general es para todas las administraciones que no han sabido prever. Está estimado que entre el 2% y 3% del agua que cae de la lluvia es lo que se retiene y se utiliza en la producción nacional. El resto termina en el océano. Si se hicieran todas las represas que se pudieran dada la topografía, se podría retener más del 20% del agua, es decir, 10 veces más de lo que se retiene hoy”, dijo Manini Ríos.
Este tipo de acción la considera como “un desafío que necesita mucha inversión y el esfuerzo conjunto de gobierno y productores”. Por otra parte, señaló que han existido políticas de Estado que han tenido costos compartidos, como en la Ley Forestal de 1987, donde se subsidiaba la mitad del costo de la producción, aparte de la exoneración de la Contribución Inmobiliaria y una serie de impuestos. Esto generó que se pasara de menos de 100.000 hectáreas forestadas a más de un millón, y “fue una política de Estado y eso mismo se puede generar en otros sectores”.
Sobre ley 19.553 sobre riego votada en 2017 y que aún no está reglamentada, dijo que podrá ser una ley discutible y tener puntos difíciles para su aplicación “pero es un paso”. “Acá lo que hay que impulsar es que de una vez por todas se comience ese represamiento multipredial que favorezca a varios productores”, dijo.
Solicitud de garantía Siga
El diputado Álvaro Perrone presentó en el Parlamento una solicitud que se curse al Ministerio de Economía pidiendo reeditar “de forma urgente” la Garantía SIGA de Emergencia, “que fue el gran motor para dinamizar la economía en la peor época de pandemia y con la gran crisis comercial que había”. El SIGA es una garantía para las empresas que puede utilizar como respaldo para un crédito tomado en cualquier banco privado o el BROU.
En diálogo con La Mañana, el legislador manifestó que “con los efectos negativos de la sequía, no solo se ve afectado el agro, sino también todo el comercio por sus distintas ramas”. Lo que se realizó en la actualidad es un corrimiento en los vencimientos del Banco República, “y hemos reclamado también que lo haga la banca privada. Los pequeños productores lo que necesitan ahora son créditos rápidos, para poder comprar pasturas”.
Acotó que se han recibido, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, la necesidad de reeditar este sistema de garantía que se encuentra restringido desde diciembre.
“Este un reclamo que hemos recibido de distintos empresarios, sobre todo pymes”, dijo Perrone. “Este tipo de garantía, SIGA Emergencia, permitía acceder a un crédito rápido, donde se eliminaba la burocracia. Fue un gran motor para dinamizar la economía en el peor momento de la pandemia”. La decisión sobre la reactivación de este tipo de instrumento pasa por el Banco Central y el Ministerio de Economía.
Acotó que no solo está afectado el sector agropecuario con la sequía, sino que está comenzando a repercutir en otros partes de la economía, especialmente en el interior del país.
Según el legislador, la cadena de insumos está comenzando a ver las repercusiones de lo que pasa en el medio rural. Principalmente, el sector transportista observa una disminución de actividad, lo que lleva a que tengan problemas para conseguir créditos y poder continuar operando. Otros sectores afectados son los vinculados con los transportistas, como ser los talleres mecánicos.
En la actualidad el SIGA es válido para determinados montos, pero los mismos se han ido reduciendo desde el pasado mes de diciembre. Esto, según Perrone, constituye un impedimento para los medianos productores que no pueden acceder a este tipo de garantía. Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que existe un SIGA funcionando para las pequeñas empresas.
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