El 15 de noviembre finalizó el Programa de Reestructuración de Deudas, una iniciativa impulsada por la industria financiera, con la articulación del BCU y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, que se podría decir fue un efecto directo de la campaña que había iniciado Cabildo Abierto para visibilizar la problemática del endeudamiento de los hogares uruguayos.
En Uruguay, al inicio de esta legislatura la opinión pública y la academia nacional ignoraban la realidad que estaban padeciendo miles de uruguayos desde la llegada masiva al país de las financieras en avalancha tras la aprobación de la Ley 18.212 del astoribergarismo que permite a los prestamistas intereses cercanos al 200%, en un país donde la inflación en todos estos años nunca llegó al 10%.
Esta situación unida, además, a la inclusión financiera obligatoria y a las prestaciones económicas que otorga el Estado a través del Mides –que hicieron que un sector de la población que tradicionalmente no accedía al crédito pudiese hacerlo sin haberle proporcionado ningún tipo de educación financiera– provocó en poco más de una década que alrededor de 800 mil uruguayos fueran considerados por el BCU deudores irrecuperables.
Sin embargo, esta situación, es solo un número y por tanto no transmite fehacientemente lo que hay detrás, o sea la vida de las personas que se ven marginadas del sistema financiero y que al mismo tiempo quedan despojadas de su posibilidad de acceder a los servicios públicos u obtener garantías de alquiler.
En un país donde los problemas de salud mental vienen en franco aumento y que se han puesto como una prioridad por casi todo el sistema político, atacar las situaciones de injusticia que terminan generando marginalidad, parece también un camino adecuado a seguir. Porque más allá de los problemas psicológicos que una persona pueda tener, también hay que medir de alguna manera cómo inciden los problemas económicos en la moral de las personas, en su autoestima.
Lamentablemente, hay que decir que el tema de una deuda justa, y no me refiero a la campaña de Cabildo Abierto sino al significado natural que tiene la expresión en cuanto a que algo sea justo, en este caso una deuda, se terminó por politizar como tantas otras cosas en este país. Y se obstruyó lo que hubiera sido una salida legislativa al tema. Y, en efecto, en las elecciones departamentales del año que viene seguramente se realizará el plebiscito Por una Deuda Justa que dejará en manos de la ciudadanía la definición de este problema.
Porque más allá de que el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas haya recogido muchas de las ideas de Cabildo a lo largo de esta legislatura, al haber sido una solución temporal, quedaron atrás muchos uruguayos que por algún motivo u otro no se adscribieron.
De hecho, según datos proporcionados por las instituciones bancarias y administradoras de crédito, al 11 de noviembre se registraron 251.021 cancelaciones y reestructuras de deudas pertenecientes a 190.664 personas en el sistema financiero. Por lo que en estos cuatro meses que duró el programa 1 de cada 4 deudores canceló o reestructuró sus deudas, quedando todavía 600 mil uruguayos, con sus respectivos hogares, en situación de default.
¿Este es el Uruguay que avanza sin dejar a nadie atrás? Sabemos que en un país que apenas crece económicamente, hay otras prioridades, pero 600 mil personas en una situación de marginalidad del sistema financiero, en un país de tres millones de habitantes, parece ser un factor que no solo hay considerar, sino también valorar desde distintos ángulos, en cuanto a los reales costos que tiene para nuestro Estado. Porque generalmente cuando no se hace nada para resolver un pequeño problema, este crece y se expande, y eso es lo que ha venido pasando con el persistente endeudamiento de los hogares uruguayos.
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