La semana pasada nos enteramos que la Cancillería había comprado engrampadoras con un costo unitario de 400 dólares, lo que obligó a la cartera a revertir la compra. Convenientemente filtrada, la información tenía el objetivo de causar indignación entre la población y obligar al gobierno a dar marcha atrás. Sin embargo, resulta que ese precio es el vigente y habitual en plaza, por lo que la Cancillería tenía poco que hacer si necesitaba ese útil de oficina. Más aún, el programa Santo y Seña presentó un cálculo el domingo indicando que el precio del bien colocado en Uruguay debería rondar los 100 dólares, un cuarto de su precio al público. ¿Es esto problema de Cancillería? ¿O será parte de un problema más generalizado en la economía?
Si analizamos otros rubros como el de pasta dentífrica, la diferencia de precios es similar. Y lo mismo se repite en varios productos de la canasta de consumo habitual. ¿Dónde radica el problema entonces? Si el Estado con su poder negociador no logra comprar productos importados a precios razonables, ¿qué dejamos para el uruguayo de a pie? Los países desarrollados ya están tomando cartas en el asunto de la protección a la competencia.
En Canadá, el Competition Bureau está promoviendo activamente revisar las regulaciones a la luz de la irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo de la distribución y el comercio minorista. Recientemente, las autoridades canadienses entrevistaron a los directivos de las tres principales cadenas de supermercados luego de detectar que todas habían cancelado un bono incentivo de los empleados, sospechosamente el mismo día. “Fue una gentileza hacia mis colegas”, admitió el directivo de una de estas cadenas, respecto a este “acuerdo” implícito de salarios. En este caso las autoridades no pudieron actuar, pero es parte de lo que está bajo revisión.
Más cerca nuestro, la Secretaria de Comercio de la Argentina limitó recientemente el porcentaje que una conocida empresa de delivery cobraba a pizzerías y heladerías, que habría llegado a niveles del 30%. El gobierno intervino para limitar la comisión al 10% por el simple uso de la app, y al 18% si utilizan el mecanismo de delivery de la aplicación. ¿Alguien piensa que estos comercios pueden absorber comisiones similares? Supuestamente, el valor agregado del uso de herramientas informáticas debería hacer que la economía sea más eficiente. No se puede permitir que se convierta en un instrumento más de extraer rentas a los más débiles. Y peor aún, ante la mirada indiferente de los reguladores que cobran sus sueldos justamente para evitar este tipo de situaciones.
Algo similar ocurre con las tarjetas de débito y crédito, que cobran a los comercios como si fueran socios del negocio. En el caso de los estacioneros, el uso de estos medios de pago electrónico les lleva el 15% del margen bruto. Sin riesgo alguno para los bancos. El que pensó todo esto para implementarlo, ¿desde qué ángulo lo hizo?
La pandemia ha reforzado la concentración y la cuota de mercado de las grandes empresas, lo que supone un freno para el crecimiento y la innovación, apuntó un estudio publicado este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Vemos crecientes signos en muchas industrias de que el poder de mercado se está arraigando ante la ausencia de fuertes competidores para las firmas dominantes”, afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en una conferencia organizada por los centros de estudios Bruegel y Brookings.
Georgieva destacó como la crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus ha golpeado con especial contundencia a las pequeñas y medianas empresas, lo que ha permitido que las “firmas dominantes emerjan aún más fuertes mientras sus rivales más pequeños se quedan atrás”.
En conclusión, es tiempo que nuestra legislación se actualice para empoderar a los agentes reguladores y defensores de los consumidores; y que estos asuman su responsabilidad de actuar en beneficio de todos y no de aquellos que deben regular. Antes de que terminemos todos engrampados.
Jaime Buchanan
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