Uruguay, acaso por su geografía suavemente ondulada, ha tendido a lo largo de su historia a un quietismo glacial. Son contadas las veces que nuestro ser nacional despertó de sus vagas ensoñaciones avivando la llama de la acción. En este ambiente en el que los cambios son el resultado de largos y discutidos procesos, en el que ciertas prácticas –aunque sean injustas– se normalizan tanto que dejamos de verlas por completo, tener el valor de imponer un tema que no está en la agenda mediática ni política no es algo menor.
Ya al inicio de esta legislatura, el senador Guido Manini Ríos había manifestado su preocupación por el problema del endeudamiento privado en Uruguay, que, por cierto, hasta ese momento la mayoría de los uruguayos ignoraba, aun cuando uno de cada tres tenía problemas en su informe crediticio. No obstante, y quizás siguiendo el viejo y querido costumbrismo nacional, salieron varios integrantes y referentes del sistema político a negar una realidad evidente. Pero ya no pudo ser desmentida cuando se analizaron los números del Banco Central del Uruguay. La cantidad de deudores irrecuperables había aumentado considerablemente en la última década y algo similar había ocurrido con el número de uruguayos que estaban en el Clearing de informes.
De esa forma, en octubre de 2020, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley de reestructuración de deudas para abordar el problema de los deudores irrecuperables, al tiempo que le daba una señal que atender al sistema político, que parecía haber preferido ignorar el escandaloso legado que las transformaciones económico-financieras del astorismo habían dejado en el país.
También quedó claro cómo el proceso iniciado particularmente a partir de la Ley 18.212 de 2007 –que permite a quienes prestan dinero percibir intereses, incluyendo multas, moras, etcétera, de tres dígitos cuando la inflación del país es de uno– generó que una enorme masa de uruguayos fuera víctima de la usura y, en consecuencia, quedara injustamente endeudada.
Sin embargo, después de un largo periplo en que el proyecto inicial fue modificado en varias instancias y con distintos aportes, tras años de discusiones, la mayor parte del sistema político prefirió no votar el proyecto en el Senado y que continuara la discusión en Comisión, dándole así la espalda no solo a los años de trabajo legislativo, sino también a las personas que aguardaban una respuesta. Fue entonces cuando Cabildo Abierto eligió seguir el camino de la democracia directa.
En aquel momento, y con este escenario a cuestas, el senador Guido Manini Ríos había manifestado: “Entendemos que esas tasas de interés y recargos constituyen usura, lo que está expresamente prohibido en la Constitución de la República”. Y recalcó: “El proyecto de Cabildo Abierto está en sintonía con lo que planteamos en la campaña electoral, además de que este es uno de los grandes temas que afecta a los uruguayos y que no podemos ignorar”. Así, el 6 de julio del año pasado, Cabildo Abierto anunció que iba a recorrer el camino de la recolección de firmas, dando a conocer el texto a plebiscitar.
En todo este proceso, hasta el día de la fecha, esta iniciativa contó con escasos aliados en el sistema político y muy pocas organizaciones sociales la apoyaron. Sin embargo, Cabildo Abierto logró algo que probablemente no tenga precedentes en el país: que un partido nuevo lance una iniciativa de este tipo, con escasos recursos económicos y humanos, y que esté, al momento de esta edición, muy cerca de alcanzar las firmas necesarias para el plebiscito por una deuda justa.
Además, este movimiento contra la usura también hace referencia a la función esencial de la política, porque vuelve a poner en contacto a la ciudadanía con sus representantes. Y no hay que dudar: los mecanismos de democracia directa que ofrece nuestra Constitución son herramientas fundamentales para fortalecer el vínculo de representación política, pero también para exaltar el sentimiento de soberanía que toda ciudadanía debe tener.
Siguiendo esa línea, en el marco de la jornada nacional por la recolección de firmas realizada el 20 y 21 de abril, Guido Manini Ríos manifestó que si el próximo sábado no se llegase a las firmas necesarias Cabildo Abierto seguirá hasta completarlas, para que se haga el plebiscito en la primera elección seis meses después de presentadas las firmas, como marca la Constitución.
“Por primera vez, los uruguayos o muchísimos uruguayos escucharon la palabra usura, se dieron cuenta de que en este país se venía aplicando usura desde hace muchísimos años. Y también supieron que eso es una violación flagrante a la Constitución de la República, que se hace todos los días en este país y que parece que a muchos no molestara. Por primera vez los uruguayos escucharon el concepto de deuda justa, lo cual implica que también hay una deuda injusta y se enteraron de que hay casi un millón de uruguayos en el Clearing, algo que nadie sabía hace unos meses, o que hay 700.000 deudores irrecuperables. Los prestamistas han bajado las tasas de interés en los últimos meses y han flexibilizado sus posiciones a la hora de negociar con los deudores, sabiendo bien la discusión que se puede entablar si hay plebiscito. Van a tener muchas dificultades para explicar las razones de las situaciones que ellos están propiciando. Claramente, lo que ha ocurrido en estos meses ha sido muy importante en un tema tan sensible y determinante para tantas familias uruguayas”, remarcó el líder de Cabildo Abierto.
En definitiva, la campaña por una deuda justa ha sido una pulseada contra la injusticia, pero también ha sido una verdadera y eficaz campaña educativa, porque la gente ya no se siente sola frente a ciertos temas y, además, ha aprendido –en todo este proceso– acerca de los verdaderos costes que tiene pedir un crédito a estas financieras. Porque, de alguna forma, la ciudadanía ha terminado por entender –gracias a la campaña impulsada por Cabildo– que un crédito fácil es un crédito usurario y, por tanto, muy difícil de devolver.
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