El gobierno de Terra se vio enfrentado a diversos problemas sociales, vinculados, fundamentalmente, a la situación de crisis. Los más importantes eran la desocupación, la alimentación de los habitantes de escasos recursos, la vivienda popular, la baja del salario. El de la desocupación había adquirido caracteres muy graves, hablándose de sumas oscilantes entre 30 mil y 50 mil desocupados. Por leyes de 19 de agosto de 1933 y 23 de febrero de 1934 se crearon fondos para dar trabajo. Se utilizaron, fundamentalmente, las obras públicas.
La llamada “política de solidaridad social” encaró el problema de la alimentación mediante la creación de los comedores populares, donde se suministraban comidas a muy bajo precio. En 1937 se creó también el “Instituto de Alimentación Científica del Pueblo”. Respecto de la vivienda, además de los préstamos de los organismos especializados, se creó, por ley de 19 de noviembre de 1937, el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, para aquellos que no tenían posibilidad de acceder a los créditos comunes. En la órbita del nuevo Instituto se construyeron más de cuatro mil viviendas, dando lugar a lo que por entonces se llamó “barrios obreros”. En lo referente al salario, la política del “terrismo” no fue favorable a los trabajadores. Al respetarse el régimen de libertad salarial, se benefició al sector patronal, en cuanto había exceso de mano de obra. El impuesto a los sueldos, creado en 1931, recién se derogó en 1936. El salario bajó y a ello se agregó el alza constante del costo de vida (política cambiaria, devaluaciones). El gobierno se vio obligado a fijar administrativamente el precio de varios artículos de primera necesidad y a subsidiar el consumo de carne. Asimismo hubo reiteradas prórrogas en materia de rebaja de alquileres y de arrendamientos rurales.
En materia de Previsión y legislación social, se atenuó la crisis del sistema de Previsión, que estaba prácticamente en quiebra, emitiéndose Bonos y asignándose seis millones de pesos provenientes del revalúo de oro, para la Caja Civil y el sistema de Pensiones a la Vejez. Se aprobó también un “reajuste jubilatorio”, que intentó poner coto a ciertos excesos de un régimen demasiado liberal y desfinanciado a juicio de los gobernantes. Se creó la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, con lo que se extendió el derecho a la jubilación a unos cincuenta mil trabajadores de gremios no amparados hasta entonces y que incluyó también al sector patronal. En cuanto a legislación social, se destaca la ley del 27 de abril de 1933 –sobre licencia anual obligatoria y paga para los empleados del comercio– que se había propuesto en el período anterior. Asimismo, se enfatizó el papel de árbitro del Estado en la vigilancia de los convenios colectivos y en general, en la relación entre patronos y obreros.
W. Reyes Abadie y Tabaré Melogno, en “Crónica General del Uruguay”, Volumen IV, Ed. Banda Oriental
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