La coalición multicolor asumió el gobierno con la mira puesta en la reactivación de un sector productivo seriamente afectado después de años de sobrellevar un significativo atraso cambiario y una carga fiscal inconsistente con la calidad y cantidad de servicios proporcionados por el Estado. Esto se veía ya reflejado en una importante caída en los niveles de inversión durante los últimos dos años del gobierno de Tabaré Vázquez.
La receta macroeconómica para resolver este problema indicaba la necesidad de reducir el déficit fiscal, contrayendo el nivel de gasto corriente del Estado. Esto a su vez permitiría aumentar el ritmo de depreciación de la moneda, sin que con ello alimentara la inflación. Esta combinación de política fiscal y cambiaria permitiría ir recuperando la competitividad gradualmente, al mismo tiempo que el país encaraba las necesarias reformas estructurales. Mientras tanto, la afluencia de capitales argentinos ayudaría a financiar cualquier desfasaje que se produjera en la balanza de pagos. Este es el partido que vino a jugar el equipo económico, y transcurrido un año y un mes de gobierno, podemos decir que ha cumplido en gran parte con el objetivo planteado originalmente.
El problema radica en que la pandemia cambió de forma radical el panorama económico del país. En primer lugar, la profundidad de la recesión hubiera requerido un mayor estímulo fiscal. Pero eso ponía en riesgo nuestra capacidad de seguir contrayendo deuda a tasas razonables. El equipo económico optó por la prudencia financiera y, como resultado, el estímulo fue menor al que se podría haber aplicado si la gestión astorista-bergarista hubiera dejado algo de holgura fiscal.
Ese “espacio fiscal” que nos faltó –y nos sigue faltando– es el que hubiera permitido al Estado asistir más sustantivamente al sector de servicios, en particular el turístico, con el importante peso que el sector tiene en la generación de divisas y la contratación de mano de obra. A diferencia de una fábrica, gran parte del valor de una empresa de servicios es intangible. Una fábrica puede trabajar a la mitad de capacidad por meses perdiendo dinero. Hasta puede llegar a cerrar. Pero una vez que la ecuación de precios le cierra, puede rápidamente volver a producir ya que el capital fijo está instalado. Resulta difícil convertir un frigorífico o planta de procesamiento de lácteos en un shopping o complejo de apartamentos.
En cambio, es mucho más difícil reabrir un comercio o restorán luego de que el propietario no pudo pagar más el alquiler y debió retornar su local al propietario. El negocio sencillamente se muere y gran parte del capital intangible acumulado se evapora. En el caso de los hoteles, vemos cómo de a poco sus propietarios –incapacitados de mantener el personal– los van convirtiendo en edificios de apartamentos o residenciales. Esto implica que cuando llegue la eventual recuperación en la demanda, la oferta de servicios va a ser menor y el producto potencial de la economía se habrá contraído.
Claramente este es un problema que afecta a todo el mundo y Uruguay no es la excepción. Pero sí debemos ser conscientes que con la relación de precios actual respecto a los países vecinos, y la reducción en la oferta, la recuperación del sector turístico no será tan rápida como en ocasiones anteriores. El resultado es que el país deberá hacer frente a un desempleo estructural que podría durar años, si no pensamos antes en políticas de desarrollo productivo.
Esto se superpone a las tendencias globales que ya venían transformando el mundo del trabajo y que la pandemia solo ha acelerado. Si a mediados del año pasado soñábamos con una recuperación en forma de “v”, hoy parecería irse delineando una recuperación global en forma de “k”, que acentuará las diferencias entre países, sectores de la economía y segmentos socio-económicos.
Uruguay podría moverse más ágilmente en esta coyuntura, aprovechando la oportunidad para realizar cambios estructurales que permitirían colocarnos en la parte ascendente de la “k”. Deberíamos empezar por lo que está a nuestro alcance, y que no depende de terceros. Eso requiere que nos pongamos de acuerdo en al menos tres o cuatro temas fundamentales, y que mientras tanto no dejemos que desaparezcan sectores enteros de la economía, por factores enteramente fuera de su control. No hablamos de aumentar el gasto público –discurso que insistentemente intentan imponer algunos comunicadores– , sino que el Estado realice inversiones en el sector privado para que no se nos muera la vaca que nos da leche todos los días. La primera de estas inversiones sería bajarle la carga fiscal a las pymes, igualando sus condiciones a las que recibió por ejemplo UPM. Nada más alejado de una proposición de aumentar el gasto.
La Mañana considera que, en la situación actual, el Consejo Económico Nacional es el vehículo apropiado para comenzar a pensar y discutir el Uruguay del futuro. Esto implica trasladar el eje de discusión de la política económica, sacándolo de la estéril dicotomía entre keynesianismo vs. escuela austríaca, o disquisiciones académicas por el estilo. Aquí se trata de juntar a nuestros mejores recursos intelectuales con los representantes de todos los sectores económicos y sociales del país a pensar, sin prejuicios, cómo construimos el Uruguay del futuro.
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