La Ley 19.580 fue aprobada en diciembre de 2017 con el voto de todos los partidos políticos en ese entonces representados en el Parlamento, con el objetivo de reducir o eliminar la violencia doméstica hacia la mujer. Pensamos que, por el contrario, esa violencia está en aumento y que esta ley habilita injusticias gravísimas que no deberíamos ignorar. Este es uno de los grandes temas que afectan a nuestra sociedad y el sistema político no debería, como tantas veces, mirar para el costado.
La ley establece una serie de disposiciones que significan una condena real del hombre denunciado, haya o no cometido violencia. Poco importa si realmente es culpable o no, desde el primer momento ya sufre castigo como si lo fuera. Es apartado de sus hijos, es alejado de su domicilio, las pruebas en su defensa no son consideradas, etc. En definitiva, alcanza con ser denunciado para que comience a vivir un verdadero calvario.
Cuando a un padre se le priva el contacto con sus hijos en base a una denuncia falsa, y eso ocurre con bastante más frecuencia de lo que muchos suponen, puede tomarlo con resignación, aceptarlo como una cruz a cargar, o puede perder el control de sus acciones y cometer cualquier barbaridad, como lamentablemente lo vemos cada vez más seguido. Se cuentan por decenas quienes no lo han soportado y han terminado trágicamente su vida y también quienes terminaron con la vida de su pareja y, en varios casos, con la de sus hijos.
La impotencia que sufre el hombre cuando es inocente y falsamente denunciado es difícil de medir. Basta leer los 98 artículos de la ley para percibir claramente las tremendas injusticias que puede amparar. A partir de esta norma todo hombre vive realmente en libertad condicional. Debe demostrar su inocencia, lo que invierte la carga de la prueba, pero, lo que es peor, no se le permite probar su inocencia.
Hace pocos días, a raíz de un tuit (¿o se dice posteo en X?) de un conocido columnista de este semanario afectado por esta norma, le contestamos que nosotros hace tiempo intentamos modificarla, y recibimos el silencio como respuesta del sistema político…
En efecto, a principios de marzo del año pasado en el Senado de la República presentamos un proyecto para realizar cambios sustanciales en la Ley 19.580, pero, lamentablemente, en el sistema político primó el miedo a encarar un tema que genera polémica y en torno al cual las posiciones se radicalizan. Prevaleció como tantas veces la tibieza, máxime al tratarse de año electoral, el miedo a enfrentar a una aplanadora mediática que seguramente surgirá por parte de los apóstoles de la nueva religión de la ideología de género, una vaca sagrada intocable que nos condena como sociedad a sufrir durísimas injusticias. Y nuestro proyecto fue a un cajón en el que aún duerme mientras se siguen sumando las víctimas de una ley que ha generado, repetimos, mucha más violencia que la que pretende detener.
Pretendimos, ilusos de nosotros, poner un poco de sentido común, en un mundo que parece haberlo perdido hace rato.
En su artículo 3, la ley establece que “en caso de conflicto o duda […] prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres […]”. Surge la pregunta de si esa disposición es constitucional. Nuestra carta magna dice en su artículo 8 que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Hasta un estudiante de primer año de derecho puede determinar la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 19.580.
Por si no alcanzara con esa disposición, la ley exonera de cualquier pena a la mujer que denuncie falsamente a su pareja. Los legisladores de 2017 no se imaginaron la puerta que estaban abriendo con tamaña disposición. ¿A nadie se le ocurrió el mundo de venganzas intrapareja que se puede saldar con una denuncia falsa que genera medidas durísimas e inmediatas contra el acusado?
Nosotros entendemos que el problema de la violencia doméstica es grave y hay que enfrentarlo, pero seguramente no es con normas como esta que se lograrán resultados positivos. Por el contrario, lo único que ha logrado esta ley es aumentar significativamente los casos de violencia y transformar en irreversibles conflictos familiares que muchas veces podrían allanarse de otra forma.
Es por eso, y porque no nos arrean con ideas pergeñadas en otras latitudes para destruir la familia y minar gravemente la relación hombre-mujer, por lo que buscamos cambiar esta realidad. Propusimos restablecer la igualdad ante la ley, penar la denuncia falsa, respetar la propiedad privada, considerar los descargos de la parte acusada, es decir propusimos aplicar los principios que durante siglos se respetaron en el derecho romano, y que en las últimas décadas han sido pisoteados en aras de una ideología que propone el permanente conflicto, el enfrentamiento, el odio, como motor de la vida.
Las consecuencias de tanto disparate las estamos viviendo día a día. Es hora de ponerles fin.
