Este miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunirá en Torre Ejecutiva con los senadores que integran la comisión especial de seguimiento del covid-19. Dicha comisión está conformada por siete legisladores del oficialismo y cinco de la oposición.
Durante su actuación, esta comisión recibió el 20 de abril un informe de situación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y algunos de sus principales referentes participaron de la sesión vía zoom respondiendo las preguntas de los legisladores.
También recibieron al Sindicato Médico del Uruguay, a la Federación Médica del Interior, a psicólogos que investigan las consecuencias de la pandemia en la salud mental, a delegaciones de publicistas que intercambiaron ideas sobre campañas de comunicación para la sensibilización acerca del virus y a autoridades del Ministerio de Trabajo que expusieron sobre las medidas del gobierno en materia de empleo.
En definitiva, los parlamentarios tuvieron un panorama bastante completo de las principales aristas que hacen a este problema que es la pandemia, que abarca por supuesto lo sanitario, no solo por los efectos adversos del virus sino por las repercusiones en la salud del encierro, de la incertidumbre, de las dificultades en la prevención y atención de otras enfermedades, etc. Pero también se contempló la arista económica, enfocada en el empleo y los ingresos, variables fundamentales a la hora de abordar soluciones ante la emergencia. Y también la comunicación, en el entendido de que nada bueno puede lograrse por la mera imposición y autoritarismo, sino de la persuasión y los estímulos.
Según el director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli, la opinión sobre la gestión del gobierno de la pandemia “divide a la mitad” a los uruguayos. Eso mismo es lo que uno percibe cuando habla con la gente en el día a día. Desde la llegada de la cepa brasileña el panorama cambió y el aumento del número de contagios y sobre todo de fallecimientos provoca una entendible reacción en una parte de la población que está afectada en su círculo íntimo, de familiares, amigos y conocidos. Por otra parte, se han visto múltiples manifestaciones de distintos sectores de la economía y de los trabajadores reclamando una reapertura de la actividad para poder sostenerse.
Todavía sigue sin entenderse cómo se procedería a “bajar la llave general” sin establecer un marco legal que habilitara a la policía a detener y encarcelar a las personas (que pueden ser miles) que incumplieran la cuarentena. Cabe recordar que el Frente Amplio no votó la limitación del derecho reunión, que se aprobó con los votos del oficialismo. Tampoco el FA acompañó la modificación del Código Penal para establecer el delito de peligro. Sin embargo, su discurso reniega de la libertad responsable y propone una actitud más enérgica del Estado (aunque no por ello dejan de recolectar firmas contra la LUC).
Mientras tanto, el único horizonte de optimismo lo da el exitoso plan de vacunación que ya alcanzó el millón de vacunados con las dos dosis. Si uno compara con la realidad en la región e incluso en el mundo, en este punto estamos a la vanguardia y eso es innegable.
Ningún análisis o reflexión seria sobre la gestión de la pandemia puede quedarse solo con una parte. Hay que ver el panorama completo antes de lanzar afirmaciones categóricas o temerarias. El gobierno está predispuesto a recibir propuestas concretas de donde vengan, pero no a escuchar consignas panfletarias.
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