A raíz de una sesión extraordinaria de la Asamblea General, conmemorativa del primer acto del golpe de Estado de 1973, se puso de relieve nuevamente el suceso del quiebre institucional de hace 50 años. Sobre el episodio, donde quedó en falsa escuadra el presidente de entonces, se suelen relatar hasta con detalles los acontecimientos eslabonados, por parte de una retórica que enfatiza de sobremanera las causas endógenas, omitiendo o subconsiderando el contexto internacional de la época, un escenario de mundo bipolar en Guerra Fría, pero paradójicamente de una generación que pecó de una pasión irracional por asumir compromisos políticos e ideológicos de la más variada gama.
En la sesión descrita, los legisladores mencionaron antecedentes y tópicos muy distintos, a los que bien podrían haberse agregado los pactos de Bretton Woods y Yalta, la revolución cubana del 59, el movimiento independentista en Argelia, el mayo francés, la primavera checa, la guerra de Vietnam, y … hasta el movimiento hippie y el festival de Woodstock. ¡En fin, los sesenta en toda su expresión! Con un aspecto que va de suyo, no siempre resaltado en su justa medida: el pleno involucramiento de los jóvenes en la política o, cuán jóvenes eran muchos protagonistas de la política, si bien no tanto en las cúpulas, si lo eran en las calles, los centros de estudio, de trabajo, ámbitos religiosos, etc.…
Lo curioso es que muchos no éramos nacidos en aquel febrero amargo, parafraseando al abogado y maestro don Amilcar Vasconcellos, y, siguiendo con coherencia una línea de razonamiento (que no es la nuestra) imperante hasta la disolución de la ex URSS, las “condiciones objetivas” del Uruguay actual, no distan mucho de aquellos sesenta criollos que suscitó tanta disrupción de algunos movimientos de la época.
Bien podríamos afirmar que tales condiciones se han acentuado, deteriorando (hasta pulverizar, en ciertos aspectos) el tejido social. Desde la restauración democrática a la fecha, han rotado por el Poder Ejecutivo los dos partidos tradicionales, el Frente Amplio y ahora una coalición republicana. La coalición de izquierdas estuvo quince años de corrido en el gobierno del país. No motivan estas líneas un pase de facturas de gestiones presidenciales. Solo es advertir los peligros de una autocomplaencia estéril, fertilizada por ciertas cifras de indicadores macro, a cuyas sombras gusta descansar un establishment abúlico.
Uno de esos tantos problemas del Uruguay actual es el narcotráfico. Tanto en su faceta macro o micro, tiene su inescindible vínculo con la brutal cifra de homicidios que registra el país, de algunos lustros a la fecha. Flagelo que sería mezquino y más errático aun mirarlo con una óptica político-partidaria, pues es de los temas donde todo esfuerzo mancomunado, ¡es poco!
Transversal problema, desde los contenedores con cocaína que salen del puerto hasta el consumo de chasquis de pasta base poblando nuestra geografía urbana.
Sin dudas, que la otra cara de la moneda es la del lavado de activos. Pues, nadie se dedica a una actividad económica (licita o ilícita) si no es para obtener los frutos de la misma. Podemos decirlo alegóricamente que parte de la tarea empieza con una 9mm y la otra se completa con una laptop.
Si un pintoresco expresidente se refirió a México como Estado fallido, en nuestra pequeña aldea con las cifras de homicidios que tenemos bien podríamos poner ya las barbas en remojo. Más aún, teniendo un caso exponencial en la ciudad de Rosario (Santa Fe), distante a no muchos km de la frontera uruguaya.
Junto a los homicidios es insumo diario de noticias los desplazamientos de familias enteras, la usurpación de sus viviendas, el imponer de hecho “toques de queda” en barrios enteros después de la caída del sol, de adictos amputados en dedos y orejas por no pagar deudas de sustancias, etc.… Y, no es muy en clave de la observancia de los derechos humanos, el minimizar el problema aduciendo que son “ajustes de cuentas” entre bandas, entre no inocentes del todo, pues la ola viene creciendo a ritmo de tsunami, con el latente riesgo de envolver al observador más indiferente.
Frente a un fenómeno tan complejo, no amerita adoptar miradas simplistas. Así tampoco, la actitud más adecuada sea el resignarse a quedarse de brazos cruzados. Por sugerir algo específico, resulta curioso que no esté arriba de la mesa dentro de las medidas a tomar en lo inmediato, la de una cárcel de máxima seguridad que incluya un bloqueo completo del wifi. Algo muy básico, considerando el estrecho vínculo delictual entre el afuera y el adentro. Para bajar los homicidios, parece más lógica esta medida que la implantación de recientes recetas estrafalarias en la que burócratas internacionales nos someten como conejito de indias. Recetas que no se ganan la confianza de los ejecutores más directos de las mismas.
El poder narco doméstico afirma fácticamente sus “ordenamientos normativos paralelos” al Estado constitucional, imponiendo sus leyes del miedo y el silencio con una eficacia mil veces superior al de las garantías estatales.
Sus astronómicas ganancias son factores corrosivos de agencias estatales a lo largo y ancho del mundo, como ilustran abundantes films al respecto. El financiamiento de campañas electorales y de movimientos políticos tampoco ha de ser un tópico que pueda jactarse de gozar de una consistente impermeabilidad.
Los crímenes de este poder paralelo, se ven mayoritariamente cometidos en franjas sociales y geográficas (generalmente en la periferia de Montevideo) de nuestra comunidad, pero su margen de acción se lo ve más expansivo, que contractivo.
Esta perforación al Estado de derecho a manos del inmisericordioso reino de zares narcos – donde el más absoluto desprecio por la vida humana resulta ser el paradigma reinante– amerita alertar que la institucionalidad, y los valores republicanos que la sustentan, para muchos conciudadanos, hacen agua hace ya buen rato.
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