Es comprensible que la gente esté ya harta de escuchar una y otra vez que se hable del famoso tema del desafuero. Como si no existieran suficientes problemas cotidianos para las familias uruguayas y asuntos urgentes para ser tratados con atención por parte de la dirigencia política, en medio de una pandemia con devastadores efectos para la economía mundial.
Si acaso algunos podían de buena fe pensar que todo ese proceso se trataba de un compromiso con la búsqueda de la verdad histórica, es legítimo que hoy se sientan estafados con la burda puesta en escena que ahora ha quedado al descubierto.
La maniobra del desafuero será recordada como el boomerang que volvió contra un aparato político, mediático y fiscal que se enquistó gradualmente en la república para lograr acceder a cuotas de poder en distintos ámbitos de decisión. Un aparato promovido y financiado por fondos de dudoso origen que solventan una burocracia interamericana que hoy está siendo severamente cuestionada por el propio secretario general de OEA.
La desesperación mostrada por aquellos en estas últimas semanas, intentando sofocar cualquier instancia de reflexión a través de la repetición inagotable de consignas tribuneras, se justifica solamente por la flagrante contradicción que ha quedado en evidencia y hace implosionar un relato vertebral para la izquierda. Por lo menos para el progresismo que renunció sin ambages a construir un proyecto nacional, la que usando la pantalla de los derechos humanos se ha interesado principalmente por hacer negocios o mantener prebendas para su círculo cerrado.
El antecedente de esta maniobra del desafuero fue el velado intento de proscripción de un candidato presidencial. El aparato actuó a todos los niveles para instalar el tema Gavazzo, hacer intervenir a los fiscales en la campaña electoral de 2019 y procurar impedir la llegada de un nuevo partido al Parlamento, así como la consolidación de una coalición alternativa de gobierno. Las pruebas de esto sobran y estuvieron a la vista todo este tiempo. Llegó a escucharse a connotadas figuras públicas sugerir que el error fue no haber relevado al comandante en jefe del Ejército después de las internas para impedir su postulación.
Si el primer intento fracasó en las urnas, el segundo fracasó en el Parlamento. Pero el aparato ya anuncia su siguiente jugada: realizar un ‘cordón sanitario’ contra Cabildo Abierto, buscando la claudicación de la coalición de gobierno y posiblemente también el silenciamiento absoluto -apagón mediático- de uno de sus principales socios.
El fracaso del desafuero en el Parlamento tiene dos razones de peso. Una tiene que ver con la sólida argumentación jurídica que han realizado públicamente los senadores del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y del sector Batllistas del Partido Colorado. El pasado domingo en el programa Séptimo Día la senadora Graciela Bianchi lo explicó con precisión e información, señalando que la carpeta fiscal estaba “muy floja” y “casi que era para rechazar in límine” el desafuero, por lo que debió pedirse el expediente al Ministerio de Defensa con el fin de hacer un estudio más serio. La teoría del caso del fiscal, defendida con entusiasmo por La Diaria y El Observador, quedó totalmente desarticulada.
La otra razón, más política, fue la decisión del senador Guido Manini de no votar su propio desafuero. En un video dirigido a los cabildantes, que son por otra parte los únicos que pueden pedirle explicaciones, señaló el cambio en las circunstancias que rodean este proceso que fueron principalmente tres: el conocimiento de las actas del 2006 que prueban el punto de la responsabilidad del mando civil, las declaraciones del senador José Mujica sugiriendo que el Frente Amplio no votaría la reincorporación de Manini aun siendo absuelto y el pedido de los militantes, agrupaciones y bancadas de Cabildo Abierto para reconsiderar su postura inicial.
Ahora la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores acordó citar al expresidente Tabaré Vázquez, junto a los exjerarcas de Defensa y autoridades militares de la época para esclarecer los procedimientos de la homologación del 2006 y la omisión del mando superior de denunciar los hechos ante la Justicia por 14 años.
Resuenan también las fuertes declaraciones que recabó el periodista Federico Leicht del abogado italiano Fabio Maria Galiani, que representó al Estado uruguayo en los juicios de Roma. Según Galiani, el exsecretario de Presidencia, Miguel Toma, actuando en conjunto con los llamados “héroes de los derechos humanos” había tergiversado información por años y hecho todo lo que estuvo en su poder para no informar la verdad a los familiares de las víctimas. El abogado denunció además la existencia de ese aparato que maneja resortes de la Justicia y el periodismo.
Como se dice vulgarmente, se ‘destapó la olla’. Qué triste constatar que un puñado traficaba con la esperanza de mucha gente, solo por plata o por llenarse de laureles con alguna burocracia internacional.
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