Con verdadera sorpresa nos enteramos que en el comienzo de la campaña por el plebiscito, la “Comisión Nacional por el SI” le ha pedido al gobierno “no politizar el referéndum”.
Es más. Uno de los integrantes de esa Comisión, el Sr. José Olivera, ha manifestado que “aquí no hay un plebiscito ni una elección a medio término, sino un debate democrático y ciudadano, donde lo que está en juego es el proyecto de país que quiere la sociedad uruguaya”.
También han anunciado los frentistas tres puntualizaciones bien claras:
1) Que su propósito es no politizar el referéndum; 2) Que el Frente Amplio ha decidido no bajar “a la cancha” como partido político o coalición de partidos para defender su postura derogatoria; 3) Que las movilizaciones estarán a cargo de las organizaciones sociales y –es obvio, aunque no lo han dicho en forma expresa– de los sindicatos (La Diaria del 20/oct/p.pdo.). Se ha hecho público que los sindicatos recolectarán un dólar por afiliado para la campaña en favor del SI.
La explicación de ese contrasentido es clarísima: el temor a la derrota.
Porque si lo que está en juego, como ha dicho el Sr. Olivera, es, nada menos, que “el proyecto de país que quiere la sociedad uruguaya”, de lo que estamos hablando es del enfrentamiento de dos modelos de país, de dos maneras distintas de gobernar y de dos sistemas de valores diferentes.
O sea que hablamos de política en forma químicamente pura.
¿Es que alguien puede dudar que la discrepancia en cuanto al modelo de país que cada quien quiere no es un tema político?
¿No es acaso en clave política que se hace enfrentar a través de dos ideologías como formas diferentes de pensar, concebir y abordar los temas económicos y sociales dentro de una democracia, antítesis que sirve –a los poderes no visibles– para crear un proceso dialéctico como factor de desintegración histórica?
Entonces, de lo que se trata es de evitar, en forma inocultable, las tremendas consecuencias de una derrota electoral y política cuya gravedad avizoran; como si las organizaciones sociales o sindicales pudieran asumir, en forma exclusiva, toda la responsabilidad de la derrota.
Obsérvese la ingenuidad de pensar que la movilización correrá por cuenta de las organizaciones sociales, cuando sabemos que todas esas minorías –ya se trate de las que reivindican el feminismo, la libertad sexual, la protección del medio ambiente, la antidiscriminación y demás–, son todas de activa militancia frenteamplista y no sirven para disimular la sólida presencia del partido Frente Amplio detrás.
Del mismo modo ocurre con el PIT-CNT, que se esfuerza en aparecer como el brazo sindical del frenteamplismo, cuya presencia en todos los conflictos es visible desde su comienzo hasta su acuerdo o finalización, como que toda marcha callejera de esa organización se convierte siempre en una manifestación antigubernamental.
Se trata, pues, de una mañosa postura urdida para no asumir las consecuencias de un posible fracaso.
Como también resulta claro que el plebiscito viene precedido de infinidad de cuestionamientos a todos los actos y contratos del gobierno, como así lo demuestran día a día los frentistas con los inconducentes llamados a Sala, las infecundas interpelaciones, las infundadas denuncias ante la Justicia o la Jutep y sus críticas sin pausa ni razón.
Contra la LUC han dicho que profundiza la desigualdad y que afecta los planes sociales, que con la movilidad subieron los homicidios y que no existe una política de seguridad, que eliminar la inclusión financiera es inconveniente, que se coarta el derecho a la huelga, que se prohíbe la libertad de manifestar, que los inquilinos malos pagadores quedan desprotegidos, que el Instituto de Colonización con los 30 gerentes que nombraron se descapitaliza, que se elimina el cogobierno en los entes de la Educación, ¡todo lo cual es absolutamente falso!
Nadie podrá alegar que no se trata de cuestionar políticas, pues la evidencia rompe los ojos.
Aparte de todo eso, menudean los paros y las protestas, se detiene la actividad portuaria y se denuncia el contrato con Katoen Natie, se pretende el cobro de jornales sin ir a trabajar por motivos gremiales, se rodea el Palacio Legislativo para rechazar una ley que no es de su agrado, se convoca a manifestar ante la Casa de Gobierno con quejas sobre la comida en las ollas populares, se recrimina la desatención del Sistema de Cuidados, la Fucvam se zambulle en una sucia campaña y muchos dirigentes han llegado a afirmar que los delitos bajaron por la pandemia, olvidando que su gobierno dejó la seguridad pública a cargo de dos personajes que fueron amnistiados por gravísimos delitos, cuyo fracaso ha sido objeto de unánime reconvención.
Ahora se pretende que no se trata de una elección de medio plazo ni de un plebiscito, pero si lo fuere, quienes lo han promovido y se van a encargar de defenderlo son las organizaciones sociales y los sindicatos actuando como los responsables, porque el Frente Amplio como partido político para nada interviene en la campaña del referéndum derogatorio.
Floja cobertura y falso argumento, que están demostrando el siempre presente temor de su posible derrota en las urnas.
TE PUEDE INTERESAR
