Hace pocos días conversando sobre la actualidad, un destacado analista político me recordó una clásica expresión que solía repetir el catedrático Eduardo J. Couture: “la justicia habla en los expedientes”.
Esta máxima de prudencia cívica y jurídica adquiere en este tiempo un especial valor. En una sociedad global, del espectáculo y de las redes sociales, cada vez resulta más difícil para los buenos operadores judiciales mantener un grado de discreción adecuado en el desempeño de sus funciones. Como en el fútbol, cuando los árbitros pasan más desapercibidos es porque seguramente tuvieron un buen desempeño.
La presión de los poderosos o de las muchedumbres a la justicia no es nada nueva, sino que viene desde el fondo de la historia, como en el emblemático caso de Barrabás. Pero desde hace algunos años se observa crecientemente un fenómeno distinto, en que jueces y fiscales adquieren un protagonismo inusitado, por lo general vinculado a estruendosas causas contra la corrupción, en defensa de derechos humanos o de minorías.
A nivel internacional la irrupción del polémico Baltasar Garzón parece haber marcado un cuestionable estilo donde se mezcla la actuación judicial con el alto perfil y el discurso político. En 2012 el Tribunal Supremo de España lo condenó por prevaricación a once años de inhabilitación y posteriormente fue expulsado de la carrera judicial. Si observamos en nuestros países vecinos, la ambigua situación suscitada con el juez Moro y su desembarco en la política o la omnipresencia mediática de Comodoro Py y de jueces argentinos que participan del jet set, hay indudablemente un entorno que ha ido contaminando el siempre ponderado sistema judicial uruguayo.
La adopción en Uruguay del nuevo Código del Proceso Penal introdujo el sistema acusatorio y multiplicó el poder de los fiscales, especialmente del fiscal de Corte. A ello se sumó el perfil especialmente alto que cultivó el ex fiscal Jorge Díaz durante casi una década. En el año 2017 se creó también la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y los Juzgados especializados en Género. La primera desde entonces ha sostenido una presencia sistemática en medios de comunicación, mientras que los juzgados de género comenzarán a funcionar el 21 de este mes y todo parece indicar que también tendrá un alto grado de exposición.
Un complejo entramado de ONGs ha proliferado alrededor de estos ámbitos y marcan su presencia de forma continua en las comisiones parlamentarias. Nadie puede rechazar su accionar respecto a la contención de víctimas o a una preocupación genuina por estos temas de mucha sensibilidad. Pero también se advierte con frecuencia un desmesurado intento por encontrar casos con impacto mediático, lo que lleva a declaraciones intempestivas o a una sucesión de convocatorias a marchas de indignación.
Días para el olvido
Los acontecimientos de los últimos días representan un signo de alerta sobre estos temas y estas tendencias. Primero con las noticias que se difundieron desde algunos medios sobre una violación grupal que según se informaba había sido constatada y de la negativa de los involucrados a hacerse pruebas de ADN. Esto lógicamente generó una ola de indignación. Sin embargo, la información era parcial o incorrecta y convirtió la situación en un linchamiento previo a los acusados.
La difusión de audios de un video íntimo en el programa La Pecera de Azul FM sin lugar a dudas contribuyó a poner en tela de juicio lo que se manejaba como seguro. El caso ya había tomado estado público y hasta el presidente de la República se había pronunciado reclamando una “pena ejemplarizante”. Desde luego, abrió también un debate a nivel periodístico sobre la procedencia desde el punto de vista ético e incluso legal. La decisión de la Fiscalía de realizar el allanamiento de la radio y del periodista abrió otra caja de pandora.
El periodista Ignacio Álvarez dijo en entrevista con El País que “hay fiscales y jueces tendenciosos” y “casos notoriamente flechados”. Respecto a la fiscal del caso Sylvia Lovesio, recordó algunos de sus antecedentes en los que tuvo “omisiones imperdonables” en una investigación de homicidio y a la “manipulación” de una testigo en otro caso de violación que determinó su apartamiento del caso.
En un comunicado la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay hizo un gravísimo señalamiento al manifestar que “lamentablemente medidas como las dispuestas contra la actividad periodística van en línea con la afectación de otros derechos que se viene advirtiendo en el proceso penal, donde de manera sistemática se vulnera el derecho de defensa, tanto de víctimas como de imputados, desconociéndose el principio de igualdad de armas en el proceso entre otras afectaciones constantes de las garantías legales, mediante interpretaciones jurídicas que no controlan los excesos u omisiones en los que incurre la Fiscalía General tan graves como los ocurridos el pasado viernes”.
Como un triste guiño, el martes falleció el coronel Juan Carlos Gómez, condenado por error por el asesinato de Roberto Gomensoro, preso tres años y luego absuelto. En un claro caso donde se invirtió la carga de la prueba, un falso testimonio fue suficiente para inculparlo y privarlo de su libertad.
La Justicia uruguaya atraviesa su peor momento y requiere un esfuerzo por recuperar su prestigio y sobre todo las garantías imprescindibles para la paz social y la convivencia democrática.
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