En la edición del jueves 4 de julio 2024, El Observador publicó el desmantelamiento, en un operativo conjunto con la Policía brasileña, de una organización de producción de cannabis en Uruguay y distribución en redes narcotraficantes en Brasil.
Calculan que en el último año la operación dejó a los narcos unos 5 millones de dólares.
Lo que no dice la nota es la cantidad de años que hace que están haciendo estas operaciones. La ley que habilita los clubes cannábicos ya tiene 10 años. Saquen Uds. La cuenta de los montos que pueden haber generado los narcotraficantes desde un solo club cannábico cercano a la frontera en estos 10 años.
La pregunta que formularnos sería ¿cuántos clubes cannábicos están realizando la misma operativa? ¿Cuántos grupos narcotraficantes están plantando marihuana en Uruguay y exportando su producción bajo el amparo de una legislación favorable sin control alguno?
Ahora competimos en calidad y precio con el prensado paraguayo, de supuesta baja calidad. Aquí se puede importar y plantar buena semilla, pasar desapercibido bajo los inexistentes controles del Ircca y de la JND, sin mayores trabas legales. Hace más de año y medio, escuchamos al secretario de la JND mencionar, restándole absoluta importancia, que cannabis de cepas uruguayas de clubes habían sido incautadas en San Pablo.
Seguimos manejando con una absoluta irresponsabilidad y una total inocencia la aplicación de una ley tan importante como la de regulación del cannabis.
Ningún control se aplica a los clubes cannábicos que siendo, por definición de la propia ley, asociaciones civiles sin fines de lucro terminan, por un lado, produciendo millones de dólares para los narcos y, por otro, solicitando que se duplique su número de afiliados. Parecería que uno de los propósitos de esa duplicación de afiliados podría ser aumentar las cantidades de plantas, semillas y demás insumos, que disfrazarían tal vez la narcoproducción.
Ningún control sobre los autocultivadores, de los cuales desconocemos si el fruto real de lo que producen termina consumiéndose “sanamente”, como establece la ley, o un algún galpón acopiándose para ser exportado hacia otros mercados.
En definitiva, lo que sostenemos hace años, se ha cumplido con creces. Uruguay dejó de ser un país de tránsito para convertirse también en un país narcotraficante productor.
Organismos oficiales que no cumplen su función, ni de control sobre los productores ni de prevención sobre la población. Una supuesta industria medicinal que florecería al aprobarse la ley termina totalmente marchita y con escándalos de estafa a inversores extranjeros, plantas cerradas, empleados en la calle y exoneraciones tributarias en bolsillos de unos pocos.
Quizás es hora de plantearnos, la disolución de organismos como la JND o el Ircaa. Por lo menos nos estaríamos ahorrando la pesada carga de pagar entre toda la población los sueldos de un montón de “funcionarios” que, a las claras, parecen no cumplir con su función.
No deroguemos la ley, por ahora, pero empecemos a aplicarla en serio, ejerciendo los controles que establece, generando campañas reales de prevención. Es hora, de hacer algo. El tema adicciones está siendo central en estas campañas electorales. La pregunta que todos los ciudadanos debemos hacernos es ¿qué promete cada partido hacer en este tema? Y exigir luego que cumplan con lo prometido.
Delgado, Orsi, Manini Ríos y Ojeda, deberían ser muy claros, y quizás hasta firmar un compromiso públicamente sobre este tema. Porque en el manejo que hagamos de las adicciones en los próximos 5 años en materia de prevención, rehabilitación y combate nos jugamos el futuro del país. Seguridad, salud pública, enseñanza y adicción, son sin duda, un único tema muy enrabado entre sí.
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