“Ese asunto de la mujer”
Tales fueron las expresiones del expresidente José (Pepe) Mujica, al ser consultado sobre una posible fórmula para integrar la vice presidencia del Frente Amplio, por estar en cuestionamiento quien era la candidata natural, que a razón de votos hubiera sido Carolina Cosse. Esa presión por la paridad, se vio aumentada también, desde el momento en el que el Partido Nacional la misma noche de las elecciones internas, designó como compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou a Beatriz Argimón. A partir de esta instancia, surgieron voces como la del senador Rafael Michelini, confirmando en un programa periodístico, que el Frente Amplio tenía ahora la obligación de nombrar una mujer para ocupar la vicepresidencia, “más allá de que estuviera capacitada o no”, para dicha función. La senadora Constanza Moreira, igualmente se pronunció acerca de la necesidad de designar a alguien de sexo femenino, más allá de cualquier otro requisito, para que pudiera obtenerse el apoyo de su sector a nivel partidario. De forma similar, Mónica Xavier secundó la opinión de Moreira, en su preocupación sobre la integración de la vicepresidencia con una mujer de esta fuerza política.
Lo cierto es, que partir de estas manifestaciones, comenzó una danza variopinta de nombres femeninos para acompañar a Daniel Martínez, que según algunos rumores fueron desde la actriz y cantante Natalia Oreiro, hasta Mercedes Clara, quien declinó su participación en este cargo.
Finalmente, para sorpresa de propios y ajenos, la elegida por Frente Amplio fue la militante comunista Graciela Villar, que revistió en el pasado cierta notoriedad a nivel mediático, por sus manifestaciones contrarias al derecho de propiedad y sobre quien pesa actualmente la duda, acerca de su título profesional como Licenciada en Psicología Social. Este hecho, no es menor en el escenario político de nuestro país, pues nos retrotrae a lo sucedido con el ex vicepresidente Raúl Sendic y sus indemostrables títulos, honores y medallas, haciendo más incomprensible el rechazo a la expresidenciable del MPP, que por algún motivo que aún desconocemos, parece no haber dado la talla para ser la elegida por Martínez, generando múltiples malestares internos. No obstante, las voces feministas en defensa de la ex ministra de Industria y promotora del Antel Arena tardaron un poco, pero finalmente se encarnaron en la socióloga Teresa Herrera quien expresó que “si Carolina Cosse fuera Carolino, no estaríamos discutiendo estos asuntos”, dejando en claro que la candidata había sido “vapuleada”, simplemente por su condición de mujer, resignando otro tipo de argumentos.
Sorprende, sin embargo, que esta indignación en aras de la mentada “paridad” en la fórmula oficialista, contradiga principios básicos de la ideología de género, de quienes son activos militantes del movimiento LGBTI. Increíblemente, en estos casos prima el criterio biologicista sobre el sexo femenino, en desmedro del tan defendido “autopercibimiento de género”, ya que no ha trascendido que, durante las deliberaciones, se manejaran nombres de personas transgénero para ocupar el cargo. Justo es reconocer, que estos cambios de perspectiva son lentos y que históricamente ya le ha sido muy difícil a las personas de sexo femenino, la participación en cargos de trascendencia a nivel político, lo que desembocó finalmente en una ley de cuotas que hoy rige a nivel parlamentario. Pero ahora cabe la duda, de si estos mecanismos deben de extenderse a las fórmulas presidenciales y si están siendo realmente efectivos con respecto a los valores inclusivos que quieren defender.
Por otro lado, como todo lo que no se basa en aspectos científicos, sino en entelequias de lo “políticamente correcto”, hemos llegado a una situación confusa, en la que nos cuestionamos si la genitalidad, el género, la raza u otros atributos pasibles de discriminación, deben estar por encima de la capacidad intelectual, la trayectoria o las cualidades éticas de un futuro candidato, en este caso a la vicepresidencia de la República. Especialmente, cuando nos enfrentamos a situaciones de gravedad y resolución de asuntos profundos para la vida del país, relacionados con la seguridad, la educación, la economía y fundamentalmente de valores básicos, que aseguren la convivencia democrática.
Parecería que en algún punto estamos trastocando prioridades, pues ahora algunos partidos se sienten constreñidos dentro de los barrotes de la paridad, pero no tanto en relación a la ética o el profesionalismo, a la hora de sus designaciones de fórmula presidencial. La gran pregunta sería entonces, hasta qué punto esta ideología que condiciona estas decisiones, realmente representa a la mayoría de los ciudadanos de nuestra sociedad y hasta dónde estas consideraciones son saludables, para el desarrollo del país y su vida democrática.
¿Quo vadis Uruguay?
¿Paridad obligatoria?
