Réplica a críticas sobre la acción de inconstitucionalidad de la defensa de Manini

Dos señoras senadoras del oficialismo, como Mónica Xavier y Constanza Moreira, no dejaron de pasar la oportunidad para criticar al candidato de Cabildo Abierto en oportunidad del pedido de formalización del fiscal Morosoli.

Mientras Constanza Moreira calificó la estrategia procesal del General, de medidas dilatorias, su par socialista le endilgó al candidato presidencial lo inaceptable de “poner en duda el papel de la Justicia”.

Merecen algunas observaciones el enfoque que ambas senadoras hacen del caso en cuestión. Las “dilatorias” a las que alude Constanza Moreira son en referencia a una acción de inconstitucionalidad presentadas por la defensa de Manini. Lo cual, es ocioso aclararlo, es parte del elenco de facultades procesales previstas por el ordenamiento jurídico válido y vigente, que puede legítimamente utilizar quien es investigado o pesa sobre sí un pedido de formalización.

Pedido de formalización, que es (más o menos) lo mismo, o equivalente al pedido de procesamiento del anterior CPP, es decir el decreto-ley que regulaba los procesos penales, que tuvo vigencia de 1980 a 2017.

En sus manifestaciones, con su habitual tono de vanidad profesoral, la senadora Moreira deja al descubierto que subyace en su razonamiento una verdadera mirada autoritaria, o -estirándolo mucho a su favor- de poco apego al énfasis en las garantías individuales de cada ciudadano. O de cada persona para ser más amplio.

Esto no resulta tan novedoso, en quienes se niegan a condenar un régimen carente de libertades y atentatorio contra los derechos humanos, como el venezolano de Maduro, y tienen en su horizonte prácticamente como “La Meca” al régimen de los Castro/Díaz Canel en Cuba.

Cabe consignar, que el pedido de formalización de un fiscal no es “la expresión de la justicia”, pues es solo la petición de una parte (no es un tercero imparcial). Parte, que en puridad no es más que la Defensa.

Ciñéndonos al texto legal, ambas partes están en igualdad de condiciones. Ergo, Morosoli no es “LA Justicia”.

La Fiscalía si bien formalmente ahora es un servicio descentralizado (y esto puntual, es parte del objeto de la acción de inconstitucionalidad de la defensa), tiene un vínculo directo con el Poder Ejecutivo, y en esta etapa de nuevo formato o naturaleza jurídica, su Fiscal General -Dr Jorge Díaz- imparte directivas a los fiscales por lo cual ha merecido hondas críticas en el entendido que tales directivas (o “lineazos”) afectan irremediablemente la independencia técnica de cada fiscal.

Tales críticas parten de fiscales de vasta experiencia, con un largo recorrido por diversas sedes de todo el país (entre ellos el Dr. Enrique Viana).

Lo que las senadoras no reparan es en lo sospechoso de pretender imputar penalmente al Gral. Manini, y a un mes del principal acto eleccionario.
La senadora Xavier parece no haber leído lo expresado sobre el punto por el catedrático de derecho penal de la UdelaR, Gonzalo Fernández.

Entrevistado por Búsqueda el 3.X.2019, el abogado del presidente Vázquez y de Toma, sostuvo que la tipificación por el art. 177 del C. Penal (omisión del funcionario público en denunciar delitos) “no aplica” pues “son hechos que ocurrieron hace más de 40 años”. Gonzalo Fernandez, al decir que “el fiscal entró por el aro”, nos da a todos la pauta de que lo que correspondería jurídicamente sería el archivo de las actuaciones penales.

Es curioso, cómo estas mismas voces -en el caso Moreira y Xavier-, no les da pudor alguno en opinar de fallos de la justicia, de países limítrofes, cuando miran al proceso penal de Lula, un expresidente y sindicalista de izquierda, actualmente encarcelado por actos de corrupción, (o por delitos contra la administración pública, si así suena más elegante).

Estos son fallos que no son una mera requisitoria fiscal, sino que son emanados del poder judicial, después de sustanciado un proceso. Casos, en que los pedido de las respectivas fiscalías ya han sido convalidados por un tercero imparcial (juez) después de escuchar a los abogados, y de estos controlar la prueba de cargo, y a su vez poder articular la prueba propia.
En fin, por más tono profesoral que invoquen para hacernos creer de su consistencia, asistimos a críticas con pies de barro.

Pero, como no hay mal que por bien no venga, las senadoras que seguramente van a ser reelectas para la próxima legislatura, adelantan a la ciudadanía cuál va a ser su postura cuando sean legisladores “compañeros” los que eventualmente tengan que desfilar frente a Fiscalías.
Pues, al decir de ambas, no invocarán el escudarse en inmunidades por cuestión de fueros.

Les tomaremos la palabra, o será otra pose más, sobre sus pies de barro.