Actualmente, en Uruguay se están recolectando firmas para tres plebiscitos diferentes: el propuesto por el Pit-Cnt, respaldado por el Frente Amplio, que pretende modificar la reforma de la seguridad social votada a principios de este año; la propuesta de Deuda Justa, de Cabildo Abierto, que pretende impulsar una reforma constitucional que no solo limite las tasas de interés, sino que también permita la reestructuración de deudas de personas físicas; y finalmente el plebiscito que impulsa el movimiento Uruguay Soberano y que intenta introducir una serie de cambios en la Constitución, para que aquellos acuerdos que firme el Estado por un período mayor a cinco años con una empresa u otro Estado deban ser ratificados por el Parlamento y la ciudadanía.
Hay que recordar que Uruguay tiene una larga tradición en el ejercicio de la democracia directa, ya que es uno de los países que más temprano introdujo este instrumento. La ley constitucional 4.257, del 28 de agosto de 1912, que reformó el mecanismo para reformar la Constitución del año 1830, dispuso la existencia de los plebiscitos en Uruguay. Estos fueron aplicados en 1917 tras las elecciones de la Convención Nacional Constituyente el año anterior, en que Pedro Manini Ríos cumplió un papel decisivo. La elección de la Convención Nacional Constituyente del 30 de julio del 1916 fue la primera elección con voto secreto, habilitación a los analfabetos para ejercer el sufragio y la implementación de un reparto proporcional de los escaños según el caudal electoral. Fue también la primera vez que en una elección el batllismo fue vencido. La historiadora Ana Frega señaló que la Constitución de 1918 inauguró la efectiva conformación de la democracia liberal en Uruguay, puesto que estableció el voto secreto y la representación proporcional (A. Frega, et. al., Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005)).
Lamentablemente, a pesar de nuestra tradición democrática, han trascendido en este último tiempo algunos inconvenientes que estarían perjudicando el libre ejercicio de la democracia directa en nuestro país. Uno de ellos ocurrió el 28 de diciembre del año pasado, en la feria especial que funciona en el barrio del Prado de Montevideo. En la ocasión, personal de seguridad que trabaja en dicha feria impidió la permanencia de varias personas integrantes del movimiento que estaban juntando firmas entre la concurrencia en apoyo de la Reforma Constitucional Uruguay Soberano.
El otro hecho ocurrió cuando a otra integrante del Movimiento Uruguay Soberano, también dedicada a recabar de firmas, se le impidió el ingreso al local de la Facultad de Ciencias Sociales. La persona afectada explicó a quienes le impedían el ingreso que su actividad era ciudadana, no político-partidaria ni proselitista, y les señaló que en el vestíbulo de la misma Facultad había instalados puestos de recepción de firmas de otro proyecto de reforma constitucional, por lo que solicitó que se le brindara a ella el mismo trato que a los otros receptores de firmas. La respuesta que recibió fue: “El gremio [sic] resolvió que el otro proyecto puede ingresar, pero el de Uruguay Soberano no”.
Tras estos sucesos el movimiento Uruguay Soberano presentó una carta de denuncia dirigida a la intendente de Montevideo, ingeniera Carolina Cosse y al rector de la Udelar, licenciado Rodrigo Arim. Según informó el doctor Hoenir Sarthou a La Mañana, en la feria anteriormente mencionada ya no se les obstaculiza más en la junta de firmas. Sin embargo, a la universidad todavía no han vuelto para comprobar si la situación ha cambiado.
Pero esto no solo le ha sucedido a Uruguay Soberano, sino que Cabildo Abierto ha vivido experiencias similares. De hecho, integrantes de esta colectividad política han manifestado en más de una ocasión que fuerzas de seguridad privada los han expulsado de lugares públicos, como por ejemplo frente a la terminal de Tres Cruces.
El argumento de que hay una zona de exclusión de cien metros en la vía pública en la que no se puede hacer proselitismo ha sido la excusa que presentaron los organizadores de un evento tradicionalista en el departamento de Tacuarembó, por ejemplo, y en otros eventos multitudinarios donde obviamente sería importante que la ciudadanía pueda acceder a firmar.
En esa línea quienes hemos visto desde el retorno de la democracia varias campañas por distintos plebiscitos sabemos que algunas organizaciones y colectividades políticas utilizan todos los elementos a su alcance para hacer llegar su mensaje y alcanzar su cometido. Sin embargo, parece que nuestra sociedad es más permisiva con algunas organizaciones que con otras. ¿Pero esto no es, acaso, una obstrucción a la democracia directa en Uruguay? ¿Se tratará de un nuevo cordón sanitario hacia las propuestas que interpelan el statu quo?
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