Después de haber gobernado el país durante quince años seguidos, con mayorías propias y con el beneficio de los más altos precios para nuestros productos exportables que se haya dado en lo que va del siglo, el Frente Amplio busca el apoyo electoral para acceder nuevamente al poder.
Muy frágil de memoria hay que ser para olvidar los desaciertos, los negociados y los negocios fallidos, el nepotismo más abierto en todos los niveles, las pérdidas en los entes públicos como Ancap y Pluna y en todas las iniciativas de disparatados emprendimientos, que se han estimado en 2500 millones de dólares, y el enjuiciamiento penal del vicepresidente Sendic, del ministro Fernando Lorenzo y del presidente del Brou Fernando Calloia , lo que nos habla elocuentemente de su forma de manejarse en el poder.
Si a esos hechos de inusual gravedad le sumamos la liberación indiscriminada de presos con el agravamiento inmediato de la inseguridad, la sindicalización imponiéndose en la educación, la voraz imposición tributaria y la política internacional obsecuente con los autoritarismos de la que es elocuente e inocultable muestra la entrega de las llaves de la ciudad otorgada por los intendentes de Montevideo a los dictadores Fidel Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, se tendrá una clara idea de lo poco que estiman los gobernantes frentistas los valores que son sagrados para todos los demócratas.
Con los antecedentes de esa nefasta gestión, ahora en medio de una indisimulable confrontación interna, sin unidad y en plena crisis entre el brazo político y el sindical, prácticamente enfrentados en temas de superlativa importancia, con el mismo programa y prometiendo como siempre lo que saben que no pueden ni van a cumplir, aparecen sus principales dirigentes hablando de los escándalos del actual gobierno.
Temas menores que se quieren mostrar como episodios de corrupción, referidos al caso Astesiano, el pasaporte a Marset, las designaciones de la Comisión Mixta de Salto Grande o la remoción del ministro de Turismo por una frustrada compra de publicidad, son de minúscula entidad, sin pérdidas para el Estado y sin juicios penales para ningún jerarca.
Naturalmente, no pueden discutir los éxitos del gobierno de la Coalición Republicana porque son innegables. El correctísimo manejo de la epidemia, el control de la inflación, la estupenda gestión de la obra pública en la red vial, sin dudas la mejor del siglo, el alto nivel de la ocupación, la recomposición del salario, las conquistas obtenidas en la LUC. En este punto vale la pena recordar la impugnación que pretendió derogarla por medio de un referéndum, y el pueblo no la acompañó, salvaguardando así las mejoras aprobadas como la ampliación de la legítima defensa, la agilidad en las adopciones, la defensa de la familia, la libertad para hacer o no la huelga, la prohibición de los piquetes, la habilitación del alquiler sin garantías, la eliminación de la bancarización total y la cancelación de los deudores del Banco Hipotecario, entre otras cosas de importancia para la comunidad, que venían siendo atrasadas por la burocracia o impedidas por dogmatismos de corte autoritario.
El proyecto frenteamplista es dar un paso atrás y eliminar todas las mejoras que logró aprobar este gobierno. Pero lo más grave de entre sus propósitos es la desestabilización que se procura mediante el llamado a votar el plebiscito derogatorio de la reciente Ley 20.130 de reforma de la seguridad social y creación de un sistema previsional común y determinación del procedimiento de convergencia de los regímenes actualmente vigentes.
Carente de razones sólidas, la iniciativa es una aventura al vacío, que además determina la expropiación sin indemnización ni escrúpulos de los 24 mil millones de dólares de las AFAP, o sea del ahorro privado de miles y miles de uruguayos que optaron por ese régimen.
Esa confrontación con el gobierno de la Coalición Republicana también ha suscitado un conflicto interno en el Frente Amplio, donde las posturas de las ramas política y sindical se han abierto como las puntas de una tijera distanciando lo que siempre fue una unión sin brechas, que ahora presenta un escenario de posiciones encontradas sin aparente solución. Todo el aparato sindical jugado en todo el país en su decisión irrevocable de obtener la derogación de la reforma y la rama política que, con un análisis más moderado y razonable, ha optado por no sumarse a la iniciativa derogatoria y dejar en plena libertad de los votantes.
Todo lo cual, sin que nadie hable de que la consulta en juego no es sobre una materia constitucional sino legal y no debe anclarse a la rigidez de un texto cuya modificación siempre supone una nueva consulta popular.
TE PUEDE INTERESAR:
