En un momento en el que las sociedades se ven reflejadas y hasta identificadas con el mundo del espectáculo, lo artificial y virtual parece haberse impuesto por encima de la experiencia vivida, y los problemas reales de la gente parecen quedar a un lado. Los medios de comunicación y las plataformas digitales en conjunto han llevado a las relaciones humanas, no solo públicas sino también privadas, a un grado de exposición que podríamos considerar inédito en la historia, sobre todo por el alcance que estas herramientas tienen.
Sin embargo, como bien señala el filósofo surcoreano, Byun Chul Han, la incidencia de las redes sociales en la vida privada de las personas evidencia aspectos negativos que desnaturalizan la vida social, al tiempo que la información que circula en las redes se ha vuelto como nunca la más eficaz fuente de poder que sea capaz de trastornar cualquier escenario político.
De esa forma, asistimos a una teatralización de la política que no solo redunda en el clásico enfrentamiento entre partidos -que se da todo nivel- sino que, peor todavía, termina por banalizar el objetivo esencial de una república y de la función pública que es al final de cuentas la de garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Así nuestra ciudadanía viene testimoniando -desde hace ya varias décadas- una verdadera ineficiencia en la gestión, sobre todo en lo que refiere a dar solución a los problemas estructurales históricos de Uruguay, como el costo país o la baja inversión doméstica que tenemos, por ejemplo. Pero, por otra parte, como contrapartida, también es testigo de hechos que evidencian una administración que mal invierte recursos, tal como lo sucedido en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.
En este caso en particular parece haber quedado demostrado cómo las prioridades del Ejecutivo distan diametralmente de las expectativas de la población, sobre todo la del litoral, que viene siendo afectada de mala manera por la diferencia de cambio que hay con Argentina, teniendo el departamento de Salto una de las tasas de desempleo más altas del país. Y aunque haya renunciado Carlos Albisu a la presidencia de la delegación uruguaya de este organismo, al día de hoy, solo dos de los treinta y seis contratados discrecionalmente en la delegación de Salto Grande renunciaron tras haber pasado cuarenta días de lo dispuesto por el Parlamento.
Porque no hay que olvidar que en la interpelación realizada el 3 y 4 de octubre a la ministra de Economía Azucena Arbeleche y al entonces ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, se votó casi de forma unánime con 93 votos a favor de los 95 presentes, una moción sobre la Comisión Técnico Mixta en la que se estableció que “la delegación uruguaya promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”. Y también expresaba que “resulta imprescindible, por los mecanismos que se entienda pertinentes, además, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”.
Sin embargo, al día de hoy se le sigue haciendo caso omiso al Parlamento con todo lo que ello significa, y parece descartada cualquier consecuencia que este comportamiento pueda acarrear. Pero lo peor de todo, es que el litoral sigue esperando soluciones a su recesión económica.
Al final de cuentas, mientras el Pit-Cnt se manifestaba el lunes pasado contra la corrupción por el pasaporte entregado a Marset en Dubái -que ha sido uno de los casos con mayor mediatización este año, con varios episodios- quedó en evidencia la falta de adherencia de la población hacia esta consigna. Porque a pesar de que esté en cuestión algún posible vínculo entre el narcotráfico y el Estado, los problemas que nuestra ciudadanía perciben como suyos siguen estando presentes. Y el tema de fondo para la gente de a pie es fundamentalmente económico.
Y debe ser justamente por eso que la iniciativa de Deuda Justa promovida por Cabildo Abierto con la intención de juntar firmas para plebiscitar una norma que limite la usura no para de recibir adherencias, que miran más allá de los colores político partidarios. Así, se vienen sumando sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, el PERI, y también otras organizaciones como Un Solo Uruguay y Adeom Rocha, entre otras.
De alguna forma, nuestra ciudadanía cansada del cotidiano rife rafe que pulula en los medios entorno a las disputas políticas y otros hechos bochornosos que no conducen a ninguna parte, ven en este proyecto una política de alcance nacional y que tiene como fin dar una salida a una situación insostenible para poco menos de un tercio de nuestra población
En esa línea, en la gira que realizó el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos por el litoral, explicó la adversidad de este contexto en el Canal 4 de Paysandú.
“Nosotros en julio del año 20, cuanto estaban los puentes cortados -por la pandemia- presentamos un proyecto de ley que establecía la exoneración completa de impuestos a los productos que se vendían de este lado de la frontera, con una tarjeta de residentes de los departamentos fronterizos, pensábamos que era una buena medida para acortar las diferencias de precio, y aunque sea, en cierta forma, paliar una situación que era evidente que se iba a dar una vez que se abrieran los puentes”, indicó Guido Manini Ríos.
“Tal cual pasó así, crónica de una muerte anunciada. No se tomaron las medidas. No se fue en el sentido de lo que proponía Cabildo. Las medidas que se tomaron, siendo buenas, fueron totalmente insuficientes porque no cambiaron ni cerca la situación. La realizada marca que hoy estamos en un serio problema que no se lo quiso atender en su momento. Acá hay un tema estructural de país, Uruguay está excesivamente caro, es de los países más caros del mundo y no tiene servicios que ameriten que los precios estén en el nivel que están. Acá hay una política monetaria que se utiliza casi como única herramienta para controlar la inflación: mantener el dólar planchado ha sido la política durante todos estos años. Esto viene desde la época frenteamplista, no empezó ahora, pero sigue ahora y esto significa que cada año hay un encarecimiento en dólares que lleva a la realidad del Uruguay”, opinó el líder cabildante, enfatizando los motivos expuestos con anterioridad.
Por ello, ante el ruido que hacen los medios en torno a diversos casos que generan polémica, nuestra ciudadanía prefiere seguir una política de acciones concretas que tengan como objetivo resolver sus problemas cotidianos. Porque no se puede pretender separar el problema del endeudamiento privado de los problemas económicos de Uruguay.
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